Los beneficiados con el golpe

Hace un año, el 22 de junio de 2012, se consumaba el golpe parlamentario. Este artículo señala algunos de los actores económicos más beneficiados con la maniobra.

La “reserva natural” de Campos Morombí. El campo ya se encuentra 

abonado y arrendado para la plantación de soja.

Es difícil creer que al Parlamento paraguayo, uno de los más corruptos del continente, le interesen cuestiones tan abstractas como la democracia y conductas tan ajenas a su práctica como el buen desempeño en la función pública. Por tanto, el remedo de juicio político realizado hace un año respondió a cuestiones más tangibles que poca relación guardan con la defensa de la democracia y las instituciones republicanas, pero mucho con el mantenimiento de intereses espurios vinculados fundamentalmente con la posesión de bienes malhabidos, en especial la tierra. Está fuera de nuestro alcance y pretensiones señalar la totalidad de los intereses en juego y todos los actores beneficiados con la masacre de Curuguaty y el posterior golpe parlamentario.

Incluso asumiendo que no haya existido una acción concertada de antemano, es posible entrever una correlación nada fortuita entre los dos sucesos referidos y los ingentes privilegios que resultaron para la matriz de acumulación agroganadera.

Presión a favor de transgénicos

Precisamente en el momento en que estalló la crisis por los trágicos sucesos de Curuguaty (con tierras malhabidas como protagonista), estaba programado un tractorazo por la liberación de cultivos transgénicos, objetivo finalmente logrado con creces por sus impulsores con la introducción de semillas de Monsanto, Syngenta y otras firmas. Es significativo que a un año del golpe el diario ABC Color dé cuenta de la aprobación de una variedad de maíz transgénico de Monsanto a manera de regalo de aniversario (http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/mag-anuncia-autorizacion-del-maiz-nk603-tras-la-luz-verde-de-salud-587345.html).

Los intereses de Cargill en la zona de conflictos por tierras. Fuente: página oficial de Cargill Paraguay

“Este Gobierno, en su proyecto bolivariano, encajona todos los estudios de los eventos transgénicos, mientras que los pequeños labriegos siguen enfrentando pérdidas y fracasos agrícolas, por no poder introducir la biotecnología en su sistema de producción”, señalaba una publicación del 24 de mayo de 2012 del diario ABC Color, una de las principales fuerzas que promovieron el juicio político, cuyo dueño, Aldo Zuccolillo, es uno de los principales inversionistas en Paraguay de la empresa agroexportadora Cargill (http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/el-tractorazo-tiene-el-masivo-apoyo-de-pequenos-productores-405557.html).

De hecho, una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Federico Franco, apenas cumplida una semana en el poder, fue la aprobación por decreto de eventos transgénicos ignorando toda la normativa al respecto y los estudios previos necesarios, según denunció en su momento la exministra de salud, Esperanza Martínez (http://www.ultimahora.com/notas/572093-Exministra-de-Salud-senala-que-Gobierno-obvio-procesos-para-aprobar-semillas-transgenicas).

Si bien los intereses agroganaderos nunca corrieron un verdadero peligro bajo el gobierno de Fernando Lugo, sino apenas algunos escollos, vieron el momento propicio para hacer una ostentación de fuerza, dejar en claro quién manda en este país y que el poder real no está dispuesto a hacer concesiones de ningún tipo.

Como decíamos, aunque no haya habido necesariamente algún cónclave secreto donde planificaron y llevaron a cabo el derrocamiento de Lugo, existe una correlación nada fortuita entre la maniobra seudolegal del Parlamento, el agronegocio y su expresión más bochornosa: las tierras malhabidas.

La antesala del golpe

Antes de la masacre de Curuguaty, sobre la que ya nos hemos explayado con cierta amplitud en los últimos días, el conflicto por tierras más importante se registró en Ñacunday y puede decirse que fue la antesala misma del golpe a principios del año pasado. Luego de este capítulo la suerte quedó echada. Solo faltaba una chispa, pero finalmente para asegurarse que esta vez el golpe sea certero provocaron una verdadera explosión.

El autor del libelo acusatorio, el diputado colorado Óscar Tuma, ya venía presionando para que se proceda al desalojo de las tierras de Marina Cue bajo el supuesto de que se trataba de una reserva natural privada. Sin embargo, la tal reserva ahora se encuentra arrendada y ya abonada para el cultivo de soja.

A su vez, existen registros de que ya a principios de año la fiscala Ninfa Aguilar, entre cuyos antecedentes se ha denunciado que ha sido abogada de Blas N. Riquelme, había solicitado el desalojo de Marina Cue bajo el mismo argumento que Tuma: el carácter de reserva natural privada de Campos Morombí. Es decir, fuerzas políticas y judiciales ya venían montando el escenario de la masacre.

Resolución fiscal que solicita el desalojo a favor de Campos Morombí. Foto: internet.

Volviendo a los hechos de Ñacunday, a pedido del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), las Fuerzas Armadas, cumpliendo con su deber de resguardar la integridad territorial de la nación, realizaron trabajos de amojonamiento en el marco de una mensura judicial en el Alto Paraná para determinar si territorios explotados por privados se encontraban dentro de la franja de seguridad fronteriza y para esclarecer casos de superposición de títulos. El informe de la intervención al Indert de marzo-mayo 2012 confirmaba por entonces que las colonias creadas para asentamientos humanos por el Instituto de Bienestar Rural (IBR) terminaron en manos de allegados al régimen de Alfredo Stroessner.

“En Ñacunday I se encontró que un 70% está cubierto por cultivos intensivos de soja (…). En Ñacunday II se encontró que estas tierras actualmente están siendo cultivadas por personas no beneficiarias de la reforma agraria (…). Se han detectado extensas plantaciones de soja, prácticamente en un 90% de la superficie de la colonia, sin que exista correspondencia con los planos originales”, explica el informe de la intervención a la entidad rural que fuera dirigida por Emilio Camacho (http://www.redrural.org.py/V3/uploads/2012/08/INTERVENCION-INDERT-INFORME-FINAL.pdf).

A continuación, el reporte concluye: “Con la intervención en las colonias Ñacunday I y II se evidencia una forma de fraude en contra del Estado paraguayo, una forma radical de desvirtuación de los objetivos de la reforma agraria. En este caso, la creación de colonias en forma irregular para ser distribuidas entre los allegados al gobierno de Stroessner, la instrumentalización del organismo de aplicación de la política de la reforma agraria para una apropiación indebida, evidenciándose en algunos casos que las propiedades actuales fueron levantadas sobre tierras públicas”.

Fue a los fines de esclarecer y reparar esta irregularidad que se realizó la mensura judicial con militares y a raíz de la cual los beneficiarios fraudulentos de tierras decretaron lo que finalmente se realizó 6 meses después. El principal afectado por esta medida era el terrateniente brasilero Tranquilo Favero, quien además ocupa otras 200.000 hectáreas de tierras fiscales en el Chaco con sus estancias Toro Blanco, Santa Catalina y Campobello, hecho también detectado en el informe.

Si bien apenas al asumir Lugo las intentonas por derrocarlo fueron frecuentes, cabría afirmar que en Ñacunday se decreta la cuestión, ya que el gobierno osó tocar el corazón mismo de la gran propiedad rural en Paraguay, cuyo origen es eminentemente fraudulento. A pesar de que existe una ley de seguridad fronteriza y un estatuto agrario que regula la propiedad de tierras fiscales, entre ellos un límite de cantidad, y que el gobierno no hizo más que actuar dentro del marco legal vigente, los detentadores de tierras malhabidas sentencian a raíz de este episodio que este gobierno no va más y claman por el juicio político (http://www.ultimahora.com/notas/498061-Productores-piden-juicio-politico-para-Lugo-por-supuestamente-promover-ocupaciones).

Con respecto a este punto, el libelo acusatorio elaborado por el diputado Tuma sostiene: “El presidente Lugo ha utilizado a las fuerzas militares para generar un verdadero estado de pánico en toda esa región, violando el derecho de propiedad e ingresando a inmuebles de colonos, so pretexto de realizar el trabajo de amojonamiento de la franja de exclusión fronteriza”.

Tierras fiscales que debían ser asentamientos campesinos en Ñacunday. El 90% está cubierto de soja. Foto: Informe Final de Intervención al Indert.

Tuma habla de violación del derecho a la propiedad cuando que el objetivo era precisamente reparar los derechos de propiedad del Estado violados por invasores terratenientes que ejercían ilegalmente la explotación de esas tierras. Aquí el golpe se quita la máscara y muestra su verdadero rostro.

Otras de las medidas que se iban a aplicar afectaban a las sonadas tierras de Antebi Cue, donde se anunció la demanda de desalojo contra el ganadero Antonio da Motta y unos 107 propietarios más ubicados en la zona de Bella Vista Poty.

“El juicio de desalojo demorará un tiempo en producir resultados, pero es un inicio serio, frontal que va a marcar el inicio de la recuperación de las tierras públicas”, apunta el informe. Recuperación de las tierras públicas. ¿Cómo atreverse a pensar en tal cosa?

Ríos turbios

Otro de los procesos que quedaron truncos con el golpe fue el que involucró, entre otras personas, al expresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Néstor “Tito” Núñez, por el represamiento ilegal de los ríos privando de tan vital recurso a varias zonas de la sensible zona del Chaco, por un lado, y provocando graves inundaciones, por otro (http://ea.com.py/titular-de-la-arp-es-uno-de-los-propietarios-responsables-de-posible-catastrofe-en-el-chaco/).

No hay que perder de vista tampoco que un proyecto que parecía sepultado, como la instalación de la fundidora de aluminio Río Tinto Alcán (RTA), reflotara con fuerza bajo el gobierno de Franco mereciendo incluso mención especial en su discurso de asunción. Aunque ahora el proyecto se encuentre en suspenso, la estrategia de congelar medidas resistidas por la ciudadanía fue utilizada a menudo para aplacar momentos de crispación a fin de retomarlas furtivamente cuando las aguas calmen.

Asimismo, es preciso tener en cuenta que el golpe sobrevino en los momentos de peor popularidad del Congreso por el intento de aumento de presupuesto para operadores políticos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el rechazo al desbloqueo de listas sábanas. Así, toda la presión social y las responsabilidades fueron esquivadas olímpicamente con el juicio político haciendo de escudo distractor.

Finalmente, el golpe tuvo la intención de ratificar, entre otras cosas, que el origen de la propiedad rural no se discute y que las 7,8 millones de hectáreas adjudicadas ilegalmente entre 1954 y 2003 –sobre un total de 12.000.000 ha–, según consigna el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, es un tema prohibido. La actual tenencia de la tierra es la amada herencia del stronismo de la que son beneficiarios los capitalistas del agro y los falsos conversos a la democracia. En suma, hace un año el agronegocio asestaba una mortal estocada y emitía un mensaje aleccionador para disuadir cualquier intento de hurgar en sus oscuras entrañas.

La tierra: madre de todas las luchas

La acumulación capitalista en el Paraguay tiene su expresión más violenta en la tenencia de la tierra. 

Los resultados del Censo Agropecuario Nacional muestran que el 2,6% de las fincas acaparan el 85,5% de la superficie. 

Según el censo agropecuario del 2008, el 85,5% de la superficie censada es acaparada por el 2,6% de las fincas de 500 o más hectáreas.

Si de por sí estos grados de concentración resultan escandalosos, el problema se agrava si consideramos que una gran porción de ellas han sido adquiridas de manera fraudulenta durante el periodo de la tiranía de Alfredo Stroessner.

Reafirmando el carácter profundamente antidemocrático del sistema capitalista y de cualquier cosa que se le parezca, en nuestro país, como en gran parte de la región, la estructura de la propiedad de los medios de producción se ha forjado bajo el amparo de las dictaduras militares patrocinadas por Washington.

En el caso que nos toca, la Comisión de Verdad y Justicia consigna en su informe sobre tierras malhabidas que entre 1954 y 2003 el Estado entregó 12 millones de hectáreas, de las cuales 7, 8 millones fueron adjudicadas ilegalmente entre jerarcas del stronismo, militares, empresarios amigos, etc. Es decir, el 60% de las tierras fueron destinadas a personas no sujetas a la reforma agraria. Esta distorsión de la figura de la reforma agraria, más que desacreditarla, lo único que demuestra es la necesidad impostergable de llevarla a cabo.

La muestra más patente nos proporciona el caso Curuguaty, un producto de las desviaciones –por decir lo menos– en que se apoya la propiedad rural en nuestro país. ¿Es acaso necesario reiterar que los mártires caídos aquella mañana solo reclamaban lo que por derecho les correspondía? Es decir, tierras del Estado que debían ser destinadas a asentamientos campesinos, pero que estaban siendo ocupadas por la empresa del fallecido empresaurio colorado Blas N. Riquelme.

Tierras fiscales de Ñacunday que debían ser colonias campesinas. El 90% del territorio está cubierto de soja.  

Y casos como estos se multiplican, como por ejemplo el “rey de la soja” Tranquilo Favero, cuyas estancias Toro Blanco, Santa Catalina y Campobello ocupan casi 200.000 hectáreas de tierras fiscales solo en el Chaco. Igual mención se merecen las tierras de Ñacunday, donde el informe de la intervención del Indert encontró que las 30.000 hectáreas de tierras fiscales que debían ser destinadas a colonias campesinas están cubiertas en un 90% por plantaciones de soja.

Los tres ejes de la problemática

El economista Luis Rojas, de Base Investigaciones Sociales, ha dividido el problema de la tierra en Paraguay en tres ejes fundamentales: la estructura de la tenencia de la tierra, la legislación y las políticas públicas.

A los fines de esta exposición, nos centramos especialmente en el primer punto. En los últimos años la problemática se ha ido agravando en la medida del avance del agronegocio.  Si en el año 1991 las fincas de entre 20 y 100 hectáreas sumaban 1.359.000 hectáreas, para el 2008 estas bajaron a 1.079.000 ha. En contrapartida, en 1991 las fincas de más de 100 hectáreas llegaban a 20.988.000 ha y para el 2008 sumaban 30.107.000 ha. Es decir, en ese periodo de 17 años se ha registrado un movimiento en dos direcciones contradictorias. Por un lado, la disminución de las fincas de 20 a 100 hectáreas y el aumento de las que tienen 100 o más hectáreas. 

Esto a su vez ha invertido la distribución de la población en las zonas rurales y urbanas. Si en el año 1962, de acuerdo a los datos proporcionados por el mismo economista, el 62% de la población se concentraba en zonas rurales con relación al 32% que se asentaba en zonas urbanas, para el año 2012 el 67% de la población pasó a residir en zonas urbanas y el 33% en zonas rurales.

Pero la cuestión radica en que la dinámica de desplazamiento ha sido forzada y no voluntaria, principalmente a raíz de que pequeños productores cercados por grandes monocultivos transgénicos se ven obligados a migrar por la destrucción de sus cosechas alcanzadas por el glifosato y por la imposibilidad misma de seguir respirando el aire fumigado. 

Todo esto ha derivado en que más del 50% de los hogares rurales carezcan actualmente de tierras. Aunque Rojas sostiene que no existen datos oficiales sobre la cantidad de familias sin tierras, remitiéndose a la Encuesta Permanente de Hogares de 2009, que ha censado a 600.346 hogares rurales, y el Censo Agropecuario 2008, que ha cuantificado 288.875 fincas rurales, se puede llegar a la conclusión de que las familias sin tierras sumarían 311.471.

La ley y el latifundio

La Constitución Nacional, en su artículo 115 “De las bases de la reforma agraria y del desarrollo rural”, estipula que “La reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo con las siguientes bases:

1) la adopción de un sistema tributario y de otras medidas que estimulen la producción, desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequeña y la mediana propiedad rural, según las peculiaridades de cada zona”.

Rojas retruca que “el impuesto inmobiliario no desalienta el latifundio, sino lo estimula, dada la bajísima carga tributaria que representa, solo el 1% del valor fiscal de la tierra, no el valor de mercado”.

En este sentido, el economista ejemplifica que en Alto Paraná el valor fiscal de una hectárea es de unos 45 dólares frente a unos 5.000 dólares del valor de mercado. Pero el impuesto a pagar se deduce de su valor fiscal, por lo que el impuesto abonado es de 0,45 dólares en lugar de por lo menos 50 dólares.

Otra expresión de que el orden de la propiedad rural está basado en el fraude es la inexistencia de un catastro, lo que, entre otras cosas, provoca la superposición de títulos, que en total suman más de 500.000 km² cuando que la superficie del país es de 406.752 km².

 Tierras del Indert ocupadas por la estancia Toro Blanco de Tranquilo Favero. 

Así se entiende muy bien por qué los detentadores de este orden y sus voceros mediáticos gruñen amenazadoramente cuando apenas se pronuncia la palabra para ellos prohibida: mensura. Recordemos precisamente que en el intento de mensura en Ñacunday los grandes propietarios ya habían instalado el cháke del juicio político contra Fernando Lugo.

Aunque la ley declarativamente se exprese en contra del latifundio, sabemos que la llamada “institucionalidad democrática” es apenas una proyección y un mundo ordenado por la fuerza del capital. En Paraguay será posible discutir muchas cosas, pero la tierra es un tema vedado. No obstante, como dijera el periodista Julio Benegas, si en este país “no se disputa la tierra nada esencial se disputa”.

Fuentes

Censo Agropecuario Nacional 2008. Disponible en: http://www.mag.gov.py/PresentacionCAN2008.pdf) 

Informe final de la Comisión de Verdad y Justicia “Tierras malhabidas”. Disponible en: http://www.cipae.org.py/V2/informe-final-anive-agua-oiko/

Informe final de Intervención al Indert 2012. Disponible en:  http://www.redrural.org.py/V3/uploads/2012/08/INTERVENCION-INDERT-INFORME-FINAL.pdf

Rojas, Luis “Movimiento por la tierra” (ponencia)

¿Por qué el terror a las mensuras?

La masacre de Curuguaty vino a reconfirmar que el problema en el campo tiene un motor fundamental: el origen de la gran propiedad rural en el Paraguay es esencialmente fraudulento.

Impugnación de la Procuraduría contra la cesión de tierras de la reforma agraria a la empresa Campos Morombí.

 

La masacre de Curuguaty, ocurrida durante un irregular procedimiento en una propiedad del Estado ocupada por el empresario colorado Blas N. Riquelme y que sirvió como coartada para deponer al presidente Fernando Lugo, muestra a las claras el drama de las tierras malhabidas.

Además de Marina Cue, existen otras tierras de la reforma agraria en poder del grupo Riquelme, como la finca 258. Esta propiedad se halla en litigio y existe de por medio una impugnación de la Procuraduría General de la República por la transferencia de tierras del Indert a personas no sujetas a la reforma agraria.

La acción ordinaria de impugnación fue presentada por el procurador adjunto Abog. Juan Vicente Talavera y refiere que en fecha 6 de noviembre de 1974 el escribano público Rodolfo Scolari, socio y miembro del directorio de Campos Morombí, adquirió 1.175 hectáreas (finca Nº 258) del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), en la actualidad Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Luego de 5 meses este transfiere las tierras a favor de Blas N. Riquelme, acto totalmente nulo, pues se realizó contraviniendo los requisitos para ser beneficiado con tierras de la reforma agraria.

El mejor amigo de un colorado… otro colorado

Ahora bien, uno de los roles más cuestionados en la investigación oficial lo ejerce el fiscal de la causa Jalil Rachid. La afiliación colorada de Rachid genera dudas insalvables sobre su imparcialidad al estar vinculado políticamente con una de las partes y dirigir la causa exclusivamente contra los campesinos.

El padre del agente, el exsenador colorado Bader Rachid Lichi (usurpador también de tierras fiscales), fue amigo y correligionario del fallecido Blas N. Riquelme.

En la auditoría al Indert realizada en el transcurso del año 2004, y presentada al año siguiente por el Econ. Alberto Cabrera Villalba, auditor general del Poder Ejecutivo, aparece como poseedor irregular de tierras  fiscales Bader Rachid Lichi, con 19 hectáreas, pero que no son nada con relación a las 1.498 hectáreas en Santa Rosa, Misiones, que reporta el informe de la Comisión de Verdad y Justicia.

Otros hechos detectados son casos de beneficiarios cuyos expedientes no obran en la institución, como el actual ministro de Industria y Comercio, Francisco José Rivas, y el abogado de los Stroessner, diputado, cónsul  y director de la cárcel de Tacumbú en la época de la dictadura, Hiran Delgado Von Lepel, con 4.660 hectáreas.

Otros poseedores irregulares que figuran en la lista, en este caso por no contar con los documentos requeridos para ser adjudicado con tierras públicas (certificado de buena conducta, constancia de ser agricultor, de no haber sido adjudicado anteriormente, formulario de solicitud de compra de lotes, no realización de mensura administrativa, informe de catastro, recibos de pago, no correspondencia de datos en cuanto a extensión de propiedades), son el senador colorado Lucio Vergara, los diputados colorados José Chamorro y Juan José Vázquez, el diputado liberal Luis Carlos Neuman, entre otros ya fallecidos como el hijo del exdictador, Alfredo Stroessner Mora, el empresario Humberto Domínguez Dibb, el primer director paraguayo de Itaipú Enzo Debernardi y hasta el exdictador nicaragüense Anastacio Somoza.

Aunque parezca un pleonasmo, es preciso reiterar que el sistema de propiedad que rige actualmente en el Paraguay es heredero directo de la tiranía stronista, así como lo es también la mascarada de la transición colorada iniciada con Andrés Rodríguez, otro gran beneficiado con el reparto de tierras públicas durante el régimen que él “derrocó”. Su caso salta a raíz de que hay una diferencia en la extensión de tierras que registra el sistema de consulta del IBR y las confirmadas por el Registro General de Propiedades.

Tranquilo Favero, “el sufrido sojero a quien no le dejan trabajar”

Todos los datos anteriormente expuestos hay que estimarlos a la baja. Por ejemplo, la intervención al Indert realizada este 2012, a cargo de Emilio Camacho, trata el caso del sojero brasilero Tranquilo Favero remitiéndose solo a las propiedades fiscales que usurpa en el Chaco, sin hacer mención a la Región Oriental, donde se desarrolla el grueso del cultivo de soja, principalmente en Alto Paraná y Canindeyú.

Propiedad del Indert invadida por la empresa Toro Blanco en Mariscal Estigarribia. Fuente: Informe final de intervención al Indert 2012.

“Uno de los principales hallazgos de esta intervención es el caso deapropiación de tierras que fueron del Indert por parte de la empresa Toro Blanco. En fecha de 30 de diciembre del 2005, mediante escritura pública N° 99, unas 6 propiedades vendidas por el Indert a supuestos beneficiarios, que totalizan 37.500 ha, son transferidas como aporte de capitalización de Nezildo Marini acompañado de su esposa Odila Favero más sus dos hijos, para la empresa Toro Blanco S.A. por un monto de 5 mil millones de guaraníes”, refiere el documento.

A renglón seguido especifica que la operación se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2005, cuando ya estaba en vigencia la ley 2.532 de seguridad fronteriza, que prohíbe la adquisición de inmuebles ubicados en la frontera por parte de personas de países limítrofes, y apenas días después de la constitución de la empresa, realizada en fecha 12 de diciembre de ese año, aparentemente con el solo fin de estafar al Estado. Estos hechos son totalmente nulos y el Estado debe proceder a recuperar esas propiedades adquiridas ilegalmente por empresas privadas.

Otras 134.453 hectáreas están en poder de Campobello SA y Santa Catalina, ambas de Tranquilo Favero. La primera con 66.000 hectáreas y la segunda con 68.453. “Estas tierras se ubican en las colonias Ñane Reta y Ñane Mba’e del INDERT y la estancia La Patria del MAG, en el departamento de Boquerón. De ellas, unas 50.000 hectáreas se hallan en la Zona de Seguridad Fronteriza”, precisa el informe.

“Estos dos casos relatados, de apropiación de tierras del INDERT por parte de las empresas Toro Blanco con 37.500 ha., Ganadera Campobello y Ganadera Forestal Santa Catalina con 134.453 ha., corresponderían al mismo grupo empresarial, quienes en la actualidad poseerían un total de 171.953 ha en el Chaco”, añade.

El ministro sin tierra

Sindulfo Blanco, ministro de la Corte (internet).

Otro “humilde campesino” beneficiado con tierras del Estado es el ministro de la Corte Sindulfo Blanco.

“Se constató que el 2 de marzo de 1987, bajo la presidencia de Juan Manuel Frutos, fue finiquitado el título de propiedad N° 132.972 sobre el lote 155 B de 2.500 ha. como Finca N° 12.644, padrón N° 564 a nombre de Sindulfo Blanco, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia, y en la misma fecha fue expedido otro título con el N° 132.973 por el lote 155 A con una superficie de 2.500 ha., pero éste último no fue finiquitado. Dichos títulos se refieren a dos lotes, ubicados en la Colonia Ñane Mba’e, distrito de Gral. E. Garay, departamento de Boquerón.

La intervención de la Oficina Chaco, argumenta que en ese entonces, Sindulfo Blanco no reunía los requisitos para ser beneficiario de la reforma agraria, por lo tanto no se le podía haber expedido 2 títulos” (sic), asevera el informe de la intervención al Indert.

Es por todo esto, y sin duda por mucho más, que las cúpulas de los partidos tradicionales y las agroganaderas sienten terror cuando apenas se habla de mensura judicial. Si fueron capaces de montar un circo romano para voltear a un gobierno que hizo tímidos intentos por investigar las propiedades de origen dudoso, cabe esperar que estarían muy bien dispuestos a hacer llegar nuevamente la sangre al río.

El fiscal Jalil Rachid está afiliado al Partido Colorado. El agente es acusado de tener vínculos con una de las partes y de llevar el caso con parcialidad manifiesta.

El diputado liberal Luis Carlos Neuman, el diputado colorado José Chamorro, Alfredo Stroessner Mora, entre los ocupantes de terrenos fiscales. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.

El exdictador nicaragüense Anastacio Somoza, el ministro de Industria y Comercio Francisco José Rivas, entre los beneficiados por la “reforma agraria” stronista. Esta lista corresponde a los expedientes de beneficiados solicitados en la fecha señalada por la auditoría y que no fueron proveídos. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.          

El diputado colorado Juan José Vázquez, el exsenador colorado Bader Rachid Lichi, entre otros, recibieron tierras del IBR. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.

En las tierras del IBR en poder del senador colorado Lucio Vergara Ríos y Bader Rachid Lichi no se realizaron mensuras administrativas. Aparecen otros nombres como el del fallecido Humberto Domínguez Dibb. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.

http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/Informe%20PDF%20Web/Tomo%20IV%20-%20Parte%202.pdf

Segunda parte del Tomo IV del informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre tierras malhabidas, en el que se consigna que Bader Rachid Lichi (pág. 69) y Andrés Rodríguez (pág. 71) fueron adjudicados con tierras de la reforma agraria.

http://www.redrural.org.py/V3/uploads/2012/08/INTERVENCION-INDERT-INFORME-FINAL.pdf

Informe final de la intervención al Indert 2012, en el que consta que el sojero Tranquilo Favero y el ministro de la Corte Sindulfo Blanco ocupan terrenos fiscales.

Fuente: documento de trabajo del equipo de investigación del Juicio Ético al Parlamento.