Masacre de Curuguaty: las fisuras del montaje fiscal y mediático

A un año de la masacre de Curuguaty, varios elementos ponen bajo seria duda la versión de la fiscalía y de la prensa masiva.

En las dos capturas del vídeo se observa que al menos dos oficiales están empuñado sus armas antes del tiroteo.  

Entre las innumerables objeciones que fácilmente podrían contraponerse a la investigación fiscal y a la versión de los hechos difundida por la prensa masiva, en este artículo queremos señalar apenas dos evidentes mentiras sobre la masacre de Curuguaty, que constituyen precisamente los principales fundamentos sobre los cuales se pretende condenar de antemano a los campesinos, los únicos procesados en esta causa.

Aquella mañana la sociedad paraguaya estallaba de indignación ante los primeros reportes que indicaban que una dotación policial desarmada y que iba en son de diálogo fue emboscada por campesinos que ocupaban una propiedad del exsenador colorado Blas N. Riquelme. Esta última es una tercera mentira de la cual no nos ocuparemos ahora.

Ahora bien, la supuesta intención de la comitiva policial de dialogar a fin de lograr que los campesinos abandonen pacíficamente las tierras es desmentida por los propios dichos del jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO), el subcomisario Erven Lovera.

En el vídeo que registra los preparativos de la incursión policial se escucha nítidamente a Lovera cuando refiere el plan de “ir atropellar directamente”.

“La idea es la siguiente: grupo antimotín con montada ir a atropellar directamente. Ustedes de ese lado y nosotros de este lado (…)”, se escucha a partir del minuto 2:05 del siguiente enlace http://www.youtube.com/watch?v=nnU044gcVys.

Si bien luego establece que ante cualquier reacción en lugar de armas de fuego primero se utilicen balines de goma y agresivos químicos, la incursión policial fue directamente a atropellar y no a dialogar, a diferencia de lo que la prensa dijo en un primer momento y como lo sostiene la misma fiscalía.

“(…) los jefes policiales impartieron las instrucciones precisas acerca del ingreso a la zona de conflicto. Estas órdenes consistían en acercarse hasta donde se encontraban los ocupantes para dialogar con ellos e intentar el abandono pacífico del lugar. La instrucción concreta era no utilizar fuerza ni violencia y solo en un extremo, utilizar balines de goma y químicos agresivos. Únicamente en el peor de los casos, las armas de fuego”, sostiene la acusación del fiscal Jalil Rachid.

Reiteramos, las instrucciones de Lovera antes del ingreso son claras al señalar que vayan a atropellar directamente, por lo que la policía no fue de ningún modo a dialogar como hasta ahora se afirma a fin de sostener la tesis de la emboscada.

Con respecto al hecho de que los policías supuestamente ingresaron desarmados para intentar negociar la salida, la querella prosigue: “[los acusados] además de portar todo tipo de armas; se aprovecharon de las condiciones topográficas del lugar y de la situación de indefensión de los agentes policiales (estaban desprevenidos y desarmados)”.

Sin embargo, en el famoso vídeo grabado desde las filas policiales durante el avance y en el que se escucha el inicio del tiroteo, se ve claramente a al menos dos oficiales empuñando sus armas, lo cual demuestra la falsedad de la versión de que los policías ingresaron desarmados. (Ver: http://www.youtube.com/watch?v=jV0i6ai1rYs). Y esto sin ni siquiera considerar al grupo de fusileros del GEO, que formaban la otra columna y que portaban las armas más pesadas.

La defensa sigue reclamando la filmación que habría
sido realizada desde el helicóptero de la policía (Foto: investigación
de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos, PEICC)

Por otro lado, la defensa de los acusados reclama la presentación del contenido de las filmaciones que se habría realizado desde el helicóptero que planeó aquella mañana sobre el teatro de operaciones. ¿La supuesta existencia de este vídeo y la negativa de la policía a entregarlo acaso confirma la declaración de un testigo entrevistado por el programa AAM de Canal 13 de que los primeros disparos provinieron del helicóptero? (Curuguaty, la herida abierta. Programa emitido el martes 11 de junio de 2013).

En definitiva, estos son apenas algunos de los puntos controvertidos del caso que contravienen la acusación fiscal y la versión propagada por la prensa masiva desde su papel de custodio y portavoz de los intereses concentrados. Más allá de qué postura se adopte sobre la autoría de los primeros disparos, queda de manifiesto que las dos principales premisas utilizadas para condenar a los campesinos son absolutamente falsas, puesto que la policía no fue desarmada ni mucho menos a dialogar.

Titularidad de las tierras de Marina Cue: cuestión de fondo

Aspecto de la sala de juicios orales tras la suspensión de la audiencia 

El fiscal Jalil Rachid, tras aceptar la observación de la defensa de que la audiencia no podía continuar en tanto no se resuelva el incidente sobre la titularidad de las tierras, alegó que para evitar impugnaciones posteriores cabía esperar la resolución al respecto por una cuestión simplemente de “forma y no de fondo”.

Resulta cuando menos llamativo que el fiscal considere como un detalle menor la titularidad de las tierras no solo porque uno de los cargos es precisamente por invasión de inmueble, sino porque su “investigación” parte del supuesto de que la propietaria es la empresa Campos Morombí (CM) y a partir de este hecho puntual fundamenta los cargos de delitos contra la propiedad.

“Como antecedente, corresponde precisar que el lugar denominado Marina Cué, ubicado en la Colonia Ybypytá, del distrito de Curuguaty, propiedad de Campos Morombí Sociedad Anónima Comercial y Agropecuaria, fue objeto de sucesivas ocupaciones por parte de personas desconocidas autodenominadas ‘campesinos sin tierra’ desde fines del año 2011”, sostiene la acusación.

Cuando se determine que efectivamente las tierras son propiedad del Estado y que debían ser destinadas a la reforma agraria, ¿el fiscal acusará a CM de los cargos de invasión de inmueble o se excusará alegando una simple cuestión de forma que no afecta el fondo del proceso?

Asimismo, depende de la definición de la titularidad de las tierras los cargos por asociación criminal, puesto que en los fundamentos de su acusación Rachid sostiene que a partir de “los elementos colectados en la investigación es posible afirmar con certeza que ya desde ese primer momento de los hechos hubo un concierto común entre todas las personas que conformaron este grupo de ocupantes con la intención de perdurar en el tiempo, puesto que se unieron con una finalidad concreta y definida, que consistía no solo en invadir Marina Cúe (sic), sino que permanecer en el lugar utilizando la fuerza y la violencia como modo de resistencia”. (Todos los resaltados pertenecen a la copia del escrito).

Más adelante su alegato se muestra más firme aún a favor de los intereses de CM: “En síntesis, ha quedado plenamente confirmado con todos los elementos colectados que el inmueble invadido por los acusados es propiedad de CAMPOS MOROMBÍ S.A.C. y A., tal cual como lo comprueban las documentales pertinentes que han sido individualizadas y ofrecidas en debida forma”.

Lo que Rachid considera una mera cuestión formal involucra nada menos que dos de las acusaciones de la fiscalía, por lo que el Ministerio Público podría verse obligado a retirar dichos cargos e investigar a los verdaderos culpables de invasión de inmueble y asociación criminal, en este caso la firma CM. Esto dependerá del dictamen de la Corte sobre los recursos presentados por el Estado contra la usucapión concedida a la empresa, que además fue emitida con el número de otra finca, por lo que el inmueble jamás pudo ser inscripto por el Grupo Riquelme.  (Ver: http://www.ultimahora.com/notas/553370-El-Grupo-Riquelme-gano--usucapion-de-un-inmueble-que-no-era-Marina-Cue).

A lo precedente se añade que, al reforzar los cargos por asociación criminal, Rachid miente o comete una desidia gravísima al sostener que los acusados se organizaron “para impedir la desocupación del lugar por parte de las fuerzas del orden, que actuaban por mandato judicial”. El fiscal asume de esta manera que el procedimiento era un desalojo, cuando que tal incursión se arropó de legalidad con una simple orden de allanamiento.

El terrorismo fiscal

Llegado a este punto cabe evocar al filósofo del derecho Ernesto Garzón Valdés cuando sostiene que una de las características del terrorismo de Estado es la delimitación imprecisa de los hechos punibles, de tal forma que una amplia gama de acciones son fácilmente clasificadas en el campo del delito de acuerdo a necesidades circunstanciales.

En este sentido, el fiscal Rachid, no satisfecho con acusar a los reclamantes de las tierras, amplía el alcance de los términos de la asociación criminal hasta implicar a “cada una de las personas individualizadas (que presuntamente) ha conformado esta asociación, no solo con su presencia física en el lugar de la invasión, sino con su aporte en dinero y con las funciones debidamente definidas que cada uno efectuaba dentro del grupo, a los efectos de cumplir su fin”.

Posteriormente asevera que no es necesario que este acuerdo se manifieste de manera explícita, “sino que basta que esa voluntad sea demostrada con la realización de actividades unívocas que denoten que están de acuerdo con los propósitos del grupo”.

Todo esto a los fines de involucrar a personas que no se encontraban en el lugar, pero aparecían en unas listas de solicitantes de tierras. De igual forma se incluye a un menor que fue a visitar a su hermano y llevarle alimento así como al político liberal Felipe Nery Urbina, quien tuvo la mala fortuna de pasar por el sitio y, peor aún, auxiliar a un herido, lo cual prueba, de acuerdo al criterio del fiscal, el pleno compartimiento de  los métodos y fines de los “delitos” señalados en cuestión. (Ver  Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina kue de la Codehupy: http://quepasoencuruguaty.org/wp-content/uploads/2012/12/INFORME-MARINA-KUE.pdf).

Rachid quizá considere todo esto una simple cuestión de forma, pero como argumento “fuerte” de los cargos de invasión de inmueble y asociación criminal la fiscalía atribuye a los campesinos el supuesto pleno conocimiento y plena conciencia de que esas tierras eran de legítima propiedad de CM y que, a pesar de ello, actuaron con el fin de hacerse con el inmueble.

Sin embargo, testimonios recogidos por investigaciones paralelas y las afirmaciones hechas al término de la audiencia por el presidente de la Comisión de Víctimas del caso Curuguaty, Mariano Castro, coinciden en que los miembros del campamento prometieron en reiteradas ocasiones que iban a abandonar el lugar si se presentaba el título que acreditara la titularidad de CM sobre las tierras, lo cual nunca pudo hacerse porque de hecho tal título no existe.

Cuestión de fondo, por lo tanto, ya que si en este país queda algo de justicia se resolverá que los campesinos tienen plenos derechos sobre esas tierras y que el delito de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal fue cometido por CM, cuya usurpación fue el hecho original que provocó las muertes durante aquel ilegal desalojo. Tal vez Blas N. Riquelme lo sabía y por eso decidió morirse poco tiempo después. 

La comparación de los dos planos muestra el avance de Campos Morombí y la Hacienda Paraguay en perjuicio de la propiedad del Estado. Fuente: Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina kue de la Codehupy.     

Un puñado de tierra

Néstor Castro y Rubén Villalba (internet)

Una elegía a esa tierra ausente, marcada por el exilio y la sangre, los versos de Hérib Campos Cervera retratan la lejana evocación de esa entidad que habitamos y nos habita. Un puñado de tierra con “la sonrisa y la sangre de tus muertos”. Por un puñado de tierra, por eso, las balas, la muerte y la cárcel.

“Por un pedazo de tierra oiko péa orerehe”, explica Néstor Castro a la delegación de artistas, intelectuales y activistas que fueron el pasado sábado 2 de marzo a llevar su apoyo a los presos en huelga de hambre que exigen la libertad de los campesinos encarcelados por el caso Curuguaty. 

Entre las rejas del penal La Esperanza, y a 33 días de haber iniciado la huelga de hambre, reafirma que estando ya sea dentro o fuera seguirá luchando por la causa nacional, la recuperación de la soberanía y las tierras del Estado.

“Jahypýi ko yvy tome’ê hi’a/ Ñamboapy ko sapukái/ yvytu vevére ñahendu iñe’ê/ ñande kóga purahéi. (Reguemos esta tierra para que dé sus frutos/. Juntemos este grito/. En el vuelo del viento escuchamos su palabra/ el cantar de nuestros cultivos”. Alberto Rodas canta ese homenaje al chokokue, Ñemitÿ, melodía de José Asunción Flores con letra de Carlos Federico Abente. ¿Dónde están? “Están allí donde ya no podrán morir”, prosigue.

Mario Casartelli reclama en su guitarra que “Algo tenemos que hacer” y el poeta Ricardo de la Vega interpela “A ti, Paraguay”, escrito que deja como presente a Néstor. El cuadro de Bernard Hermosa sobre la masacre del 15 de junio marca un horizonte rojizo sobre el que trazan sus formas la geografía paraguaya, 17 cruces y un helicóptero policial.

De carácter taciturno, Néstor responde a las expresiones de apoyo con breves acotaciones, gestos de asentimiento y los ojos cada vez más cristalizados. El día de la masacre un proyectil le destrozó la mandíbula, lo cual le valió dos operaciones, aunque debe ser intervenido nuevamente porque el platino fue mal colocado.

Fortalecido por la convicción de estar luchando por algo justo, a sus familiares y compañeros eleva el mensaje de que “ani pejepy’apy cherehe, aime en lucha. Ani ñande kane’o (No se preocupen por mí, estoy en lucha. No nos cansemos).

La comitiva, frente al penal de Tacumbú (internet).

Luego de los efusivos abrazos de despedida, la delegación se traslada a la penitenciaría de Tacumbú. Rubén Villalba, quien el día de la visita llevaba 36 días de huelga de hambre, nos recibe sentado en una cama de la enfermería con una pañoleta en la cabeza que lleva inscripta la leyenda “libertad o muerte”.

Está decidido y no claudicará. “Ndaje entregamoái (No me entregaré). Los latifundistas no pueden beneficiarse de tierras del Estado”, esgrime al aludir al uso torcido de la figura de la usucapión hecho a favor de Campos Morombí, pero que por esos actos fallidos que a veces hacen justicia fue emitida por error con el número de otra finca. “Tierra fiscal ko ñande mba’e (las tierras fiscales son nuestras)”, añade.

“Ojalá el gobierno escuche su grito”, interviene Zully, la solidaria enfermera de la cárcel y agrega que Rubén está muy débil, con mareos y necesita ser asistido para ir al baño.

Rubén sonríe con júbilo cuando se anuncia la guitarreada. Él mismo empieza con las palmas y luego toda la delegación entona eufórica la consigna de esta causa. “Libertad, libertad a los presos por luchar”. Un policía irrumpe en la sala y ordena que se baje el tono de los cánticos.

Posteriormente, Villalba reseña sus comienzos en la lucha y cuenta que pusieron pecho a numerosos desalojos salvajes y que en varias ocasiones fue perseguido por sicarios de los sojeros brasileños, quienes están avanzando sobre nuestro territorio y desplazando forzosamente a los campesinos de sus tierras. Con respecto a Marina Cue, relata que 15 personas fueron asesinadas mientras pescaban o cazaban en los bosques, que van siendo progresivamente devastados por los cultivos mecanizados de transgénicos.

Recordemos que aquellas tierras del Estado reivindicadas por los campesinos debían ser destinadas a la reforma agraria, pero están siendo usurpadas por Campos Morombí. Por este legítimo reclamo, en un procedimiento totalmente irregular, fueron asesinados 11 campesinos y los sobrevivientes están acusados de asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio doloso en grado de tentativa. También cayeron 6 policías, que según la versión oficial fueron sin armas para dialogar. Pero muchos sabemos que la policía no dialoga y que siempre asesta el primer golpe.

No existe causa alguna por invasión contra la empresa del fallecido jerarca colorado Blas N. Riquelme, el verdadero invasor en esta historia. Completan el elenco el fiscal colorado Jalil Rachid y el juez José Benítez, quien dictara la viciada orden de allanamiento que derivó en la matanza y es cuestionado por el rol que desempeñó en la fraudulenta usucapión a beneficio de Campos Morombí.

Pero en medio de todo este cuadro, y reduciendo a polvo y cenizas el oprobio, auguramos a la lucha campesina el mismo desenlace que el de aquellos versos del poeta: “Un puñado de tierra./Eso quise de ti. /Y eso tengo de ti”.

¿Por qué el terror a las mensuras?

La masacre de Curuguaty vino a reconfirmar que el problema en el campo tiene un motor fundamental: el origen de la gran propiedad rural en el Paraguay es esencialmente fraudulento.

Impugnación de la Procuraduría contra la cesión de tierras de la reforma agraria a la empresa Campos Morombí.

 

La masacre de Curuguaty, ocurrida durante un irregular procedimiento en una propiedad del Estado ocupada por el empresario colorado Blas N. Riquelme y que sirvió como coartada para deponer al presidente Fernando Lugo, muestra a las claras el drama de las tierras malhabidas.

Además de Marina Cue, existen otras tierras de la reforma agraria en poder del grupo Riquelme, como la finca 258. Esta propiedad se halla en litigio y existe de por medio una impugnación de la Procuraduría General de la República por la transferencia de tierras del Indert a personas no sujetas a la reforma agraria.

La acción ordinaria de impugnación fue presentada por el procurador adjunto Abog. Juan Vicente Talavera y refiere que en fecha 6 de noviembre de 1974 el escribano público Rodolfo Scolari, socio y miembro del directorio de Campos Morombí, adquirió 1.175 hectáreas (finca Nº 258) del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), en la actualidad Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Luego de 5 meses este transfiere las tierras a favor de Blas N. Riquelme, acto totalmente nulo, pues se realizó contraviniendo los requisitos para ser beneficiado con tierras de la reforma agraria.

El mejor amigo de un colorado… otro colorado

Ahora bien, uno de los roles más cuestionados en la investigación oficial lo ejerce el fiscal de la causa Jalil Rachid. La afiliación colorada de Rachid genera dudas insalvables sobre su imparcialidad al estar vinculado políticamente con una de las partes y dirigir la causa exclusivamente contra los campesinos.

El padre del agente, el exsenador colorado Bader Rachid Lichi (usurpador también de tierras fiscales), fue amigo y correligionario del fallecido Blas N. Riquelme.

En la auditoría al Indert realizada en el transcurso del año 2004, y presentada al año siguiente por el Econ. Alberto Cabrera Villalba, auditor general del Poder Ejecutivo, aparece como poseedor irregular de tierras  fiscales Bader Rachid Lichi, con 19 hectáreas, pero que no son nada con relación a las 1.498 hectáreas en Santa Rosa, Misiones, que reporta el informe de la Comisión de Verdad y Justicia.

Otros hechos detectados son casos de beneficiarios cuyos expedientes no obran en la institución, como el actual ministro de Industria y Comercio, Francisco José Rivas, y el abogado de los Stroessner, diputado, cónsul  y director de la cárcel de Tacumbú en la época de la dictadura, Hiran Delgado Von Lepel, con 4.660 hectáreas.

Otros poseedores irregulares que figuran en la lista, en este caso por no contar con los documentos requeridos para ser adjudicado con tierras públicas (certificado de buena conducta, constancia de ser agricultor, de no haber sido adjudicado anteriormente, formulario de solicitud de compra de lotes, no realización de mensura administrativa, informe de catastro, recibos de pago, no correspondencia de datos en cuanto a extensión de propiedades), son el senador colorado Lucio Vergara, los diputados colorados José Chamorro y Juan José Vázquez, el diputado liberal Luis Carlos Neuman, entre otros ya fallecidos como el hijo del exdictador, Alfredo Stroessner Mora, el empresario Humberto Domínguez Dibb, el primer director paraguayo de Itaipú Enzo Debernardi y hasta el exdictador nicaragüense Anastacio Somoza.

Aunque parezca un pleonasmo, es preciso reiterar que el sistema de propiedad que rige actualmente en el Paraguay es heredero directo de la tiranía stronista, así como lo es también la mascarada de la transición colorada iniciada con Andrés Rodríguez, otro gran beneficiado con el reparto de tierras públicas durante el régimen que él “derrocó”. Su caso salta a raíz de que hay una diferencia en la extensión de tierras que registra el sistema de consulta del IBR y las confirmadas por el Registro General de Propiedades.

Tranquilo Favero, “el sufrido sojero a quien no le dejan trabajar”

Todos los datos anteriormente expuestos hay que estimarlos a la baja. Por ejemplo, la intervención al Indert realizada este 2012, a cargo de Emilio Camacho, trata el caso del sojero brasilero Tranquilo Favero remitiéndose solo a las propiedades fiscales que usurpa en el Chaco, sin hacer mención a la Región Oriental, donde se desarrolla el grueso del cultivo de soja, principalmente en Alto Paraná y Canindeyú.

Propiedad del Indert invadida por la empresa Toro Blanco en Mariscal Estigarribia. Fuente: Informe final de intervención al Indert 2012.

“Uno de los principales hallazgos de esta intervención es el caso deapropiación de tierras que fueron del Indert por parte de la empresa Toro Blanco. En fecha de 30 de diciembre del 2005, mediante escritura pública N° 99, unas 6 propiedades vendidas por el Indert a supuestos beneficiarios, que totalizan 37.500 ha, son transferidas como aporte de capitalización de Nezildo Marini acompañado de su esposa Odila Favero más sus dos hijos, para la empresa Toro Blanco S.A. por un monto de 5 mil millones de guaraníes”, refiere el documento.

A renglón seguido especifica que la operación se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2005, cuando ya estaba en vigencia la ley 2.532 de seguridad fronteriza, que prohíbe la adquisición de inmuebles ubicados en la frontera por parte de personas de países limítrofes, y apenas días después de la constitución de la empresa, realizada en fecha 12 de diciembre de ese año, aparentemente con el solo fin de estafar al Estado. Estos hechos son totalmente nulos y el Estado debe proceder a recuperar esas propiedades adquiridas ilegalmente por empresas privadas.

Otras 134.453 hectáreas están en poder de Campobello SA y Santa Catalina, ambas de Tranquilo Favero. La primera con 66.000 hectáreas y la segunda con 68.453. “Estas tierras se ubican en las colonias Ñane Reta y Ñane Mba’e del INDERT y la estancia La Patria del MAG, en el departamento de Boquerón. De ellas, unas 50.000 hectáreas se hallan en la Zona de Seguridad Fronteriza”, precisa el informe.

“Estos dos casos relatados, de apropiación de tierras del INDERT por parte de las empresas Toro Blanco con 37.500 ha., Ganadera Campobello y Ganadera Forestal Santa Catalina con 134.453 ha., corresponderían al mismo grupo empresarial, quienes en la actualidad poseerían un total de 171.953 ha en el Chaco”, añade.

El ministro sin tierra

Sindulfo Blanco, ministro de la Corte (internet).

Otro “humilde campesino” beneficiado con tierras del Estado es el ministro de la Corte Sindulfo Blanco.

“Se constató que el 2 de marzo de 1987, bajo la presidencia de Juan Manuel Frutos, fue finiquitado el título de propiedad N° 132.972 sobre el lote 155 B de 2.500 ha. como Finca N° 12.644, padrón N° 564 a nombre de Sindulfo Blanco, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia, y en la misma fecha fue expedido otro título con el N° 132.973 por el lote 155 A con una superficie de 2.500 ha., pero éste último no fue finiquitado. Dichos títulos se refieren a dos lotes, ubicados en la Colonia Ñane Mba’e, distrito de Gral. E. Garay, departamento de Boquerón.

La intervención de la Oficina Chaco, argumenta que en ese entonces, Sindulfo Blanco no reunía los requisitos para ser beneficiario de la reforma agraria, por lo tanto no se le podía haber expedido 2 títulos” (sic), asevera el informe de la intervención al Indert.

Es por todo esto, y sin duda por mucho más, que las cúpulas de los partidos tradicionales y las agroganaderas sienten terror cuando apenas se habla de mensura judicial. Si fueron capaces de montar un circo romano para voltear a un gobierno que hizo tímidos intentos por investigar las propiedades de origen dudoso, cabe esperar que estarían muy bien dispuestos a hacer llegar nuevamente la sangre al río.

El fiscal Jalil Rachid está afiliado al Partido Colorado. El agente es acusado de tener vínculos con una de las partes y de llevar el caso con parcialidad manifiesta.

El diputado liberal Luis Carlos Neuman, el diputado colorado José Chamorro, Alfredo Stroessner Mora, entre los ocupantes de terrenos fiscales. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.

El exdictador nicaragüense Anastacio Somoza, el ministro de Industria y Comercio Francisco José Rivas, entre los beneficiados por la “reforma agraria” stronista. Esta lista corresponde a los expedientes de beneficiados solicitados en la fecha señalada por la auditoría y que no fueron proveídos. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.          

El diputado colorado Juan José Vázquez, el exsenador colorado Bader Rachid Lichi, entre otros, recibieron tierras del IBR. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.

En las tierras del IBR en poder del senador colorado Lucio Vergara Ríos y Bader Rachid Lichi no se realizaron mensuras administrativas. Aparecen otros nombres como el del fallecido Humberto Domínguez Dibb. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.

http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/Informe%20PDF%20Web/Tomo%20IV%20-%20Parte%202.pdf

Segunda parte del Tomo IV del informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre tierras malhabidas, en el que se consigna que Bader Rachid Lichi (pág. 69) y Andrés Rodríguez (pág. 71) fueron adjudicados con tierras de la reforma agraria.

http://www.redrural.org.py/V3/uploads/2012/08/INTERVENCION-INDERT-INFORME-FINAL.pdf

Informe final de la intervención al Indert 2012, en el que consta que el sojero Tranquilo Favero y el ministro de la Corte Sindulfo Blanco ocupan terrenos fiscales.

Fuente: documento de trabajo del equipo de investigación del Juicio Ético al Parlamento.