Melià: “El cultivo de la soja es uno de los rubros más improductivos para el bien del país”

Comparto una entrevista realizada al pa’i Bartomeu Melià el 4 de noviembre del 2011 tras haber recibido el Premio Bartolomé de las Casas. En este diálogo refuta los ataques que recibió del diario ABC Color tras haber criticado los daños ambientales y humanos producidos por el cultivo de soja. Che py’aite guive, según tus propias palabras.

La lluvia daba un aire místico a la abadía (pero no era una abadía). Avanzo por el pasillo al encuentro de aquel bibliotecario que detenta los secretos de la lengua guaraní. Pero no era ciego, de modo que no podía ser tan peligroso, pensé.

El pa’i Melià ya aguardaba con algunos libros y archivos digitales para dar sustento documental a su intervención. Detrás de su escritorio se encontraba un estante, donde se seguían en hileras varios volúmenes sobre cultura guaraní e historia de la orden jesuítica. Pensé que tal vez ahí estaba la entrada al laberinto que escondía la biblioteca secreta. La Novena impregnaba de una sombra oscura el estudio. De pronto apaga la música...

–Pues bien, estamos aquí por aquel editorial de ABC Color, “Falsos prejuicios contra la producción sojera”, que se refiere a las críticas que usted realizara, días después de recibir el premio Bartolomé de las Casas, contra la devastación de los territorios indígenas provocada por el cultivo de la “maldita soja”.

–Le agradezco mucho esta entrevista en la que me preguntan sobre la cuestión de la soja e indígenas. El editorial de ABC del sábado 22 de octubre de 2011 es una construcción o un texto sobre todo ideológico. Precisamente después de alabanzas inmerecidas a mi trayectoria intelectual, que son las que habían motivado la concesión del premio Bartolomé de las Casas, me atribuye falta de conocimiento en la cuestión de la soja, la deforestación y la productividad.

En primer lugar, puedo decir que tengo conocimiento del Alto Paraná, concretamente, y de partes de Canindeyú, desde los primeros meses de 1969. Es decir, más de cuarenta años. Por lo tanto, cuando hablo de deforestación, sé de qué hablo.

Por otra parte, la deforestación no son solo números, sino pérdida y deterioro de modo y calidad de vida. En este sentido, el Alto Paraná ha sido destruido y no hay argumento válido para justificar esta destrucción (y hoy se ve esto todavía más que hace unos años y hoy más que ayer). Esta destrucción es también la destrucción de los pueblos indígenas que están ahí desde tiempos anteriores a cualquier colonización.

Fui autor, junto con el general Ramón César Bejarano y el señor Balbino Vargas, del informe sobre comunidades indígenas en el Alto Paraná en el año 1976, encargado precisamente por la Itaipú Binacional, por mandato del Banco Mundial. Este informe está en los archivos de Itaipú. La deuda histórica y económica que esta tiene hasta ahora con el hábitat y tekoha de los avá-guaraní paranaenses no está saldada. El territorio avá-guaraní fue usurpado, robado, deforestado y destruido. La Industrial Paraguaya, con una compra carente de toda legitimidad, se adueñó de tierras que no podían ser vendidas y que a su vez malvendió. Y lo mismo sucedió con otras de la región.

–¿Cómo ve la actuación del Estado paraguayo?

–El Estado paraguayo, a más de 100 años de la consumación de este ilícito, ya tendría que haberlo revisado. Las tierras de la casi totalidad del Alto Paraná siguen perteneciendo al pueblo avá-guaraní, cuyos títulos legítimos y hoy reconocidos por la Constitución son anteriores a la misma existencia del Estado paraguayo. Se añade a esto el agravante de que el Estado no cumplió con el compromiso de asignar estos territorios a los avá-guaraníes, cuando tenía que haberlo hecho. Estos tienen derecho delante de la justicia, sino es la paraguaya (que ya ha dado demasiadas muestras de su falta de juicio y no digamos de sensibilidad ante el problema), la de un tribunal internacional. Esto vale para tierras tanto del Alto Paraná como para territorios indígenas en Caaguazú, Canindeyú, San Pedro, Amambay e Itapúa.

Esto, que a alguno le puede parecer nuevo, es archiconocido en el libro de Carlos Pastore, “La lucha por la tierra en Paraguay”, y en los trabajos más recientes de Kleinpenning (cuatro gruesos volúmenes aparecidos entre 2003 y 2009, con traducción al castellano de una parte: Paraguay 1515-1870, Ediciones del Bicentenario/Tiempo de Historia, en 2011), que presentan diversas informaciones, fechas y mapas para mostrar la magnitud del desastre ecológico y económico del Paraguay, llevado a cabo ya antes de 1963, es cierto, pero agravado en extensión y profundidad después del Tratado de Itaipú.

–¿Cuál es el beneficio que reporta la soja?

–Es en ese contexto en que hay que situar la cuestión de la soja con la deforestación irracional y abusiva y la baja productividad que representa su cultivo y otros rubros de la agroindustria para el país. A ello hay que añadir los datos, para mí, más dolorosos porque afectan directamente a la vida de las personas, a sus derechos y futuro, de destrucción humana, cultural e incluso lingüística, porque conllevan la expulsión de comunidades indígenas y campesinas de su hábitat tradicional, con gravísimos perjuicios sociales, pero también económicos para el país. También hay que agregar que los aportes mínimos y bajísimos que representa a la economía son tan ridículos que, más que reír, hacen llorar.

–El diario sostiene que este rubro solo ocupa un 6% del territorio y que del problema de la deforestación son más culpables los indígenas y campesinos.

–A propósito de cifras, las que yo manejo de manera muy concreta coinciden en sustancia con las que fundamentalmente da a conocer el Dr. Andrew Nickson, en un comentario que adjuntó a la edición digital de la editorial que comentamos. La soja, por ahora, se desarrolla en la Región Oriental y ocupa aproximadamente el 17,5%. El porcentaje ocupado en la Región Oriental es relevante porque es aquí donde vive el 97% de la población. La cifra de 6% es una manipulación ideológica, que solo puede engañar a personas que no saben leer.

Otras cifras que manejo son estas: el avance de la frontera agropecuaria necesariamente se hace a costa del bosque nativo en el país. En el periodo entre 1976 y 2005, que incluye los últimos años del primer boom sojero y la primera parte del boom de la soja transgénica, se desmontó el 80% del Bosque Atlántico de Alto Paraná. Aunque desde el año 2004 existe una ley de deforestación cero en la Región Oriental del país, su cumplimiento está lejos de estar asegurado. Mientras tanto, el desplazamiento de la producción ganadera hacia el Chaco ha redundado en colosales tasas de deforestación que en unos periodos han superado 500 hectáreas desmontadas por día en un ecosistema sumamente delicado, según ABC Color, 3 de julio, 2010.

Hay que decir incluso que ahora no son 2.500.000 hectáreas de cultivo de soja, ya que este año serán 3.000.000, lo que hace exactamente el 20% del territorio de la Región Oriental. Y conste que esta cifra se refiere solo a lo cultivado, ya que un mediano o gran propietario sojero no cultiva toda la tierra que tiene con soja, con lo cual se debe presumir que al menos la cuarta parte del territorio de la Región Oriental está ocupada por sojeros. El argumento de que parte de la soja es cultivada en campos y pasturas lleva a la cuestión de preguntarse hasta qué punto estas pasturas no son montes deforestados. Y ahí no se puede olvidar que la aplicación de pasturas al cultivo de la soja ha trasladado al Chaco otro problema similar de consecuencias también catastróficas.

El diario ABC Color del 3 de junio del 2010 ya nos informaba que la deforestación en el Chaco alcanzaba hasta 500 hectáreas por día, proceso que continúa más intenso todavía en el 2011, según el mismo diario. Por el ejemplo, el 13 de octubre del 2011 se daba la noticia en el mismo diario de que en el Chaco se alcanza la cifra de 1.200 hectáreas deforestadas por día. Esto precisamente porque la ganadería de la Región Oriental está pasando a ese Chaco en el cual hay también proyectos agroindustriales, en buena parte de capital extranjero (brasileño, uruguayo, alemán, etc.), que se han trasladado ahí.

Estas cifras, que ciertamente no pretenden ser un estudio completo, son un indicativo de la gravedad de lo que considero verdadero delito ecológico y contra la población paraguaya, que no se beneficia casi en nada en este proceso. La destrucción ambiental no se limita a la pérdida de la biodiversidad. Hay erosión de los suelos, hay desgaste de la fertilidad de la tierra, hay mayor dependencia de fertilizantes químicos, las aguas superficiales están contaminadas y es preocupante la contaminación subyacente del Acuífero Guaraní subterráneo. Esta cuestión de cifras se desdobla trágicamente sobre la población humana. Nunca como en los últimos años ha habido tanto desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas como ahora. La indignación de estas poblaciones pretende ser acallada mediante prejuicios de carácter racista y discriminatorio, que constituyen delito. Es un tema sobre el cual voy a volver detenidamente. Por desgracia los prejuicios racistas no han disminuido desde los tiempos coloniales y más bien han sido renovados y actualizados por parte de esa burguesía migrante instalada en el Paraguay en el siglo XX.

Los títulos de propiedad y los impuestos.

–Agradezco que el editorial de ABC del 22 de octubre haya sido el disparador de un debate, que no tiene que quedar en mero debate intelectual, sino llevar a una revisión efectiva de cuestiones de Estado, como el origen de los títulos de propiedad, de su validez, las leyes tributarias que deben aumentarse en proporción geométrica a la extensión de esas propiedades y el tan necesario y todavía inexistente Impuesto a la Renta Personal (IRP). Ya es hora de que en pleno siglo XXI se impongan tributos e impuestos sobre la propiedad de la tierra como se hace en la mayoría de los países del mundo. La sustracción de este tributo al país y la sistemática oposición a una legislación justa al respecto, coloca a los sojeros y afines en el límite del delito. Amparados en privilegios e interpretaciones adulteradas de ciertas leyes, hacen caso omiso de leyes esenciales, como las relativas a deforestación, ocupación de tierras en franjas que les están prohibidas, invasión de parques ecológicos, negación de territorios indígenas y alquiler de tierras que no pueden ser alquiladas según la Carta Magna del país. Las denuncias por casos concretos de usurpación de tierras indígenas ocurren cada día, por ejemplo las últimas de que tengo noticia actuadas en Itakyry el 2 de noviembre de este año del 2011 y el largo proceso de Makutinga en Itapúa, que es un verdadero atentado al pueblo mbyá y a sus derechos ancestrales.

De momento, el cultivo de la soja es uno de los rubros más improductivos para el bien del país, como lo era y todavía lo es el negocio de la madera. Por este camino el aumento de la pobreza en el Paraguay será cada día más alarmante y no solo por una cuestión de cifras, sino por el dolor y menoscabo de tantas personas a las cuales se les niegan derechos fundamentales, dado el despojo que estas formas de agroindustria producen. La pobreza y la miseria aumentan en proporción del latifundio y el agronegocio. Si hay productividad, tenemos una productividad de pobreza en el Paraguay.

"No voy a negociar sobre la muerte de mi hermano"

Tras el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que insta al Estado paraguayo a realizar una investigación “efectiva y exhaustiva” sobre intoxicaciones que habrían sido producidas por fumigaciones con agroquímicos en la Colonia Yerutí, departamento de Canindeyú, comparto nuevamente una entrevista realizada en diciembre de 2014 a Norma Portillo, hermana de Rubén Portillo, fallecido el 6 de enero de 2011 tras padecer un cuadro de intoxicación por causas que apuntan a los “defensivos químicos” utilizados en el cultivo de soja. 
 

Fumigación de cultivo de soja que no cuenta con la barrera viva reglamentaria.

A parte de la soja, ningún otro vegetal se interpone entre las parcelas fumigadas y el camino vecinal que conduce a la Colonia Yerutí. Apenas al cruzarse con el tractor que pulveriza el matatodo, dolores de cabeza y aguda picazón en la garganta son los primeros síntomas que afectan al visitante. Bastan unos segundos para caer presa de la náusea. La realidad diaria de los pobladores es tener que cruzar, ya sea a pie o en moto, varios kilómetros para salir a la Ruta 10, muchas veces mientras se pulverizan los sojales.

Tras más de 10 kilómetros de un camino de “aventura”, llegamos a la casa de Norma Portillo, hermana de Rubén, quien antes de perder la vida padeció un cuadro de fiebre, vómitos y diarrea. Él contaba por entonces con 26 años y vivía en la última casa de la Colonia Yerutí Segunda Línea. Semanas antes de su muerte le habían aparecido en la boca y rostro erupciones que supuraban.

La mayoría de los pobladores carecían de agua potable y se abastecían de un pozo. Entre el 8 y el 13 de enero de dicho año, veintidós personas requirieron atención médica por presentar síntomas similares, entre ellas la compañera de Rubén, su hijo de dos años y su madre. La familia Portillo presentó una denuncia penal por homicidio, puesto que el fiscal Miguel Ángel Rojas solo abrió una causa por “supuesto hecho punible de transgresión de las normas ambientales-intoxicación”, sin investigar la relación entre la muerte y la exposición crónica a las fumigaciones realizadas sin las barreras vivas reglamentarias, además del acceso a agua, alimentos y suelos contaminados.

Operadores del oparei

En lugar de investigar la responsabilidad penal de los sojeros, la fiscalía actúa de intermediaria para la impunidad y el oparei, patrocinando “negociaciones amistosas” entre los denunciantes y denunciados. “La fiscalía me preguntó si no quiero negociar una solución con los sojeros. No voy a negociar sobre la muerte de mi hermano”, se indigna Norma, sin por ello perder su imperturbable serenidad.

Norma Portillo, hermana del fallecido Rubén.

Su firme resolución de no llegar a “acuerdos” con los sojeros que fumigan impunemente a la comunidad y siguen deforestando para ampliar el área de siembra de soja le han valido hasta amenazas de muerte.

"Los sojeros me acusan de que yo les persigo. Me mandaron decir que me quieren conocer. Ellos dicen que van a plantar hasta donde quieren. Si ellos dicen que van a hacer, seguro que van a hacer porque nadie les dice nada", remarca.

Yerutí colinda con tres grandes estancias: Cóndor, Hermanos Galhera y Campos Morombí. “Campos Morombí tiene su reserva gua’u, pero ellos quitan rollos y hacen postes. Si es reserva para mí que eso no se puede hacer. También tienen maíz y soja, que quieren tapar mostrando la parte linda en la tele”, añade.

Campo deforestado para el cultivo de granos en Yerutí.

Norma recuerda que la hija de Blas N. Riquelme había prometido que compraría la producción campesina para su supermercado, lo cual nunca ocurrió. Pero eso sí. No faltaron las protocolares fotografías para ilustrar la propaganda de “responsabilidad social empresarial” y la supuesta asistencia a los labriegos de la que se jacta la firma en cuanto espacio tiene para justificar la usurpación de las tierras públicas de Marina Cue, escenario de la masacre de Curuguaty.

Despoblamiento

Por el estado de los caminos, la falta de mercado y los bajos precios pagados por los intermediarios a la producción campesina, la comunidad se va despoblando ante el avance de la soja. Asimismo, en rápido retroceso se encuentran los pocos bosquecillos que aún protegen a las familias que se reafirman en vivir y cultivar la tierra en su comunidad.

De hecho, dejarse asimilar por el modelo tampoco es fácil. Norma nos relata que algunos probaron cultivar soja en sus parcelas de dos a tres hectáreas, teniendo que fumigar con mochilas ante la falta de máquinas. Los costos de las semillas y los venenos hacen que solo la producción a gran escala sea rentable, quedando los agricultores endeudados y sin sus cultivos de autoconsumo, teniendo que entregar sus terrenos para saldar las deudas contraídas.

Otro gran escollo es el de la escolaridad. En la Segunda Línea de la colonia la escuela solo tiene hasta sexto grado y para terminar el ciclo básico los niños deben hacer un recorrido de 10 km hasta la escuela de la Primera Línea. Este trayecto supone graves riesgos para los niños, entre ellos los problemas derivados de la exposición a los agrotóxicos.

Finalmente, en este contexto de desprotección y represión al campesinado que reclama su derecho a vivir en un ambiente saludable, es preciso tener en cuenta que, tal como lo advierte el jurista Raúl Zaffaroni, cuando se deja de tener fe en el derecho y las soluciones jurídicas, solo queda la violencia.

“No está comprobado que los transgénicos no dañen la salud”

Jorge González, de Base Investigaciones Sociales.

 Jorge González, de Base Investigaciones Sociales (Base IS), nos habla en esta entrevista de las consecuencias en términos negativos del cultivo intensivo y extensivo de transgénicos así como las dudas sobre su inocuidad. González sostiene que “no está probado que los transgénicos no dañen la salud”. Ante esa duda, se debe imponer el principio precautorio. Es decir que, al no existir evidencia concluyente sobre la no toxicidad de esos productos, debe suspenderse su implementación hasta que se demuestre que no dañen la salud.

En Argentina se tienen ejemplos de primera mano sobre esta inversión de la carga de la prueba. Si antes eran los afectados quienes debían demostrar científicamente la relación entre las fumigaciones y las enfermedades que padecían; actualmente, ante la duda, son los empresarios y tecnólogos los que deben demostrar que tales cuadros epidemiológicos no son consecuencia de las aspersiones de agrotóxicos.

González se remite a los resultados obtenidos por Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador del Conicet de Argentina, en la investigación titulada “Herbicidas basados en glifosato producen efectos teratogénicos en vertebrados interfiriendo en el metabolismo del ácido retinoico”. En las exposiciones controladas a glifosato a las que estuvieron expuestos embriones de anfibios aparecieron las siguientes morbilidades reproductivas: “microftalmia (ojos más pequeños de lo normal), microcefalia (cabezas pequeñas y deformadas), ciclopía (un solo ojo en el medio), malformaciones craneofaciales (deformación de cartílagos faciales y craneales), acortamiento del tronco embrionario, deformaciones del aparato digestivo, respiratorio y de los tejidos que forman el corazón”.

En la presentación de su trabajo en Asunción, el propio Carrasco explicó que las malformaciones se daban a raíz de la alteración de las segregaciones de ácido retinoico, un metabolito de la vitamina A que regula el crecimiento. El investigador agregó que los resultados obtenidos con anfibios son extrapolables a los humanos porque todos los vertebrados desarrollan un proceso embrionario común.

–¿Qué implicancias y efectos representa el uso de transgénicos?

–Y en primer lugar implica el uso de un paquete de agrotóxicos que tiene una patente, un dueño, como Monsanto, al que se debe pagar regalías. Los cultivos deben ser extensivos y mecanizados, para lo cual deben tumbar grandes superficies de bosques desplazando comunidades humanas, campesinas e indígenas, principalmente. Según datos oficiales de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC), la migración anual del campo a la ciudad es de 90.000 personas. Se calcula que la mitad es debido a la extensión de la soja. O sea que los campesinos e indígenas están siendo expulsados.

Además son cultivos derivados de laboratorio, pero que no salen de la nada. Empresas como Monsanto toman gratuitamente muestras de un patrimonio cultural y alimenticio de los pueblos como el maíz, lo llevan a sus laboratorios, le cambian un gen, patentan y luego cobran por lo que en principio era de uso libre y público. Luego está el riesgo de contaminación genética de las plantaciones aledañas a través del viento o la polinización de las abejas. Hay un peligro de que se uniformen todos los cultivos. En México se encontraron genes de RR e IVT,

de la Monsanto, en maíces criollos, lo que muestra la contaminación genética.

Para aumentar la producción ganadera se están cambiando los patrones alimenticios de los animales. Por ejemplo, se les está dando balanceados a base de maíz y soja, principalmente. Estos ganados, al empezar a comer granos, desarrollaron en sus estómagos bacterias como la E. coli, que generó muertes masivas de animales y, en consecuencia, crisis alimentaria.

También se producen ganancias muy concentradas. En el año 2010, el de la superzafra, en que se creció 14%, simultáneamente surgieron casi medio millón de pobres extremos. Para los ganaderos también fue un año óptimo. Según datos oficiales del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), de cada 100 ovillos faenados en frigoríficos, 97 se exportaron. En paralelo a esa producción, los precios de la carne subieron como nunca. Este modelo de producción crece de espaldas a las necesidades del pueblo paraguayo. Dicen que produjeron alimentos para 50 millones de personas, pero en nuestro país el hambre creció.

De hecho, en 2010 el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), tomando sus propios datos y los de Aduanas, el Censo Agropecuario, el Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Industria y Comercio, mostró que al mismo tiempo que aumentaron los cultivos de soja, que fundamentalmente se exporta para alimentación de ganado, creció la importación de alimentos, sobre los que no hay ningún control. Estas plantaciones van copando los territorios que usualmente se utilizaban para el cultivo de rubros alimenticios.

–¿Y en materia de contaminación ambiental y daño a la salud?

–Como dijimos, el cultivo de transgénicos necesita un paquete de agrotóxicos. Según datos de la Senave, solo en Paraguay se usan 20 millones de litros de glifosato por año en la soja. Y eso no le sale gratis al equilibrio ambiental, a los arroyos, a los ríos. La tierra absorbe eso y se van degradando los minerales y el ejército de bacterias benéficas que tiene el suelo.

La mayoría de los estudios que tenemos sobre efectos en la salud es por exposición a las fumigaciones. La doctora Estela Benítez Leiva hizo una investigación en el 2007 en el Hospital Regional de Encarnación que muestra que aquellas madres embarazadas que viven en un radio de 1 km de los cultivos de soja que se fumigan sufren la posibilidad de que su hijo nazca con malformaciones o incluso de tener aborto espontáneo no deseado. Esas fumigaciones con glifosato principalmente afectan la salud reproductiva y el derecho a la vida de las comunidades.

También está la investigación del doctor argentino Andrés Carrasco, jefe del laboratorio de embriología de la UBA, que demuestra que el glifosato afecta el correcto desarrollo del embrión. Su experimento fue con anfibios y vertebrados que tienen la misma mecánica embrionaria y desarrollo genético que el ser humano.

La gran pregunta ahora, después de que este gobierno de facto y su ministro de salud Antonio Arbo hayan liberado el maíz transgénico, es si ese maíz que recibe dosis de glifosato cuando va a la mesa sigue teniéndolo. Hay estudios a nivel mundial que demuestran que conservan un grado de toxicidad.

En Canadá dos científicos de la Universidad de Sherbrooke tomaron muestras de sangre a mujeres que estaban embarazadas y a otras que no. En primer lugar se verificó que no hayan estado expuestas a fumigaciones de glifosato o glufosinato. Se encontró en la sangre de estas mujeres glifosato, glufosinato y toxinas BT. La hipótesis es que llegó a la sangre a través de la dieta. O sea que a pesar de toda la cadena no se degradaron en el organismo.

Concretamente, no está probado que los transgénicos no dañen la salud. Esto está en revisión y mientras no se compruebe totalmente  no se puede liberar para consumo humano. Debe prevalecer el principio precautorio de la salud. Ante la duda, se debe privilegiar a la población y no a un puñado de cinco empresas.

–Es decir que, como mínimo, se está violando el principio precautorio y se está exponiendo a un peligro potencial a la población al habilitar un producto cuya inocuidad no está fuera de duda.

–Justamente eso nosotros le cuestionamos a este ministro de facto. Antonio Arbo dice: vengan a demostrar por qué es nocivo para la salud. Debe ser al revés. Para que él firme la liberación de esos productos bajo sospecha las empresas y él mismo deben demostrar que no son tóxicos. Estas corporaciones como Monsanto tienen un poder político muy grande en todo el mundo. Nunca presentan acabadamente sus estudios. Siempre presentan a medias o en términos ambiguos.

Hace poco en Argentina salió una fallo que condena a medidas alternativas a un productor sojero y a un fumigador aéreo por hacer pulverizaciones con glifosato y endosulfán en el barrio Ituzaingó, anexo de Córdoba. En este barrio se dispararon los casos de cáncer. En 2005 se hicieron a niños de ese barrio estudios de sangre. De cada 10 niños, 9 tenían esa sustancia en la sangre. Las madres entablaron una demanda y ganaron, pero solo consiguieron medidas alternativas.  

 El fiscal incluso manifestó que tenía la intención de pedir a las autoridades sanitarias argentinas una revisión general de la clasificación de la toxicidad de esas sustancias, principalmente el glifosato. La OMS considera al glifosato moderadamente tóxico y no cancerígeno, pero la doctora Benítez Leite dice que esa clasificación se hace de acuerdo a la exposición aguda, instantánea, pero el glifosato actúa de manera crónica, en el tiempo, se va acumulando en el cuerpo.  

–Se supone que la liberación se hizo luego de estudios exhaustivos y que los resultados están disponibles para que todos los consumidores puedan consultarlos libremente.

–El secretismo es el instrumento que utilizan para ir entrando. No se respeta el derecho a la información. El doctor José Mayans escribía justamente que le hubiera gustado que antes de la liberación se hayan hecho más estudios sobre la estabilidad genética en la cuestión nutricional y la alerginicidad. La información se esconde. Nosotros entrevistamos a un representante del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) del Ministerio de Salud y le preguntamos cuáles son los cultivos transgénicos que están en estudio y cuya liberación las empresas están gestionando. Y él nos respondió que no nos podía decir porque hay un decreto que protege el secreto corporativo. Entonces, ¿qué pesa más, qué es más justo? ¿El derecho a la información de toda la población que va entrar a consumir quién sabe qué cosa o el secreto empresarial de esas corporaciones? ¿Si los transgénicos no son perjudiciales, por qué se oponen a que en los supermercados los productos aclaren, por ejemplo, que esta o aquella galletita utiliza glucosa o jarabe de maíz transgénico? Es una lucha que estamos llevando así como se logró luego de años que en las cajas de cigarrillos se inscriban las leyendas sobre el perjuicio a la salud. Hasta lo último maniobran para que no se dé a conocer la información sobre el origen de los alimentos.

Para la liberación del algodón de Monsanto que usa el tan cuestionado glifosato se violaron abiertamente normas, leyes y procedimientos elementales. Cuando se presenta una solicitud de este tipo, la reglamentación dispone que se deben hacer ensayos regulados, que deben ser supervisados por las instituciones. No se hicieron estudios de viabilidad agronómica.

–Al parecer las malezas y los hongos son cada vez más resistentes a los agrotóxicos, lo cual obliga a usar más cantidades de químicos y recurrir a otros que ya habían caído en desuso. Sin embargo, los defensores sostienen que los transgénicos necesitan menos herbicidas y fungicidas.

–El mayor exponente de esos disparates es el propio presidente de facto Federico Franco. Es una falta de respecto a la salud pública paraguaya y más todavía para aquellas comunidades fumigadas permanentemente. Con respecto a eso de que se usan menos “defensivos”, como le llaman, se sabe que las especies generan resistencia y hay que crear sustancias más fuertes, más nocivas o hay que aplicar más cantidades.

Eso no descarta tampoco que las propias empresas, que tienen un accionar medio de matón y muy poco ético, estén metiendo puntos débiles en sus especies para vender los químicos, como hacen con los virus en la informática. Por ejemplo, el algodón BT puede estar preparado para repeler mariposas y el gusano oruga, pero no el picudo, que es el huésped más indeseado en el algodón en Paraguay. Entonces igual debe usar productos para este picudo.

En las experiencias de este algodón de Monsanto en Colombia y en India se demostró que es mentira que usen menos químicos. La propaganda es que ya viene incorporado el insecticida, pero también se comprobó que mata insectos benéficos como las abejas. Las abejas pueden transportar esos tóxicos a sus colmenas y con eso hasta la miel que consumimos ya está en duda.  Se están viendo fenómenos como la colmatación de colmenas, que implica una muerte generalizada de las abejas dentro de las colmenas. Lo natural es que las abejas mueran fuera de sus colmenas, pero ahora están muriendo adentro. Las abejas están desapareciendo en las zonas donde se hacen las fumigaciones.  

El agronegocio necesita cada vez más agroquímicos porque la uniformidad de los cultivos degrada la biodiversidad  matando insectos benéficos y otras especies que se regulan mutuamente. Frente a todo esto se puede contraponer la diversificación de fincas agroecológicas. “Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultivando pequeños huertos…que alimentarán al mundo”, como dice el proverbio africano.

“La soja mata a los amigos del hombre”

Sala Molière de la Alianza Francesa

  

Los grafitis callejeros gritan al unísono de los alaridos del campo. Salir de la sala del cine y bajar la avenida para escuchar un clamor que no sale en los diarios. “Cárcel para Favero”, rezan los caracteres trazados en aerosol sobre las paredes externas de las oficinas de un ente agrario.

Resistencia en aumento, una coproducción suizo-alemana dirigida por Bettina Borgfeld y David Bernet, fue estrenada en Asunción el fin de semana pasado en el marco del ciclo de cine de la Francofonía de la Alianza Francesa. El filme cuenta la historia de una comunidad rural de Minga Guazú, Alto Paraná, en su lucha por la vida. El documental presenta “los conflictos entre dos intereses económicos y estilos de vida opuestos en la actualidad. Por un lado, los empresarios de la agricultura mecanizada, dirigida a abastecer la demanda globalizada de la soja, y por otro lado los pequeños agricultores que no pueden seguir cultivando, ni siquiera viviendo al lado de las grandes plantaciones por razones de salud, y que por sus acciones de resistencia son criminalizados por el mismo gobierno, incapaz de resolver esta agravante situación”, se lee en un fragmento de la sinopsis.

Los casos de enfermedades vinculadas a exposición a agroquímicos aumentan. Un niño cuenta cómo luego de pegarse un chapuzón en el arroyo empezó a sentir un dolor insoportable en los ojos. Luego, en la escuela, ya no pudo ver sus libros. Su vida queda marcada por un signo trágico: la ceguera. Bidones del herbicida se amontonan a la vera del cauce. El diagnóstico médico apunta a los venenos agrícolas como la causa.

Las plantaciones llegan hasta el borde de los caminos y las casas. Nada de las franjas de seguridad reglamentarias. Las nubes de glifosato esparcidas en los cultivos mecanizados empapan a las poblaciones vecinas. Si en principio se fumigaba 2 veces al año, progresivamente la cantidad aumenta a cuatro, seis... Algunas malezas mutan y se vuelven resistentes a los herbicidas. Las dosis deben ser incrementadas.

Esto es una guerra, dice un poblador, mientras carga el tambor de su revólver. Estoy dispuesto a usarlo, asevera con gesto decidido. De todas maneras estamos muriendo envenenados. “Es mejor morir parados que arrodillados”, agrega.

Las historias de vida se intercalan con entrevistas a científicos y biotecnólogos. La agricultura es una de las industrias más destructivas, argumenta uno; en tanto, otro destaca el “milagro” de la transformación genética de una planta para que sea capaz de soportar un químico que destruye todo a su paso.

Los plantíos de rubros alimenticios aledaños a las extensiones de los monocultivos quedan enfermos al ser afectados por los agrotóxicos dispersados por el viento. El glifosato rompe las células de las plantas y estas mueren. “La soja mata a los amigos del hombre”, se lamenta Gerónimo. Ya no pueden comer sus manduvi y otras especies expuestas a las fumigaciones de los sojales adyacentes. “Una comunidad pequeña en un mar de soja.  Eso somos”, reflexiona. La gente se va porque se ve obligada a vender sus tierras, ya que no se puede vivir bajo el acoso agresivo de esa marea verde. “Pero nosotros no nos iremos, este es nuestro hogar, nuestra tierra, y por ella lucharemos”. Luego advierte: “Han venido a sacudir un panal y como las avispas nos defenderemos”.

“Al menos podrían esperar que pase el viento. No nos respetan para nada”, se indigna una mujer al observar la máquina pulverizando los pesticidas sobre sus rostros. Pero ya basta. “Jaha. Ani jakyhyje lo mitã”, exclama un poblador para animar a sus compañeros de la comunidad. Están decididos a enfrentar la amenaza y defender la vida de sus hijos. Detienen el tractor.

Muerte, enfermedad y contaminación. Estudios realizados a los pobladores indicaron que, de cada 9 de ellos, 3 están gravemente enfermos con cuadros relacionados a la intoxicación por exposición a pesticidas. Qué dicen las instituciones: imputación por invasión de propiedad privada y ante las protestas en las calles de  Asunción, el bastón policial.

Es la ley del poder, dice un propietario brasilero. “Si usted quiere aumentar su propiedad, puede aumentarlo sin ningún problema”, añade, reafirmando que el que manda en este asunto es el capital. Luego relata que cuando llegó a Paraguay se dedicó a talar bosques. “Esto era una selva llena de leopardos y otras amenazas y nosotros la convertimos en tierras aptas para la agricultura”, se enorgullece.

Entretanto, una kuñakarai cuenta que a veces sueña con el bosque. Luego el rugir sin cesar de las topadoras la despierta. El bosque ya no está.

Galardón de derechos humanos

Gerónimo Arévalos, protagonista-narrador-entrevistado de este documental, fue condecorado con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Golden Butterfly por la experiencia retratada en la película. Algunos de los nominados en la categoría A matter of act fueron, entre otros, el palestino Emad Burnat –por el documental 5 cámaras rotas, que relata su experiencia de filmar la pérdida de territorios de su pueblo por el avance de la colonización hebrea y las violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército invasor de Israel– y el disidente chino Ai Weiwei, en Nunca lo sientas, un film que muestra un espacio de tres años de la vida de este artista y su arte de provocación al régimen dictatorial.

Ficha Técnica

Resistencia en aumento (Raising resistance)
Suiza / Alemania 2011 - Color 85 min – ATP

Directores: Bettina Borgfeld y David Bernet

Documental con agricultores y agroempresarios del Paraguay, empresarios y científicos de Europa y EEUU.

Premio Mejor Documental en el Festival de Nyon Visions du Réel 2011