Matrimonio y biologismo

Afiche de una calle de Bs. As.

Llego un tanto rezagado a este debate. Aunque considero que el tema se impuso a la opinión pública con una importancia mayor de la que en verdad posee –pues nos estamos jugando cuestiones más cruciales en este momento que la de legalizar uniones de facto entre personas del mismo sexo–, no he querido dejar pasar por alto ciertos aspectos de la línea  argumental de los detractores del matrimonio gay, en especial la campaña realizada en nuestro país: “Queremos papá y mamá”. Al parecer ha quedado atrás la etapa más candente y acalorada de la discusión, por lo que vamos a abordarla con la mirada serena del viajero una vez vuelto a casa, que recién ahí cae en la cuenta de ciertos detalles significativos de su periplo, cuando ya la tormenta ha pasado.

Es antinatural, dicen algunos. Se desvía de la función reproductiva de la sexualidad, aseveran otros. Es decir, los activistas antigay, en su mayoría vinculados a grupos religiosos conservadores, han tomado el biologismo como su principal estandarte. Ello sin advertir lo que de antinatural tienen sus creencias de ultratumba y la vida “verdadera” que aseguran nos espera luego de nuestro paso transitorio por esta tierra. Pero ese es otro tema.

Veamos, pues, lo que el matrimonio monogámico heterosexual tiene de simple construcción cultural. La familia tal cual la concebimos no constituye una unidad biológica-natural que haya existido desde el origen de la especie, sino una institución histórica muy vinculada a los cambios en la organización económica.

La poligamia nos resulta muy conocida. No tanto así la poliandria. En este último tipo de disposición social es la mujer la que convive con varios hombres a la vez, sin que la figura masculina se arrogue el derecho de reclamar el monopolio de la genitalidad femenina. Así tenemos que la descendencia se marca por línea materna, pues la paternidad no puede establecerse de manera segura. Existe un páter social, aunque cualquier otro puede ser el genitor. Esto otorgaba mayor prestigio a las mujeres quedando relegada la paternidad como elemento secundario. Estas sociedades eran matriarcales, con un tipo de producción económica comunitaria en el que el sentido de propiedad privada así como lo conocemos en la actualidad era prácticamente inexistente.

En El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Friedrich Engels establece un paralelismo puntual  entre la propiedad privada de los medios de reproducción (matrimonio monogámico) y la propiedad privada de los medios de producción (capitalismo burgués). En el celebre prólogo a la cuarta edición estudia el paso de las sociedades matriarcales a las patriarcales a partir del análisis de las tragedias griegas, específicamente Las Erinias de Esquilo. Según argumenta el filósofo alemán, el matrimonio-propiedad es la expresión sexual de la explotación capitalista.

Por otro lado, el antropólogo norteamericano Conrad Kottak, en su libro Espejo para la humanidad, enumera varios ejemplos de cómo el matrimonio se construye socialmente. En Sudán una mujer nuer puede casarse con otra mujer si su padre no tiene hijos. A fin de mantener el linaje patrilineal, la mujer mantiene relaciones con otros hombres bajo la aprobación  de su “esposo” femenino, que asume el rol del hermano que no tiene. Cuando la mujer queda embarazada, el hijo pertenece a ambas mujeres. Una es la madre y la otra es el “padre” social. Según las observaciones hechas por el antropólogo, los niños que crecen en este tipo de matrimonio no sufren trastornos visibles y los miembros de esta sociedad no ven nada extraño en esas prácticas que a nosotros nos resultarían “antinaturales”.

Un ejemplo más radical proporcionado por el autor es el de dos tribus de Papúa Nueva Guinea en las que lo socialmente aceptado es la homosexualidad, y las relaciones entre sexos distintos se practican en la clandestinidad y solo con fines reproductivos. Los etoro prefieren el sexo oral entre los hombres, en tanto que los marind-anim el sexo anal. Recíprocamente, los individuos pertenecientes a un grupo consideran repugnantes las conductas sexuales del otro, en tanto que nada de anormalidad perciben en sus propios hábitos.

Nuestras costumbres no son más naturales que otras y la heterosexualidad, aunque parezca estar determinada biológicamente, no constituye más que una elaboración cultural. En una democracia es lícito estar de acuerdo o en desacuerdo, pero de allí a pretender que nuestras convenciones sociorreligiosas son las únicas viables es algo que se opone a los principios democráticos más elementales.

dia del korrector

deleátur

El 27 de octubre se conmemora el Día Internacional del Corrector de Textos, un oficio oscuro y silencioso como los tétricos laberintos del Finis Africae, biblioteca secreta ubicada en las galerías subterráneas de una abadía benedictina, donde eran guardados los escritos considerados heréticos por la Inquisición. La mayoría de los pergaminos versaban sobre tradiciones paganas, entre ellos un volumen con hojas envenenadas de la hipotética Comedia de Aristóteles. En torno a este escenario del medioevo se desenvuelve la intriga de la novela El Nombre de la Rosa de Umberto Eco. En la abadía trabajan pacientemente numerosos monjes de la Orden en la reproducción y corrección de antiguos manuscritos, pero hay uno especialmente importante, escrito en lengua griega, que generará toda la trama que envuelve a la memorable novela del semiólogo italiano. 

El Día del Corrector se instituyó en homenaje a Desiderius Erasmus Roterodamus, nacido el 27 de octubre de ¿1446,1469? en Rótterdam, Holanda, quien fuera en su tiempo uno de los más insignes representantes del humanismo renacentista, y que según las crónicas es el primer corrector conocido de Occidente. Esta aclaración viene a cuenta de que los antiguos sumerios tenían escritura, conocida con el nombre de  cuneiforme, los egipcios a su vez contaban con el sistema jeroglífico y hacia este lado del mar los mayas  y otros grupos también desarrollaron métodos de  registro por medio de símbolos gráficos. La labor de los escribas era minuciosamente controlada por los sacerdotes, que iban corroborando los datos consignados ya sea en los pergaminos, los bloques de piedra tallada o los murales ideográficos.  Es decir, la figura del corrector surge indisolublemente con la propia escritura, de la cual representa su consecuencia lógica y necesaria. 

Retomando el motivo de la celebración, Erasmo se inicia como corrector de pruebas en una imprenta de Venecia. Paralelamente, y por cuenta propia, se dedica a corregir los textos escolásticos de la época proponiendo una nueva exégesis en oposición a la impuesta por los padres de la Iglesia, cuya interpretación de la Biblia estaba hecha en función a reforzar su posición hegemónica respecto al común de los creyentes. Más que mera corrección ortotipográfica, su trabajo consistió en una revisión de la estilística y, mediante una aguda penetración filológica, renovó el sentido que le atribuían a las escrituras los representantes del clero. Su trabajo fue condenado y en el ambiente de disputa entre la Reforma y la Contrarreforma fue atacado por ambos bandos. Por un lado, su irreverencia respecto a la jerarquía eclesial y, por el otro, su crítica a la idea de la predestinación promovida por los luteranos.  Con Erasmo de Rótterdam la cultura escrita sale de los monasterios para llegar al pueblo, pues su trabajo de corrector de textos también consistió en depurar los documentos de la época del hermetismo lingüístico, de tal manera a trasladarlo a un registro más accesible, democratizando así el acceso al conocimiento. 

Por supuesto, como muchos trabajos, también tiene su lado sucio. Este es el que le toca a Winston Smith, en la novela 1984 de George Orwell. Winston es funcionario del Ministerio de la Verdad y su trabajo consiste en corregir los números ya publicados de periódicos y los libros de historia, de tal manera a ajustar los hechos a las predicciones hechas por el Ingsoc, autoridad absoluta del pensamiento encarnada en la figura del Gran Hermano. Él es plenamente consciente de la falsificación y por sus manos pasan los documentos originales que pueden probar la impostura difundida por el Partido, pero no pasan muchos minutos para que esas pruebas se evaporicen en el agujero de la memoria. Así transcurren sus días, puesto al servicio de un régimen totalitario que se cae a pedazos y en el que ya nadie cree.   

Una función más activa, en cambio, es la que desempeña Raimundo Silva, personaje de la Historia del cerco de Lisboa de José Saramago. El protagonista es un corrector que está trabajando con un libro –el que le da título a la novela– que relata un episodio histórico de la capital portuguesa. Durante la revisión de los originales, Raimundo introduce una modificación voluntaria, la partícula “no”: Los cruzados “no” ayudaron a los portugueses a conquistar Lisboa. El corrector, de acuerdo al papel que le asigna Saramago, logra desmantelar la versión oficial de la historia, escrita siempre desde y para la óptica de los vencedores, que ejercen así el monopolio de la palabra. De tal forma, el protagonista se erige en un contrapeso ante el poder, vehiculiza la voz de las clases sociales segregadas que han sido despojadas del decir y nunca han podido relatar su versión de los hechos.  

La situación narrada por Saramago puede ser tomada como una metáfora de la comunicabilidad en tiempos de la concentración mediática, pues en este orden económico mundial que se atribuye haber conquistado la libertad de palabra y pensamiento no existe igualdad de palabra, pues los medios de difusión representan exclusivamente las construcciones ideológicas de la unidad socioeconómica a la que pertenecen, estructuras de poder fáctico autoritarias y jerárquicas, aunque no ejerzan la coerción política directa. A pesar de reivindicar una democracia de tipo formal, no admiten la pluralidad de voces y aspiran a imponer el discurso único.

En fin, asta aora muchos no sabrán ke es o para ke sirbe un korrector, pero hay kosas que no nesecitan ser esplicadas,  puesto ke son ebidentes por ci mismas.

12 de octubre de 1492

El cumplimiento de un aniversario más de lo que históricamente vino a llamarse el descubrimiento de América constituye una fecha propicia a fin de reconsiderar ciertos elementos esenciales de la construcción académica surgida bajo el influjo del paradigma colonial, al cual responde políticamente.

Ahora bien, a pesar de la importante difusión de las ideas revisionistas, lo concreto es que los pensamientos oficiales se han reafirmado.  Bajo la acción económica de la nueva derecha, el antiguo régimen feudal y el espíritu de las relaciones de propiedad que conllevaban se mantienen en la era del capitalismo moderno. Las instituciones contemporáneas son herederas de las formas de organización a las que supuestamente reemplazan.

En otros términos, que en los programas de estudio de los centros académicos oficiales se siga “enseñando” que Europa descubrió América el 12 de octubre de 1492 evidencia que las sociedades modernas defienden el rol desempeñado por la monarquía teocrática, que representa su estadio anterior. Este enfoque de la historia presenta a los colonizadores como precursores de la civilización de este continente cuya población autóctona aún no había superado el estado de salvajismo. Y no se trata de una versión que se circunscriba a las preconceptuaciones raciales del viejo y nuevo conservadurismo, sino hasta los llamados grupos progresistas sostienen este paradigma unilateralmente eurocéntrico.

Así tenemos que Friedrich Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, establece una jerarquía del proceso de evolución sociocultural, resumida en tres estadios principales: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Partiendo de datos etnográficos expuestos en la Sociedad Primitiva de Lewis Morgan, Engels ubica a los incas de la época de la conquista en el estado medio de la barbarie, etapa que, según él, no habrían de superar sino con la llegada de los europeos. No entremos a discutir la arbitrariedad de las propias denominaciones utilizadas para referirse a cada estadio; basta con señalar el atraso de estas filosofías con relación a los innumerables avances obtenidos en materia etnográfica  y arqueológica, que han aportado nuevas luces para aproximarnos a las culturas autóctonas desde una mirada renovada.

Por ejemplo, el Machu Picchu fue “descubierto” recién en 1911, aunque se presume que los españoles habrían llegado al lugar hacia el año 1570 y que fueron los que perpetraron la destrucción e incendio del Torreón del Templo del Sol. En todo caso, ambas posibilidades: las ideas equivocadas respecto al desarrollo de estas culturas y el exterminio que dejó a su paso la expansión del imperio español son muestras de un mismo fenómeno. Por un lado, la inexactitud del término descubrimiento, pues concretamente lo que se llevó a cabo no fue un des-cubrir lo que estaba cubierto, sino una sistemática destrucción de todo lo que resultaba extraño e inaccesible al entendimiento del europeo de entonces. Por otro, se clarifican las características y la naturaleza de lo que implicó el colonialismo, cuya acción encubridora difiere notablemente del hipotético descubrimiento o proceso civilizatorio iniciado en un supuesto nuevo continente que sale de la Prehistoria luego de que Europa sabe de su existencia, que automáticamente se asigna el título de “Madre Patria”.

Si nos atenemos a las evidencias materiales de los restos que perviven en las montañas del Machu Picchu, por ejemplo, podemos caer en la cuenta de que sus pobladores ya habían entrado en el periodo de la civilización, que poseían una técnica avanzada en materia de arquitectura, matemáticas, con rigurosos cálculos de los ciclos agrícolas basados en conocimientos de astronomía y complejos instrumentos de documentación y cálculo como los quipus. Estos consistían en una serie de nudos mediante los cuales se realizaban operaciones aritméticas y que según investigaciones contienen datos no solo numéricos, sino hasta relatos histórico-literarios. Sin embargo, gran parte de su contenido se desconoce, pues hasta ahora solo se han podido descifrar los nudos más sencillos.

Es decir que el trabajo de Morgan, y el del propio Engels, contrasta con el estado actual de nuestros conocimientos, puesto que lleva más de un siglo de desfasaje. A pesar de ello, estas tipologías evolutivas siguen siendo utilizadas por el marxismo ortodoxo, y ni hablar de los autores neoliberales, que se atribuyen a sí mismos el haber llevado la historia a su etapa definitiva, identificando de tal forma al modelo industrial –y su corolario irreductible, el capitalismo– como la cúspide de la evolución social.

Vemos, pues, que el desarrollo de la investigación etnográfica y arqueológica va en sentido contrario a la historiografía colonial, poniendo de relieve sus profundas inconsistencias, puesto que contradice hasta las mismas evidencias que proporciona la ciencia occidental. Paralelamente, los propios cientistas sociales europeos están empezando a admitir la insuficiencia de los conceptos que han empleado tradicionalmente para referirse al resto del mundo.

El nuevo y viejo continente

El concepto de nuevo y viejo continente de algún modo supone implícitamente que la existencia de uno precede al otro. Sin embargo, en Abya Yala –término en lengua kuna para referirse a nuestro hemisferio– se desarrolló un complejo proceso histórico precolonial, con particularidades propias que nada deben al intervencionismo europeo. Por otro lado, la visión monogenística que, basada en los relatos bíblicos, considera que el hombre se originó en un lugar y de allí se esparció al resto del mundo ha cedido muchas posiciones ante el poligenismo, cuyo planteamiento fundamental sostiene que los conglomerados humanos surgieron de manera independiente en diversas partes del globo para desarrollarse como grupos autónomos con adaptaciones culturales propias. Es más, si nos ajustamos a criterios referentes al desarrollo material y tecnológico, nos vemos enfrentados a una situación que nos obliga no sólo a desechar los postulados esenciales de la historia escrita por los colonizadores, sino hasta de invertir las clasificaciones resultantes de ella.

Las primeras manifestaciones de la cultura maya datan aproximadamente del año 1.500 antes de nuestra era –otras hipótesis más arriesgadas la fechan en el año 3.000–, en el llamado periodo preclásico. Durante su formación reciben influencia de otras culturas que habían ocupado la zona de Mesoamérica, como los olmecas, zapotecas y teotihuacanos. Todo este sustrato y herencia cultural de pueblos anteriores contribuyeron para el apogeo experimentado durante el periodo clásico. Esta fue la época de las pirámides, de la elaboración de los calendarios astronómicos, mucho más perfectos y precisos con relación al gregoriano, que es el que utilizamos actualmente, y que data del siglo XVI. Como sabemos, la distribución del tiempo en este último es totalmente arbitrario, pues cuenta con días de 28, 30 y 31 días, y cada cuatro años uno de 29, que se van sucediendo en un desorden absoluto.

El calendario de las trece lunas, en cambio, refleja el gran avance al que llegaron los mayas en las ciencias matemáticas y astronómicas, pues estaba conformado por un periodo de trece meses de 28 días, que así suman 364, más uno, considerado como el día fuera del tiempo. Esto nos muestra que hasta tuvieron en cuenta la rotación elíptica, y no circular, de los astros, pues manejaron ese periodo excedente que no permitía cerrar con un círculo perfecto el cálculo del tiempo, dado que no existe una exacta correspondencia entre el año solar y la duración de los días, debido a los solsticios y equinoccios. Si utilizamos como equivalente nuestro calendario, cada ciclo se iniciaba el 26 de julio y terminaba el 24 de julio del año siguiente. El año nuevo para los mayas era el 25 de julio, que tomaba como referencia la alineación del Sol, la estrella Sirio y la Tierra. Se sostiene que la mayor exactitud de la cuenta del tiempo maya se debe a la gran preponderancia que ejercieron las mujeres, pues no sólo se tenía en cuenta el ciclo solar, sino también las fases de la Luna, manifestadas biológicamente en la menstruación femenina.

Entre el primer viaje de Colón y el apogeo de la cultura del Mayab existen aproximadamente 1.000 años de historia, por lo que marcar el inicio de la civilización y la vida misma  de este continente a partir de la llegada de los europeos es un hecho que no se corresponde en absoluto con las evidencias contrastables que nos proporcionan los restos arqueológicos del Chichén Itzá, Tikal, Uxmal,  Copán, Palenque, etc.

En esta última pirámide se encuentra el famoso Templo de las Inscripciones, y de cuya existencia nos enteramos recién en el año 1952. En el subsuelo se halló un sarcófago que según las referencias halladas corresponde al rey Pacal Votan, que habría vivido hacia el año 600 de nuestra era. Sobre el bloque lítico se despliegan una serie de  ideogramas, entre ellos uno que se conoce actualmente como “El astronauta”, pero cuya gran parte no ha sido descifrada al igual que los pocos códices que sobrevivieron a la Inquisición misionera, que veía manifestaciones “diabólicas” en todo aquello que su fundamentalismo religioso no le permitía comprender ni mucho menos aceptar.

El Chichén Itzá, por su parte, es una construcción que cuenta con cuatro grandes escaleras con 91 peldaños cada una. Si multiplicamos estas dos cifras obtenemos 364, y si le sumamos la plataforma final, centro hacia el cual convergen las escalinatas, obtenemos el periodo equivalente al año solar.  Y así sucesivamente podemos seguir citando otras construcciones que funcionaron como verdaderos observatorios astronómicos y que en varios aspectos aventajaban  los conocimientos que por entonces poseían los “civilizadores”. 

Hace apenas 50 años que fueron desenterrados los yacimientos arqueológicos más importantes que se conocen hasta ahora, labor que apenas comienza, pues en una fecha tan reciente como el año 2000 en Guatemala se seguían encontrando importantes vestigios de lo que fue el mundo precolombino, demostrando de tal forma lo incipiente de nuestros conocimientos al respecto. Sin embargo, la historia tal cual se la imparte en los establecimientos burocráticos no parece haberse enterado de estos acontecimientos, por lo que la deconstrucción de la historiografía oficial escrita durante los últimos 500 años es aún desproporcional a la dimensión que encierran hechos. 

Consideraciones generales

Finalmente, el discurso neoliberal, para invalidar a cualquier idea o manifestación social que pudiera oponérsele, emplea habitualmente descalificativos como el odio o la envidia que animan todas las acciones de cualquier signo que se le muestre antagónico. Es decir, retoma muchos de los conceptos que los defensores de la monarquía utilizaron contra el nuevo orden social que se consolidó con la Revolución Francesa. Sin embargo, en este caso no se trata de alimentar el resentimiento histórico ni el revanchismo, sino de llamar a las cosas por lo que son, de llamar guerra a lo que efectivamente fue una guerra que surgió como consecuencia de las transformaciones económicas que estallaron en Europa durante el siglo XV, que imponían la necesidad de expandir el área comercial en búsqueda de nuevos mercados y recursos, ante la incapacidad de los medios tradicionales de producción de responder a la creciente demanda que imponía el mercantilismo emergente.

Lo que podemos llamar el pensamiento contrahegemónico se fundamenta en una nueva óptica hacia nuestra propia historia, apoyada en los grandes avances que experimentó la etnología y su aporte a la mayor comprensión de la diversidad cultural humana, y que en consecuencia nos ha empujado a sospechar de la universalidad de los criterios que ha impuesto la globalización sobre lo que significa progreso y desarrollo.

Si en este caso he decidido no mencionar el patrimonio intangible, como los poemas mito-históricos de las culturas orales, y de tal modo limitarme a una breve enumeración de algunas de las grandes realizaciones materiales de los grupos incaicos y mesoamericanos, fue simplemente para demostrar las profundas grietas de la historia un tanto solipsista de los cronistas europeos, pues sus valoraciones respecto a otras culturas son insostenibles incluso si enfocamos el fenómeno bajo los puntos de vista de la cultura material, parámetro de análisis privilegiado por la modernidad. 

Ley de Lenguas, ley de la demokrasia

Mirta Martínez (ABC), Ramón Silva (conductor de TV), Susy Delgado (escritora) y Miguel  Verón  (Ateneo Guaraní)

“Omanórõ peteî ñe’ê, omanõ peteî teko”, aforismo que en la vernácula denota que la muerte de una lengua es la muerte de una cultura, de una cosmovisión. Así, advirtiendo que en los tiempos de la sociedad global cada día muere una lengua, iniciaba su exposición Miguel Verón, del Ateneo Guaraní, en el taller sobre la Ley de Lenguas que nos congregó en el auditorio capitalino de las Tetãnguéra Aty (NN.UU.), según traducción ensayada que alcancé a escuchar mientras hurgaba por el salón en conversaciones ajenas. La llovizna caía sobre los cristales y los vapores del café y el ka’ay untaban el éter. Unas pitadas al delicioso pety en el atrio antes de empezar a preparar los apuntes y las grabadoras. La mañana se presentó lluviosa y una de las expositoras lo interpretó como señal de teko rory y py’aguapy, bienaventuranza y serenidad. De hecho, el genio tutelar de las aguas para los mbya, parcialidad indígena que más pura logró conservar su lengua y filosofía, es Tupã Ru Ete y su réplica (¿o arquetipo?) femenina Tupa Chy Ete, que rige los Para Guachu (para: mar; de allí Para-gua-y, agua procedente de los mares), siendo su signo el ñemboro’y, lo que produce refrescamiento, moderación, equilibrio. Cuando el calor y la ira se apoderan del espíritu humano, Tupã hace caer las aguas para restituir la calma sobre la tierra. No tiene la centralidad cosmogónica que le atribuyeron los misioneros, ya sea por equivocación o falsificación voluntaria, pero su figura es a la teogonía guaraní lo que el agua, símbolo de su poder, representa para las sociedades agrícolas.

Como moderadora de la mesa de expositores aparecía la poetisa Susy Delgado, que en una especie de recuerdo ancestral de las antiguas matrias iniciaba el debate bajo el símbolo ritual del takuapu, o bastones de ritmo, trocado en micrófono. Le secundaban Miguel Verón, del Ateneo Guaraní de San Lorenzo; Ramón Silva, conductor televisivo, y Mirta Martínez, del portal en guaraní de ABC.

La ley de Lenguas tratada en el taller es un instrumento que apunta a intervenir con relación al total de la demografía lingüística del Paraguay y no exclusivamente sobre los idiomas oficiales, reconociendo también el derecho de las comunidades de inmigrantes de acceder en su lengua –sea esta el inglés, el portugués, el japonés, el alemán, etc.– a los mecanismos jurídicos y demás derechos y obligaciones que rigen en el territorio de la república, siendo asistidos para ello por personas que conozcan su idioma. En este sentido es un modelo para las democracias más “avanzadas” como los EE.UU., donde los inmigrantes están obligados a conocer el inglés para ser sujetos de derecho.

Esta ley es una rectificación del rol histórico que ejerció el Estado como continuador de las políticas del Holocausto Indígena, ya sea en la era independiente o con la instalación del gobierno legionario en la posguerra de 1870. Bajo el axioma de “civilización o barbarie”, principio que alumbró a los cipayos del capital inglés durante el Ñorairõ Guasu, se estableció una política oficial persecutoria y represiva contra el uso del guaraní. “El guaraní no es una lengua, es un balbuceo de canes”, decían más o menos los que cargaron con la suprema misión de civilizarnos. 

Y, sin embargo, el proyecto avanza a pesar de la resistencia de legisladores que pretenden relegar la función del Estado como mera fuerza policial para garantizar lo que llaman derechos de propiedad, lo que equivale a decir únicamente sus intereses.  Así conciben al Estado mínimo, ausente, pasivo ante el autoritarismo del poder patronal; pero eso sí, diestro en el garrote contra el clamor popular. Todo validado y justificado por su prensa “libre” e “independiente”. 

Ahora bien, la protección jurídica de todo el patrimonio intangible constituye en sí un avance indiscutible, aunque la alfabetización en la lengua máter para quienes no hablen uno de los idiomas oficiales solo queda reducida a la etapa inicial del proceso. Además, hay que decirlo, la ambiciosa propuesta marca pautas realistas, pues en las actuales condiciones no existen herramientas pedagógicas para implementar la escolarización en la totalidad de las variantes dialectales existentes en la República. En general, la Constituyente de 1992 declara a todas las lenguas como patrimonio cultural de la nación, aunque no se estipule su uso en los ámbitos público-administrativo, como tampoco está ocurriendo satisfactoriamente con el guaraní, aunque goce de reconocimiento oficial. 

La Constitución garantiza el derecho de sus habitantes de ser alfabetizados en su lengua materna, pero al mismo tiempo reduciéndolo a las que cuentan con estatus oficial, el guaraní y el castellano, según establece en el artículo 140. En la praxis concretamente la alfabetización en castellano como lengua predominante a expensas del guaraní es valorada como tal de manera positiva por grandes segmentos de la sociedad, puesto que la lengua nativa es equiparada muchas veces a un obstáculo al desarrollo del pensamiento lógico-racional, postura asumida incluso por asesores que trabajaron en la actual reforma educativa, a la que muchos lingüísticas y semiólogos, con apoyo en soportes metodológicos corroborables, prefieren anteponer el prefijo privativo “de”.

Si existe una diglosia de facto en las modalidades de utilización entre las dos lenguas oficiales, cuando se trata del resto de los idiomas que constituyen el heterogéneo mapa lingüístico del Paraguay nos encontramos ante una exclusión fundamentada en el marco legal, puesto que nuestro texto constitucional habilita a escoger entre los dos idiomas oficiales –lo cual prácticamente equivale a decir el castellano– cuando el discente tiene como lengua materna cualquiera de las 20 familias lingüísticas que pueblan el país a lo largo de las regiones Oriental y Occidental. Ahora, con la nueva ley, las diversas parcialidades indígenas están en el derecho de recibir sus primeras letras en el dialecto propio de la comunidad.

En cuanto a los medios de comunicación, la finalidad es el uso equitativo de las dos lenguas oficiales, de tal manera que la población monolingüe no quede excluida del derecho a la información. Según estadísticas difundidas en el taller, existe un 30% de la población que solo conoce el guaraní, lo cual implica que 3 de cada 10 paraguayos prácticamente no tienen voz por razones de lengua –sin mencionar aquí otras variables–,  puesto que no manejan el código dominante de la red telecomunicacional, ya que esta emite mensajes ininteligibles para esta parte de la población, que tampoco puede expresarse a través de dichos canales. 

A fin de mitigar la exclusión de los servicios del Estado por motivos de idioma, serán priorizados los postulantes a acceder a la función pública que certifiquen el desarrollo pleno de las cuatro competencias lingüísticas en ambos idiomas –bilingüismo coordinado– y asimismo se estipula un plazo de 5 años para que los funcionarios ya contratados se adecuen a las condiciones de la normativa. A pesar de las dificultades que esto conlleva y aunque pueda calificarse de irrealizable, sin embargo es un incentivo importante para el estudio y crecimiento del guaraní, puesto que el principal criterio que se adopta para aprender una lengua o perfeccionarse en su uso es el beneficio concreto y material que ello reporta. Si hasta ahora existe bajo interés en aprender las lenguas indígenas, se debe a la creencia de que “no nos sirve en los tiempos de la globalización”, “en lugar de abrirnos al mundo nos cierra en nuestro secular provincianismo”, etc. Ahora, los profesionales dependientes del Estado, principalmente los juristas y los médicos, que son los que tratan mayormente con personas situadas al margen del sistema educativo formal, pero no por ello con derechos prescriptos, deberán ser competentes en ambos idiomas. 

En lo que respecta al ámbito formal –lexicográfico y gramatical– unánimemente se habló de la necesidad de estandarización de la lengua unificando los criterios en una academia, que promueva la investigación y proporcione el sostén epistemológico a las instancias de aplicación del código regulador en el nuevo organismo instituido para el efecto, la Secretaría de Políticas Lingüísticas.

Así fue cerrándose el encuentro arañando ya el meridiano. Antes de la ritual despedida, llegó la información de que la Cámara de Senadores incluyó el estudio del proyecto de ley como segundo punto del orden del día en la penúltima jornada hábil de la semana.  Finalmente, luego de tres años de postergaciones, el anteproyecto fue aprobado y tiene media sanción. Ahora la batalla se traslada a Diputados.   

“Las leyes quedan, los gobiernos pasan”

Martín Piqué (foto Argentina Actual)

Durante una visita que realicé a la redacción del diario Página 12 en Buenos Aires,

logré concertar una entrevista con Martín Piqué, en la que le consulté sobre ciertos

aspectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, tomando

como primera fuente a este medio bonaerense, aunque también teniendo en cuenta

algunas críticas sostenidas por Clarín y la Nación.

El encuentro lo llevamos a cabo en un café de la calle Corrientes de la capital

argentina, al borde de la entrada a la estación Uruguay. Sin muchas parsimonias fuimos

directamente a lo que nos congregaba a esa cita: la ley de medios aprobada por el

Parlamento y suspendida por un fallo revocatorio de la Cámara Federal de Mendoza.

Esta es la primera ley de la era democrática que pretende sustituir al Decreto-Ley

22285 de la dictadura, parcialmente modificado durante el gobierno de Menem,

pero manteniendo la esencia de la normativa del régimen militar y en algunos aspectos

profundizando la concentración, según seguimos de lo expuesto por el comunicador

argentino.

–¿Qué establecía el Decreto-Ley 22285 de la dictadura y de qué manera actuó o

facilitó la concentración en la propiedad de medios?

–Ese decreto-ley es del año 80. Lo más importante que te podría decir es que en esa

época todavía se vivían tiempos de la Guerra Fría. En Argentina se estaba secuestrando

y haciendo desaparecer gente. Esa dictadura fue la más sangrienta de la Argentina

y hubo 30.000 desaparecidos. Y la radiodifusión, los medios se regularon con este

decreto-ley basado en una doctrina, que era la doctrina de la seguridad nacional,

que de alguna manera había sido inspirada por la Escuela de las Américas, por la

línea que bajaba desde EE.UU. hacia América Latina con respecto a la posibilidad

de movimientos insurgentes armados, etc. Entonces, se consideraba que el pueblo,

distintos sectores del pueblo, podían ser el enemigo. O sea, la hipótesis de conflicto

de las FF.AA. era la organización popular en sus distintas formas. Las organizaciones

guerrilleras ya habían sido desarticuladas, por no decir diezmadas directamente, pero

también los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones populares en general.

Entonces, lo primero del decreto-ley es entender que está inspirado en esa doctrina, de

la seguridad nacional. Por lo tanto, por ejemplo, no podían ser propietarios de medios

de comunicación, o sea tener licencias para explotar servicios de radiodifusión, ni

las cooperativas ni las organizaciones sin fines de lucro. O sea que ya en la primera

decisión se consideraba que la comunicación, ya sea para comunicar información,

noticias como para difundir películas, arte, era una actividad comercial. O sea de

entrada se consideraba que sindicatos, cooperativas, universidades, organizaciones

no gubernamentales, comunidades, etc., no podían ser licenciatarias de canales de

televisión o de radios.

(...) Otra característica del Decreto-Ley 22285 era que creaba una autoridad de

aplicación de la ley, que es el Comité Federal de Radiodifusión que estaba integrado

por las FF.AA. Había un representante de la Marina, del Ejército y de la Fuerza

Aérea. O sea que las fuerzas armadas eran las que controlaban de alguna manera a

través del Comfer la radiodifusión en la Argentina. Y después hubo un acuerdo: se

establecía que la comunicación era una actividad comercial y por lo tanto muchas

empresas privadas, sobre todo las empresas privadas que tenían una mirada positiva

del proyecto económico y político de la dictadura, tuvieron un campo disponible para

poderse desarrollar. En principio aparte te cuento que el Decreto-Ley 22285 fijaba

algunos límites a la concentración mediática. No era una legislación que apuntaba a

la democratización y a la desconcentración. Pero en ese sentido en algunos puntos

marcaba alguna limitación. Por ejemplo no se podía ser propietario de un canal y de

un diario en una misma zona de cobertura (...). Y eso después fue modificado en la

legislación durante el gobierno de Carlos Menem. Fue durante el gobierno de Menem

que se creó este mapa tan concentrado de medios. Pero la matriz, sin modificar el

decreto-ley sino apenas algunos puntos, igual estaba en el decreto-ley original, sobre

todo por impedir la posibilidad de que las organizaciones sin fines de lucro pudieran

ejercer la actividad de la comunicación.

–Los detractores de la ley dicen que ese decreto ya no rige, puesto que fue

modificado más de 200 veces.

–No, en realidad no es que no rige. Que no es una ley de la dictadura solamente porque

sufrió modificaciones en democracia. Lo que pasa es que las modificaciones que sufrió

en democracia fueron modificaciones que se realizaron durante la implementación del

más duro neoliberalismo en la Argentina, porque el proyecto político y económico

de Menem fue continuar el proyecto económico de la dictadura, pero llevarlo todavía

más en profundidad. Y eso fue posible porque el principal partido político de tradición

popular en la Argentina, que es el peronismo, se reconvirtió en los años 90 a la derecha

y al neoliberalismo porque pensaron, bueno, que se había acabado la historia. Viste toda

esta teoría de Francis Fukuyama, que se había llegado al fin de la historia, la caída del

Muro de Berlín, etc., que era inevitable hacer todas esas modificaciones, la reforma del

Estado, privatizar las empresas, el Estado mínimo, que los servicios públicos quedaran

en manos de empresas extranjeras. Entonces en ese marco es que Menem modifica

el Decreto-Ley 22285. En realidad no lo modifica él, lo modifica el Congreso, pero

con mayoría de legisladores que respondían a las ideas de Menem, y entonces ese es

el argumento de la oposición para decir: no es un decreto de la dictadura, sino que se

fue modificando en democracia. Es verdad que se modificó en democracia, pero se

lo modificó no solo manteniendo el espíritu autoritario original de la dictadura, sino

que se lo profundizó para facilitar aún más la concentración del escenario mediático.

–Entre otros aspectos, las críticas a la ley se basan en que mediante ella se pretende

influir en la línea editorial de los medios bajo la posibilidad de que sus licencias no

sean renovadas y que no busca desmonopolizar, sino que los dueños malvendan

sus medios para que los allegados al poder y el Estado acaparen el dominio de la

información.

–(...) Con respecto a la continuidad o no de las licencias, no estoy de acuerdo en que se

pueda influir en la línea editorial. Ahora, basémonos en la realidad, en la actualidad

de los medios en la Argentina. Yo te diría que si uno mira los diarios y los canales

de televisión un 70% está claramente delineado en una actitud de absoluta oposición

al Gobierno, pero una oposición radicalizada y furibunda en el mayor de los casos.

Todos los argumentos que sostengan que este es un momento en que no hay libertad de

expresión no estoy de acuerdo para nada porque hace mucho que no se ve a un gobierno

tan criticado por los medios de comunicación, tan criticado en el tono y en el tiempo

(...).

Después, el tema de la revisión de las licencias fue discutido en el Congreso y la

revisión es una cuestión que no tiene que ver con el alineamiento con el Gobierno o el

desalineamiento y la distancia, sino que es una cuestión tecnológica. ¿Por qué? Porque

en la Argentina, como en el resto del mundo, se está por implementar la digitalización

de la televisión, a través de la televisión digital terrestre. Es un nuevo tipo de televisión

que transmite por aire, pero con una tecnología digital que permite recibir muchos

más canales que la televisión de aire analógica. Entonces hay toda una cuestión de

adaptación de la tecnología que obliga a que después de determinado plazo haya que

revisar la adaptabilidad de la tecnología existente con la que se va a aplicar. Entonces

eso es lo que se puso en cuanto a la revisión de la aplicación de la tecnología. No es

revisión de contenidos, porque no hay revisión de contenidos. Eso es un fantasma

que se busca crear desde los medios de comunicación concentrados y hegemónicos.

El otro tema es la desinversión. ¿Qué es la desinversión? Si vos querés que una ley

apunte a desmonopolizar o desconcentrar el mapa de medios de alguna manera tenés

que obligar, a través de la ley en un determinado plazo, a que aquel grupo mediático

que está en una posición dominante: por ejemplo, en una misma zona de cobertura

dispone de televisión por aire, por cable. En el caso de la Argentina el Grupo Clarín

tiene el monopolio de la televisión por cable en la región metropolitana de Buenos Aires

y alrededores hay tres empresas: Cablevisión, Multicanal y Telecentro. Cablevisión y

Multicanal son las dos más importantes y te diría que canalizan el 80% de los abonados

de cable de la región metropolitana. Eso es monopolio. Después aparte el Grupo

Clarín tenía el monopolio de la transmisión de fútbol. O sea, el fútbol del campeonato

argentino solamente se pasaba por los canales del Grupo Clarín, pero a parte algunos

partidos había que pagar un abono. O sea que el Grupo Clarín, a través de Multicanal o

Cablevisión, te cobraba el abono de cable y aparte el codificado o el plus para poder ver

el partido codificado. Entonces, volviendo al tema de la desinversión. La desinversión

no es otra cosa que poner en práctica el principio de desmonopolizar. Si lo que vos

querés es que haya menos concentración mediática y menos monopolio a los grupos

multimediáticos que tienen posición dominante le tenés que dar un plazo para que se

retiren de esa posición. En el caso del Grupo Clarín, por ejemplo, debería, según la

legislación, desprenderse de algunos activos. Elegir, por ejemplo, si prefiere quedarse

con Canal 13, bueno, retirarse de TN (...). La discusión que hubo en el Congreso,

incluso de sectores que apoyaron la ley, es si el plazo estaba bien que fuera un año o

tenía que ser más para vender sus activos.

En realidad, la discusión (de) si los van a malvender, yo no creo que los vayan a

malvender. Lo que pasa es que ellos están especulando con que la ley finalmente no

se aplique o sea modificada. Entonces no están realizando ninguna operación como

para vender esos activos. Ese punto sí podría ser una discusión. Yo creo que los

venderían al precio de mercado. Si no existe un plazo de desinversión para (que) los

que están en posición dominante vendan sus activos, cómo desconcentrás el escenario

comunicacional (...). Vamos a reconocer que esta es una ley que afecta intereses,

obviamente. En un escenario concentrado, donde un grupo comunicacional tiene

casi el 60 o 70% de la propiedad de los medios, evidentemente tenés que forzarlos a

desprenderse de algunos de sus activos si se quiere avanzar hacia una desconcentración.

Otro tema que yo planteo es el siguiente: ellos argumentan, desde el Grupo Clarín, que

el oyente, el televidente, el lector, elige libremente y que si ellos tienen el diario más

vendido, el canal de noticias más visto, es porque la gente los elige. En parte es así y

en parte no. Porque, por ejemplo, ahora que el Grupo Clarín no tiene más el monopolio

de la transmisión del fútbol el rating de sus canales de televisión por aire y por cable

bajó muchísimo. Por otro lado, el diario Clarín, que es la nave insignia del grupo,

también está bajando su tirada. O no sé si su tirada, pero sí su venta. Entonces eso

significa que hay un espacio que quiere consumir otras cosas y que quiere alternativas.

Y por otro lado esta ley habilita la pluralidad de voces y democratiza la palabra

porque universidades, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones

comunitarias, organizaciones populares, van a poder ser licenciatarias de señales de

televisión, tanto sea por aire, por cable, y de alguna manera facilita que puedan ser

también sujetos comunicacionales, emisores de mensajes (...).

–Se argumenta en contra de la suspensión que una decisión parlamentaria no puede ser judicializada. ¿Fue ilegal que la Cámara Federal de Mendoza suspenda una decisión del Congreso?

–No, no fue ilegal. Me parece sí que fue una decisión o una triquiñuela, pero legal, o

sea basada en las posibilidades que da la legislación y la justicia. A partir de supuestas

irregularidades cometidas en el momento del debate parlamentario de la ley, algunos

de los actores interesados, no es casualidad que sea desde Mendoza donde surge este

fallo, porque en Mendoza está el segundo o el tercer grupo multimediático concentrado

más grande de la Argentina. Está el grupo Clarín, hay otro grupo que es el de (Daniel)

Hadad y otro grupo que es el de Vila Manzano que es el que proviene de la provincia de

Mendoza. Por eso decía que no es casualidad que surja desde allí. Pero no es ilegal. Lo

que sí es un recurso que busca dilatar los tiempos. Yo creo que incluso los sectores que

impulsan la judicialización y trabar la aplicación de la ley aprobada por amplia mayoría.

Esto hay que recordarlo para los lectores de Paraguay, recordarles que esto fue

aprobado en el Congreso argentino por amplia mayoría y que en la Argentina se han

privatizado empresas, como por ejemplo, si mal no recuerdo, Aerolíneas Argentinas,

sentando a un tipo que no era diputado, lo que se llamó acá –fue un escándalo durante

el gobierno de Menem– el diputrucho. Hay que recordar que esta ley fue aprobada por

amplia mayoría en ambas cámaras y ahora la quieren trabar desde la justicia. Esto va

a terminar en la Corte Suprema, que es el tribunal superior de la Argentina. Y la Corte

Suprema de la Nación va a tener que fallar acerca de la constitucionalidad de esta ley.

–¿Cuál fue el proceso de discusión y debate entre los distintos sectores ciudadanos

en la elaboración de esta normativa? ¿Es una ley kirchnerista o representa el

sentir del conjunto de la sociedad?

–Mirá, quiero ser lo más riguroso e imparcial posible, si es eso posible (...). No es una ley kirchnerista, sí es una ley que ha sido fuertemente impulsada por el gobierno de

Kirchner. Y la verdad que en momentos de mucha polarización política y de

enfrentamiento entre los principales medios privados y el Gobierno como que queda la

ley, que tiene mucho consenso social, como salpicada de la acusación de kirchnerista,

pero no es una ley kirchnerista. Fue una ley que se votó en el Congreso pero antes se

discutió en los foros. Nosotros en la Argentina vivimos en una democracia

representativa, donde se supone que el pueblo –dice la Constitución Nacional– no

delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. O sea que es una democracia

delegativa, que le deja mucho a los representantes del pueblo el rol de deliberar y

elaborar las leyes. A mí me gustaría una democracia más participativa donde haya

instancias más horizontales de participación popular, pero mientras ello no suceda igual

dentro de la democracia que tenemos, la democracia representativa, hay instancias

participativas y en este caso hubo dos series de foros de participación y discusión de la

sociedad civil. Las primeras fueron organizadas por el Comité Federal de Radiodifusión, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En realidad ahora se llama Autoridad Federal de Servicios de Comunicación

Audiovisual (AFSCA). Ahora como está trabada la nueva ley está funcionando como el

viejo Comfer Y fue el Comfer el que organizó una serie de foros por todo el país y allí

podía inscribirse cualquiera, de cualquier ideología, de cualquier filiación política,

universitarios, maestros, gente común, especialistas, gente que trabaja en los medios de

comunicación, empresarios. Todos se anotaban y daban su opinión de lo que había que

hacer con el Decreto-Ley 22285: si había que modificarlo, en qué había que modificarlo, si no había que modificarlo. Eso se hizo por todo el país. Después, como desde el Congreso no reconocieron esa serie de foros como algo legítimo, dijeron que había que hacer una nueva tanda de foros de discusión, pero en el Parlamento. Y se organizó una serie de foros abiertos a toda la comunidad en el anexo de la Cámara de Diputados donde podía presentarse cualquiera y hubo un montón de inscriptos y duraron una semana las ponencias y después de los foros en la Cámara de Diputados se realizaron una nueva tanda de foros pero en el Senado. Entonces fue una ley muy discutida, muy debatida y eso se notó a la hora de la sanción de la ley porque hubo mucho respaldo en la calle. Para la historia de la Argentina es inédito que esperen 50.000 personas en una plaza frente al Congreso a que se sancione una ley. Creo que fue la primera vez que pasó, por lo menos en los últimos tiempos. Estaban todos esperando y cuando se terminó la votación en el Senado y se aprobó la ley, porque ya se había aprobado en Diputados, fue un estallido de alegría. Eso significa que tenía mucho consenso. Si toda la sociedad está interesada en el debate por la ley de radiodifusión. Yo creo que pasa lo mismo que en cualquier otro tema. Una buena parte de la sociedad argentina permanece como ajena a la política, como desinteresada, supuestamente. Pero si le preguntas a la gente del común: por sí o por no de una nueva ley de radiodifusión por sí o por no de mayor participación, de que haya mayor pluralidad de voces, de que tengan menos poder los multimedios. Te van a decir que sí. O sea que en general hay más apoyo que resistencia.

–Ante el masivo apoyo a favor de la ley en la última movilización convocada por

Facebook, los medios procedieron a descalificarla sosteniendo que la logística y

la organización corría de parte del Gobierno que utilizó recursos públicos en su

ofensiva contra la prensa “independiente”.

–Sí, ese fue el argumento que plantearon desde los medios opositores. Yo no quiero

dar una versión ingenua ni maniquea de las cosas. Es probable que el Gobierno esté

muy interesado en que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se pueda

implementar porque fue uno de los logros políticos de su gestión. Y yo estoy seguro

que hubo infraestructura desde el Gobierno nacional que se utilizó para realizar el acto.

Pero me parece que eso no invalida para nada la convocatoria, la cantidad de gente

que se reunió. Hubo gente que no estaba de acuerdo con el gobierno de Kirchner, pero

sí que estaba ahí porque apoya la ley. Y a parte hay que decir algo: las leyes quedan

y los gobiernos pasan. Es muy probable, hay que ver, que en el 2011 quizás gane un

candidato de la oposición. Quizás es presidente Julio Cobos, quizás Mauricio Macri. Y

van a ser ellos los que se van a beneficiar de esta norma, que lo que va a permitir es que

un gobierno se vea menos acosado y asfixiado por los medios de comunicación privados

e impedir al mismo tiempo que esos sean censurados. Porque no es que los medios

privados van a dejar de existir. Todo lo contrario. Incluso van a tener un peso igual de

importante. Lo único que va a haber es nuevas voces (...).

–Es un gran problema que la mayoría de las campañas mediáticas guarden directa

relación con los negocios que tienen sus respectivos propietarios en ciertos sectores.

Esto atenta directamente contra la pluralidad y la libertad de prensa, pues los

periodistas no pueden informar libremente sobre asuntos que afectan a su patrón.

Obvio, claro, es así (...). Incluso entre los medios cuando hay problemas laborales con

sus trabajadores, conflictos por despidos o por salarios no informan en una especie de

código de que yo no cuento lo que pasa en tu empresa vos no vas a hacer lo mismo con

la mía. Y lo bueno de que se pueda desconcentrar y democratizar el mapa de medios es

que esa información también salga a la luz pública.

–¿De qué manera la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vendría

a reparar problemas como la visión interesada y parcialista de los medios?

Yo no creo que vaya a reparar ese problema porque hay libertad de expresión. Salvo

que cometa algún delito, como por ejemplo en la Argentina la apología de algún

crimen, la discriminación racial o levantar banderas o símbolos nazis. Pero si un

comunicador comenta libremente sus ideas está todo bien. Lo que tiene que garantizar

la ley o cualquier legislación para mí es fomentar la pluralidad de voces. Y no solo

la pluralidad de voces, sino que tengan condiciones más o menos dignas y mínimas

para poder competir. Porque si yo digo: está tal canal de televisión tal radio y después

una comunidad aborigen o campesina de Paraguay o de Formosa tiene una radio que

transmite con la potencia mínima y en condiciones muy precarias. ¿Eso es pluralidad de

voces? Y formalmente yo puedo decir que ellos tienen una radio y pueden decir lo que

piensan y después están los multimedios con toda su potencia. Pero no es pluralidad de

voces en lo concreto. En realidad pluralidad de voces sería que estén en las condiciones

más o menos igualitarias o que tiendan a la igualdad y que le permitan a los espacios

que no hoy no tienen la posibilidad de emitir sus mensajes que también se puedan

comunicar y que sus mensajes se escuchen.

Una ley de medios no va a evitar la distorsión, la parcialidad, la línea editorial de cada

medio. Porque es verdad que la comunicación entendida como mercancía hace que

muchas empresas subordinan su línea editorial a defender sus negocios. Eso se va a

seguir manteniendo. Lo que hay que hacer es que con la ley se permita a otros sectores

también comunicar en un piso, con una calidad tecnológica, y con una calidad técnica

en cuanto a los conocimientos de sus profesionales, los recursos humanos, que le

permitan competir con el otro sector.

–La ley dice que pretende incentivar a los medios a mantener su independencia

editorial y periodística, elevar los estándares de calidad y conciencia ético-

profesional, ya sea mediante normas de edición u otras formas de autorregulación. ¿De qué manera se implementaría este mecanismo y cómo se autorregularían los

medios?

–Yo no creo mucho en la autorregulación (...). Me parece que en el ambiente periodístico abundan el oportunismo, la poca sensibilidad por el dolor humano, la búsqueda de la mayor audiencia de cualquier forma posible. Y la verdad que creo tiene que haber una legislación y que esa legislación la debe imponer el Estado como garante del bienestar general porque si no, sobre todo los empresarios de la comunicación que buscan la ganancia y la ganancia está dada por la mayor audiencia posible para lograr el precio más alto en cuanto a la venta de publicidad. Entonces lo buscan de cualquier forma.

No creo que se puedan autorregular. En cuanto a las normas de calidad técnica yo

creo que la tecnología va necesariamente a obligar a todos a mejorar los estándares

profesionales. En el caso de la televisión, por ejemplo. La implementación de la TV

digital, en el caso de la Argentina que en poco tiempo cualquier persona de la región

metropolitana entre Buenos Aires hasta Campana y después en todo el país con un

televisor analógico al que le ponga un codificador o con un televisor digital pueda ver

7 canales de televisión por aire gratis, de muy buena calidad. Por ejemplo Encuentro,

que es un canal de documentales, un canal deportivo, un canal de noticias. El canal 7

que es la TV pública de la Argentina. Eso va a obligar a los canales privados –algunos

ya lo están haciendo– a invertir en nuevas cámaras, en tecnología y también a mejorar

su producción. Por ejemplo en otras épocas era muy común que para abaratar costos

de programación se compraban enlatados: telenovelas de México o de Venezuela,

series viejas de EE.UU. y pasar eso en vez de hacer un programa propio. Con esta

implementación y esta renovación tecnológica el que no se renueva y el que no invierta

va a perder.

–La legislación sobre el régimen de propiedad de los medios no es el único aspecto

que abarca la normativa. Sin embargo, prácticamente toda la polémica se centra

en eso.

–Y sí. Lo que pasa es que hay una pelea de poder. En la Argentina los dueños de los

medios son parte del poder económico. Por algo el Grupo Clarín tiene parte de sus

acciones o tuvo en manos de J.P. Morgan, la banca internacional. Porque el poder

mediático es la expresión, hasta si se quiere ideológica, del poder económico. No

hay que olvidar que, como decía Gramsci, en el concepto de hegemonía. ¿Qué es

hegemonía? Lograr de alguna manera a través del consenso la dominación de una

sociedad, incluso de las clases sociales que no son favorecidas por un determinado

programa económico. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo pasar los intereses de un sector

o clase social como si fueran los intereses del conjunto de la población. Y esa operación

–en eso consiste la hegemonía– para lograrla se necesita esencialmente de los medios de

comunicación. Y por eso la propiedad de los medios de comunicación es una cuestión

esencial en la puja de poder de cualquier sociedad.

–Finalmente, ¿el Grupo Clarín es propietario de Página 12?

Esa es una información me parece vieja. (...) Página 12, en resumidas cuentas,

es un diario de centroizquierda que llegó a vender muchísimos ejemplares durante

el gobierno de Menem. Ahora está un poco más acotado, y en un momento de su

historia lo fundan con dineros que provenían incluso de Nicaragua y de empresarios

que habían estado en los años 70 vinculados a la insurgencia armada, pero entre el 95

y el 97 Página 12 produce una serie de despidos de su personal, una ola de despidos

muy grande. Se flexibiliza mucho la redacción y ahí es cuando el Grupo Clarín se dice

que a través de Héctor Magnetto compra la mayor parte de las acciones. Por eso está el

mito, pero basado en algo real, de que Página 12 es de Clarín. Eso fue así hasta el año

2003, cuando asume Néstor Kirchner. Desde el 2003 en adelante yo creo que Página 12

no es más del Grupo Clarín o tampoco lo es de Héctor Magnetto en forma personal. Y

para comprobar eso basta con leer el diario. Hoy uno puede ver, en este debate en torno

de Clarín, que Página 12 sin ser el medio que más riesgos asume o que más critica al

Grupo Clarín tampoco es funcional a ese grupo, sino que ahora está planteando críticas,

defendiendo la ley de medios, etc. Así que, resumiendo, yo creo que Página 12 hoy no

es más de Clarín; sí lo fue en el pasado.