La tierra: madre de todas las luchas

La acumulación capitalista en el Paraguay tiene su expresión más violenta en la tenencia de la tierra. 

Los resultados del Censo Agropecuario Nacional muestran que el 2,6% de las fincas acaparan el 85,5% de la superficie. 

Según el censo agropecuario del 2008, el 85,5% de la superficie censada es acaparada por el 2,6% de las fincas de 500 o más hectáreas.

Si de por sí estos grados de concentración resultan escandalosos, el problema se agrava si consideramos que una gran porción de ellas han sido adquiridas de manera fraudulenta durante el periodo de la tiranía de Alfredo Stroessner.

Reafirmando el carácter profundamente antidemocrático del sistema capitalista y de cualquier cosa que se le parezca, en nuestro país, como en gran parte de la región, la estructura de la propiedad de los medios de producción se ha forjado bajo el amparo de las dictaduras militares patrocinadas por Washington.

En el caso que nos toca, la Comisión de Verdad y Justicia consigna en su informe sobre tierras malhabidas que entre 1954 y 2003 el Estado entregó 12 millones de hectáreas, de las cuales 7, 8 millones fueron adjudicadas ilegalmente entre jerarcas del stronismo, militares, empresarios amigos, etc. Es decir, el 60% de las tierras fueron destinadas a personas no sujetas a la reforma agraria. Esta distorsión de la figura de la reforma agraria, más que desacreditarla, lo único que demuestra es la necesidad impostergable de llevarla a cabo.

La muestra más patente nos proporciona el caso Curuguaty, un producto de las desviaciones –por decir lo menos– en que se apoya la propiedad rural en nuestro país. ¿Es acaso necesario reiterar que los mártires caídos aquella mañana solo reclamaban lo que por derecho les correspondía? Es decir, tierras del Estado que debían ser destinadas a asentamientos campesinos, pero que estaban siendo ocupadas por la empresa del fallecido empresaurio colorado Blas N. Riquelme.

Tierras fiscales de Ñacunday que debían ser colonias campesinas. El 90% del territorio está cubierto de soja.  

Y casos como estos se multiplican, como por ejemplo el “rey de la soja” Tranquilo Favero, cuyas estancias Toro Blanco, Santa Catalina y Campobello ocupan casi 200.000 hectáreas de tierras fiscales solo en el Chaco. Igual mención se merecen las tierras de Ñacunday, donde el informe de la intervención del Indert encontró que las 30.000 hectáreas de tierras fiscales que debían ser destinadas a colonias campesinas están cubiertas en un 90% por plantaciones de soja.

Los tres ejes de la problemática

El economista Luis Rojas, de Base Investigaciones Sociales, ha dividido el problema de la tierra en Paraguay en tres ejes fundamentales: la estructura de la tenencia de la tierra, la legislación y las políticas públicas.

A los fines de esta exposición, nos centramos especialmente en el primer punto. En los últimos años la problemática se ha ido agravando en la medida del avance del agronegocio.  Si en el año 1991 las fincas de entre 20 y 100 hectáreas sumaban 1.359.000 hectáreas, para el 2008 estas bajaron a 1.079.000 ha. En contrapartida, en 1991 las fincas de más de 100 hectáreas llegaban a 20.988.000 ha y para el 2008 sumaban 30.107.000 ha. Es decir, en ese periodo de 17 años se ha registrado un movimiento en dos direcciones contradictorias. Por un lado, la disminución de las fincas de 20 a 100 hectáreas y el aumento de las que tienen 100 o más hectáreas. 

Esto a su vez ha invertido la distribución de la población en las zonas rurales y urbanas. Si en el año 1962, de acuerdo a los datos proporcionados por el mismo economista, el 62% de la población se concentraba en zonas rurales con relación al 32% que se asentaba en zonas urbanas, para el año 2012 el 67% de la población pasó a residir en zonas urbanas y el 33% en zonas rurales.

Pero la cuestión radica en que la dinámica de desplazamiento ha sido forzada y no voluntaria, principalmente a raíz de que pequeños productores cercados por grandes monocultivos transgénicos se ven obligados a migrar por la destrucción de sus cosechas alcanzadas por el glifosato y por la imposibilidad misma de seguir respirando el aire fumigado. 

Todo esto ha derivado en que más del 50% de los hogares rurales carezcan actualmente de tierras. Aunque Rojas sostiene que no existen datos oficiales sobre la cantidad de familias sin tierras, remitiéndose a la Encuesta Permanente de Hogares de 2009, que ha censado a 600.346 hogares rurales, y el Censo Agropecuario 2008, que ha cuantificado 288.875 fincas rurales, se puede llegar a la conclusión de que las familias sin tierras sumarían 311.471.

La ley y el latifundio

La Constitución Nacional, en su artículo 115 “De las bases de la reforma agraria y del desarrollo rural”, estipula que “La reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo con las siguientes bases:

1) la adopción de un sistema tributario y de otras medidas que estimulen la producción, desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequeña y la mediana propiedad rural, según las peculiaridades de cada zona”.

Rojas retruca que “el impuesto inmobiliario no desalienta el latifundio, sino lo estimula, dada la bajísima carga tributaria que representa, solo el 1% del valor fiscal de la tierra, no el valor de mercado”.

En este sentido, el economista ejemplifica que en Alto Paraná el valor fiscal de una hectárea es de unos 45 dólares frente a unos 5.000 dólares del valor de mercado. Pero el impuesto a pagar se deduce de su valor fiscal, por lo que el impuesto abonado es de 0,45 dólares en lugar de por lo menos 50 dólares.

Otra expresión de que el orden de la propiedad rural está basado en el fraude es la inexistencia de un catastro, lo que, entre otras cosas, provoca la superposición de títulos, que en total suman más de 500.000 km² cuando que la superficie del país es de 406.752 km².

 Tierras del Indert ocupadas por la estancia Toro Blanco de Tranquilo Favero. 

Así se entiende muy bien por qué los detentadores de este orden y sus voceros mediáticos gruñen amenazadoramente cuando apenas se pronuncia la palabra para ellos prohibida: mensura. Recordemos precisamente que en el intento de mensura en Ñacunday los grandes propietarios ya habían instalado el cháke del juicio político contra Fernando Lugo.

Aunque la ley declarativamente se exprese en contra del latifundio, sabemos que la llamada “institucionalidad democrática” es apenas una proyección y un mundo ordenado por la fuerza del capital. En Paraguay será posible discutir muchas cosas, pero la tierra es un tema vedado. No obstante, como dijera el periodista Julio Benegas, si en este país “no se disputa la tierra nada esencial se disputa”.

Fuentes

Censo Agropecuario Nacional 2008. Disponible en: http://www.mag.gov.py/PresentacionCAN2008.pdf) 

Informe final de la Comisión de Verdad y Justicia “Tierras malhabidas”. Disponible en: http://www.cipae.org.py/V2/informe-final-anive-agua-oiko/

Informe final de Intervención al Indert 2012. Disponible en:  http://www.redrural.org.py/V3/uploads/2012/08/INTERVENCION-INDERT-INFORME-FINAL.pdf

Rojas, Luis “Movimiento por la tierra” (ponencia)