Juicio Ético al Parlamento: “Por la condena”

El pasado 22 de octubre, en el Centro Cultural de la República El Cabildo, fue presentada la acusación cívica de la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia en el marco del Juicio Ético al Parlamento.

La abogada Milena Pereira, durante la exposición de la pesquisa ante el Tribunal Ético por la Democracia (http://juicioeticoalparlamento.com/)

La lectura del escrito conclusivo del equipo investigador estuvo a cargo de la Abog. Milena Pereira, quien realizó la pesquisa junto con la Abog. Mirta Moragas y el Econ. Luis Rojas. En el alegato se enumeran las causales de la acusación cívica contra el Congreso, entre las que citó las “acciones violatorias de la Constitución Nacional que imposibilitan la vigencia de un Estado social de derecho, sanción de leyes contrarias al interés general que impiden el desarrollo nacional para favorecer a sectores económicos a los cuales se representa y responde en exclusividad, por la grave responsabilidad institucional dada su política activa de aislamiento del país y debilitamiento de los principales procesos de integración regional”.

Asimismo, en los puntos subsiguientes se señala “la degradación de la honorabilidad del Congreso de la Nación, por conductas discriminatorias y de defensa de intereses ilegales, por la autoasignación de privilegios, por las evidencias de comisión de hechos de corrupción en el ejercicio del cargo, la utilización de fueros como blindaje corporativo para la impunidad de parlamentarios ante el requerimiento judicial por la comisión presunta de delitos, por el uso despótico de instrumentos de control a otras instituciones estatales, premiando la subordinación de sus titulares a las mayorías parlamentarias y sus financistas, extorsionado a funcionarios que aplican medidas orientadas al cumplimiento de la ley, por los retrocesos e impactos políticos y sociales para el Paraguay como consecuencia de la destitución arbitraria y antijurídica del presidente electo constitucionalmente”.

A renglón seguido la fiscala pasó a enumerar algunos de los hechos hallados durante la pesquisa, como la utilización despótica del instrumento de control más importante del que dispone, el juicio político, a los efectos de amedrentar a la Contraloría General de la República por pedir informes a un intendente por los comprometedores indicios de malversación de fondos en su gestión; el nombramiento a discreción de funcionarios y la no remisión de informes obligatorios a la Secretaría de la Función Pública; el manejo con criterios cupulares partidistas de los órganos específicos de control creados constitucionalmente: Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, etc.

Uso perverso de recursos públicos

Seguidamente, la jurista aludió a la partidización del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que, pese a reiterados pedidos, nunca ha enviado a las autoridades competentes su listado de personas contratadas y que ejerce un uso perverso de los recursos públicos con la connivencia y autorización del Congreso nacional. Esta perversidad se trasluce nítidamente apenas se hurga entre los números del presupuesto. El monto asignado en 2011 para al TSJE fue de G. 539.000 millones, y que llegaría a unos G. 589.000 millones para este año. En contrapartida, se recortó el pedido del MSPyBS en el Programa de Unidades de Salud de la Familia, que apuntaba a garantizar el acceso a la salud de miles de personas actualmente privadas de tal derecho.

El Legislativo “sostiene en sus cargos a una Corte Suprema de Justicia y, como consecuencia, un Poder Judicial, sin control administrativo-presupuestario de gastos por la Contraloría General de la República, un parlamento que ha sesionado sin quórum, aprobando leyes y rechazando vetos, todos estos actos nulos por llevarse a cabo sin las mayorías constitucionales requeridas”, agrega la acusación.

“Un Congreso que consagra un sistema impositivo tan inequitativo que los trabajadores/as independientes de cualquier oficio deben pagar 10% sobre sus ingresos, mientras, el sector de mayores ganancias y enriquecimiento en las últimas décadas, el agroexportador, prácticamente no paga impuestos, aportando solo el 2,25% del total recaudado por el fisco (0,25% por el impuesto a la renta de las actividades agropecuarias Imagro y 2% por el IVA)”, reza otra parte del escrito.

Evasión y tierras malhabidas

Como ejemplo del uso del cargo para delinquir se cuentan los casos de un presidente del Senado, Óscar González Daher (2010), evadiendo impuestos a través de la falsificación de documentos, ostentando un grosero tráfico de influencias; un diputado usurpando unas 1.600 hectáreas de tierras de la reforma agraria en Antebi Cue y valiéndose de su cargo para intentar blanquear tal situación, como es el caso del diputado Magdaleno Silva, con la consecuente responsabilidad de todo el Congreso por asentir la comisión de hechos de esa índole.

El largo prontuario de malos manejos que arrastra el Parlamento se corona con que, en uno de los puntos de su acusación contra el presidente Lugo, señala como una de las causales la invasión de propiedad privada, cuando que las tierras de Marina Cue pertenecen al Estado y están en litigio por la usurpación de una empresa privada, evidenciando de tal manera que el Congreso lesiona su deber de proteger los bienes públicos actuando en defensa de intereses particulares.

Hacia el final de su presentación, Pereira resaltó la paradoja de que el Parlamento, a pesar de ser un poder despótico que concentra y toma a discreción las decisiones que atañen al rumbo del país, es una institución sumamente debilitada que carece de la confianza de la mayor parte de la población y que teme a la ciudadanía, por lo que destituyó en apenas dos días a nada menos que al presidente en un proceso totalmente violatorio de las garantías constitucionales.

Luego de darse por concluida la enumeración de la profusa evidencia sobre mal desempeño de funciones en que incurrió el Parlamento, el Tribunal Ético por la Democracia –presidido por el Dr. Luis Lezcano Claude e integrado por la Dra. Margarita Durán, el Dr. Ignacio Telesca, la Abog. Line Bareiro, el Abog. Dionisio Gauto y el investigador Bartomeu Melià (ausente en la ocasión)– procedió a hacer lugar a la acusación fijándose como fecha del juicio oral y público el próximo 22 de noviembre en la Plaza de la Democracia.

Finalmente, como parte de una ciudadanía que aspira a la plena vigencia de una democracia no meramente formal, sino una en la que los derechos sean efectivos y los representantes electos se sometan al control y a la voluntad popular; por un Legislativo que actúe como tal, y no como un cártel en el que el único código vigente es el recíproco encubrimiento ante cualquier intento de investigar los delitos; por un Parlamento que represente la pluralidad de intereses en juego y que no sea una trinchera de negocios espurios, del tráfico, el crimen y la prebenda. Por todo ello, y sin duda por mucho más, nos atrevemos a afirmar que el veredicto de gran parte de la sociedad será unánime: “Por la condena”.

“La cultura alimentaria de nuestros pueblos se está erosionando”

Ing. Agrón. Miguel Lovera

La producción de alimentos es lo que define a las sociedades. La autonomía de estas se construye en la medida en que dispongan de sus propios medios para abastecerse. Por ello, la privatización de las semillas, base de la alimentación, supone quedar supeditado a una dependencia externa.

El Ing. Agrón. Miguel Lovera, extitular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), nos habla en esta entrevista sobre los efectos y riesgos que se ciernen sobre las semillas nativas con la introducción de los organismos genéticamente modificados (OGM). Desde la misma prohibición de seleccionar las semillas para el ciclo agrícola siguiente, lo que constituye la proscripción de la agricultura misma, hasta los riesgos de polinización y consecuentes demandas que pueden abrirse contra los agricultores por “uso indebido”.

Lovera elogia los métodos de fitomejoramiento que practican los campesinos e indígenas y advierte sobre la penalización que amenaza a agricultores familiares que usan libremente las semillas nativas, que forman parte del patrimonio colectivo de los pueblos.

–¿Cuál es el peligro que corren las semillas nativas ante el avance de los transgénicos?

–Son amenazas múltiples. Sobre todo para las especies alimenticias como el maíz, que pueden ser contaminadas con los transgenes comerciales. Es una estrategia perversa y bien calculada. Cualquier especie que contenga un transgén puede ser reclamada como propiedad de quien lo patentó. Incluso puede darse la apropiación a través de un embargo por reclamo de patente de la producción agrícola de los campesinos cuyos cultivos eventualmente hayan sido impregnados a través del viento por los transgenes.

En EE.UU. hay miles de demandas promovidas por Monsanto contra agricultores cuyos campos fueron contaminados por transgenes. Esto es un problema para la soberanía alimentaria, pues en nuestro país puede darse el caso, y es seguro que ocurra, que por estas medidas la producción de los agricultores sea embargada por “uso indebido”, sin licencia. Esto es una trampa mortal para la agricultura y la seguridad alimentaria porque elimina la soberanía genética.

–Lo que está generando mucha alarma es el proceso de polinización y que los transgenes puedan poluir los cultivos circunvecinos.

–El maíz es un trabajo de fitomejoramiento de miles de años de plantitas mucho más humildes, con miles de cruzamientos. Pero justamente esa facilidad de adquirir nuevo polen, nuevos genes puede decretar la sentencia de muerte del maíz. La polinización del maíz es predominantemente anemófila. Se da por el aire. El viento lleva las partículas de polen muchos metros que, sin vectores artificiales o naturales, puede llegar de 20 a 800 metros dependiendo de las condiciones climáticas. Pero también pueden ser transportadas por miles de kilómetros.

Luego está el daño botánico, biológico que eso implica. Un transgén, un gen artificial que ingresa a un genoma formado por un largo proceso de selección natural, y a través de la acción del conocimiento ancestral que tienen los guaraníes y campesinos en fitomejoramiento, va a provocar la pérdida de esas razas adaptadas a la cultura, a los suelos, a las distintas condiciones climáticas, etc. Los cambios en los genes se deben dar en un marco que no salte los patrones de interacción del proceso evolutivo de aceptación y depuración regulado por la naturaleza. Si uno salta esas pautas, esa dinámica de billones de combinaciones se producen desequilibrios.

Esta pérdida de variedades nativas dada por la introducción de un transgén provoca una alteración y todo el genoma va a desbalancearse. Los genes trabajan en red y responden a múltiples estímulos. Entonces esa alteración necesariamente va a provocar serios desequilibrios.

–¿Qué se va a obtener como producto de esa siembra?

–Estos cultivos vuelven más vulnerables a los agricultores porque duran poco, no se pueden conservar para los periodos no productivos. Los transgénicos son un paquete tecnológico reduccionista. Las características de esos maíces transgénicos que están vendiendo de contrabando es que tienen un solo tipo de almidón, que no sirve o puede servir menos para las necesidades de los agricultores.

Los campesinos e indígenas son fitomejoradores de alto vuelo y sus conocimientos están siendo saboteados. Un conocimiento de siglos, de observaciones, de ensayo y error está siendo saboteado. La cultura alimentaria de nuestros pueblos se está erosionando por la desaparición del material nativo por el simple mandato dogmático de privatizar todo.

–¿Y qué hay con respecto al régimen que se crea con los OGM y que prohíbe que los campesinos puedan guardar y seleccionar las mejores semillas para el ciclo agrícola siguiente?

–El ataque es total. Las multinacionales y sus aliados oligárquicos locales quieren asegurarle al capital el campo libre sin competencia. Los campesinos y sus semillas y conocimientos son la principal competencia de Monsanto, de Cargill de Syngenta, que son empresas que actúan como cárteles y concentran por lo menos el 90% del mercado de semillas transgénicas.

Lo que se pretende no es solo crear variedades y proteger las que sean propiedad de las empresas, sino evitar que otros usen semillas no registradas, e incluso algunas que puedan ser registrables, para eliminar cualquier proceso que no esté controlado por ellos. Se pretende prohibir una práctica que viene muchos antes de la existencia de este Estado nacional y que todo el rompecabezas burocrático de ahora. Además, los trámites son irrealizables para el común de la gente.

¿Qué pasa si el agricultor pierde su derechos al fitomejoramiento? Se quedará sin semillas para seguir practicando su cultura en el territorio donde rige esa legislación. Otro aspecto es la criminalización de la agricultura. Ya se registraron varios casos en Europa en que la producción de los agricultores tradicionales fue embargada por usar semillas no registradas

–¿Es decir que, por una parte, está la uniformización de la oferta de semillas y, por otra, la privatización de un bien libre y comunitario base de la alimentación?

–La cruzada del neoliberalismo consiste en la apropiación de todo lo público de parte del sector privado. Se está produciendo un gen que se le llama terminator (exterminador), que va a inhibir la producción de polen, que va a inhibir la fertilidad. Eso causaría un efecto físico en la reproducción. Hay una simple moratoria, pero esa tecnología debería estar directamente prohibida.

Y con la misma estrategia del golpe exprés se está desmantelando la soberanía alimentaria. El gran valor que tienen estas razas de maíz local es la variedad y que pueden producir a escala comercial sin caer en el monocultivo. Mantienen la dinámica de la variabilidad genética y fenotípica que se adaptan a los cambios climáticos, de fertilidad del suelo. Hay más diversidad y menos patógenos, por lo que no se necesitan esos grandes paquetes de agrotóxicos ni se producen esas epidemias cada vez más resistentes a antibióticos que derivan de producir mucho de lo mismo. En ese sentido la diversidad agroecológica nos protege manteniendo a raya las colonias de bacterias.

Entonces se pretende cortar la circulación de este conocimiento y quedar al arbitrio de las empresas. Si uno necesita unas semillas que soporten el estrés hídrico tiene que recurrir a una empresa que si su negocio es que Paraguay solo produzca soja, directamente puede no venderte las semillas de maíz. ¿Y dónde está la soberanía ahí? De hecho, el Estado es el principal esbirro de las corporaciones que, través del control financiero, ejercen también un control político casi total. 

El Estado y el derecho a la información

Protesta contra el cierre del diario chileno La Nación (internet)

El Gobierno chileno ha anunciado que en un plazo de entre siete meses y tres años cerrará y liquidará los bienes del diario estatal La Nación. El Ejecutivo encabezado por Sebastián Piñera justificó la medida aduciendo el carácter “deficitario” del organismo de prensa y que en los últimos 20 años, desde el retorno a la democracia, se ha encontrado subordinado a la voluntad de los presidentes de turno.

Entretanto, el Colegio de Periodistas replicó que con esta medida se está coartando la libertad de expresión, pues el retiro del Estado agrava el duopolio mediático en Chile, donde dos empresas  –El Mercurio y Copesa– concentran el 90% del mercado.

Por su parte, el gobierno de Cristina Fernández, en un reciente spot emitido en la TV Pública Argentina, advertía que el próximo 7 de diciembre vence la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín contra el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522).

Marcha a favor de la ley de medios en Argentina (internet)

El articulado en cuestión dicta el plazo de un año para que las empresas que superen el máximo de licencias estipulado se adecuen al nuevo marco. Este punto referente a la desinversión es el más resistido por los multimedios, que alegan su inconstitucionalidad.

Ahora bien, veamos a qué concepción del rol Estado en materia del derecho a la información se adscriben estas políticas comunicacionales. La primera, la del Gobierno chileno, corresponde a la doctrina clásica de que la única competencia que le cabe al Estado es la de abstenerse de actuar. La segunda, la del Gobierno argentino, entiende que el Estado debe intervenir en el mercado comunicacional a fin de garantizar la pluralidad de actores.

De la primera resulta aquel axioma, que debe ser sometido a una profunda revisión, de que la mejor ley de medios es aquella que no existe. La segunda, tal como sostiene el investigador argentino Damián Loreti, asume que “el derecho a la libertad de expresión no es declamativo e implica contar con las herramientas para hacer efectivo su ejercicio”. Es decir, la función del Estado no se reduce a reconocer ese derecho y no bloquear su ejercicio, sino que también radica en activar mecanismos para proteger su cumplimiento.

A esto último hay que añadir que la libertad de expresión a menudo se ve afectada no solo por el asedio de los gobiernos, sino también por poderes de carácter no estatal. “¿Estamos frente a una libertad negativa en la que el rol del Estado se limita a abstenerse de censurar?”, se pregunta Loreti. Luego refiere que “en países de Europa Occidental incluso hay subsidios directos destinados a fomentar el pluralismo y la diversidad de voces. Una cosa es clara. Si en el mercado hay quienes entienden que la mano invisible garantiza la distribución de los bienes, es ostensible que en la vida de la comunicación social y de las industrias culturales no hay mano invisible y menos que ella garantiza pluralismo y diversidad”.

No obstante, habría que ser explícitos en cuanto al problema de la independencia de los medios públicos, así como también la de los privados. La tentación de aquellos es convertirse en medios gubernamentales, y la de estos es gobernar a fuerza de cabildeo por encima de las autoridades electas y abusar de sus posiciones dominantes en el mercado.

En un sistema plenamente democrático, la distribución de licencias del espectro radioeléctrico así como la circulación de la palabra impresa no deben estar sujetas al solo criterio de la rentabilidad ni mucho menos supeditada a la concentración masiva. Es necesario en este sentido que exista multiplicidad de voces y que se asuma el derecho a la comunicación como un derecho humano no dependiente de lo que uno pueda pagar.

En su informe de 2002, el entonces relator especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Eduardo Bertoni, advertía que “la pobreza y la marginación social en que viven amplios sectores de la sociedad en América afectan la libertad

de expresión de los ciudadanos del hemisferio, toda vez que sus voces se encuentran postergadas y por ello fuera de cualquier debate”.

Incluso la propia Unesco reconoció, en un estudio de 2008 titulado “Indicadores de desarrollo mediático: Marco para evaluar el desarrollo de los medios de comunicación social”, que para garantizar la pluralidad los Estados tienen la atribución de exigir la desinversión y denegar licencias cuando se alcancen niveles inaceptables de concentración.

Todos los recelos hacia que el Estado abuse de esas atribuciones están justificados y, de hecho, las distorsiones están a la orden del día. Es claro que los gobiernos aspiran a finalidades que no son precisamente las de resguardar el derecho humano a comunicar.

Manifestación antigolpe frente a la TV Pública Paraguay (internet)

Las muestras locales abundan. Hasta la ONG francesa Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció el cerco que acosa a los periodistas de la TV Pública y Radio Nacional del Paraguay que objetan el fraudulento juicio político realizado al presidente Fernando Lugo, montado a partir de una confabulación cuya voluntad es no esclarecer la masacre de Curuguaty.

El gobierno de facto ha reinstaurado la figura del desacato. Hostigamiento policial contra pegatinas que “faltan el respeto a la autoridad”, clausura y amenazas a programas que reprueban el origen espurio del actual Ejecutivo, así como querellas por difamación incluso contra periodistas de medios privados por informar sobre el tráfico de influencias groseramente ostentado por el cártel familiar de los Franco.

"Estos incidentes, sumados a la censura, hacen presagiar una grave degradación del pluralismo conforme se aproximan las elecciones generales del 21 de abril de 2013", manifestó RSF en el informe sobre la situación de la prensa en Paraguay en el escenario posgolpe.

Sin embargo, todo esto no debiera usarse en perjuicio del reconocimiento de la obligación del Estado de fomentar la presencia de cada vez más voces que, al poder expresarse, complementarán a su vez el derecho de toda la comunidad de acceder a múltiples fuentes de información y puntos de vista. Pues de eso se trata, del carácter colectivo del derecho. Si una opinión es silenciada, ya sea a razón de la censura directa a un individuo o por la privación al acceso a los medios por razones económicas, es el derecho a la información de toda la ciudadanía el que está siendo violentado. Cuando una voz calla, el conjunto de la sociedad se ve privado de escucharla.