Cuando la prensa decide callar

Varios países han protestado por la violación de su espacio aéreo durante las operaciones de los drones estadounidenses (internet) 

En una reciente entrevista al periodista uruguayo Washington Uranga, le consultaba sobre un artículo en que hacía alusión a cómo los medios editorializan no solo en lo que dicen, sino también en lo que callan. Uranga respondía que al omitir determinadas situaciones los medios cercenan el derecho de las audiencias a la vez que distorsionan los hechos. “Tan grave como mentir es omitir”, aseveraba.

Ahora bien, hasta ahora puede verificarse que el concepto de derecho a la libertad de expresión se ha sobrepuesto al de derecho a la información privilegiando a los medios por encima del público, al que habla por encima del que escucha. (Y cuando decimos escuchar no nos referimos a un acto pasivo, sino al hecho de informarse de lo que ocurre en la sociedad para participar activamente en ella). En consecuencia, los medios actúan como si fueran los amos y titulares de la información tomando y desechando a su arbitrio.

Sin embargo, ese bien público que es la información pertenece a todos los ciudadanos, que delegan en la prensa su administración como delegan en los funcionarios electos la administración del Estado. Al igual que en un Estado democrático estos se deben a aquellos, una prensa que se precie de democrática tendría que deberse a la ciudadanía.

Por tanto, las supresiones constituyen una violación al derecho a la información equiparable en gravedad a los ataques contra la prensa registrados a diario. Ante estos abusos existen innumerables organizaciones encargadas de denunciar los atropellos contra la libertad de expresión, pero ¿quién nos protege de lo que los medios no nos cuentan? Ante estas faltas estamos simplemente indefensos.

Saco esto a colación a propósito de un reciente episodio en que la prensa norteamericana tuvo que admitir que no informó sobre la base de drones (aviones no tripulados) de la CIA en Arabia Saudí y desde la que se emprendían ataques contra presuntos terroristas. ¿El motivo? Lo que siempre argumentan los gobiernos para no rendir cuenta de sus actos: razones de “seguridad nacional”.

“Una vez más, los medios estadounidenses fueron descubiertos en flagrante delito de colusión para ocultar secretos del gobierno que hubieran merecido las portadas. Sus excusas para ocultar esas informaciones son livianas”, acusó sin ambages el periodista inglés Glenn Greenwald, del diario The Guardian, citado por la agencia AFP.

Lo particularmente grave del caso es que el Washington Post decidió publicarlo cuando se enteró de que otro medio –la agencia AP– había decidido romper el acuerdo establecido con el gobierno para ocultar el asunto bajo el supuesto riesgo de que Al Qaida emprenda acciones. Así también The New York Times reconoció que tenía conocimiento del tema desde hace un año pero no lo reveló a razón del mismo pacto.

En declaraciones reproducidas por el mismo despacho, el profesor de periodismo Dan Kennedy sostuvo que los medios “intentan congraciarse con la administración (de Barack Obama) de una manera totalmente inapropiada para una prensa independiente”, al hacer referencia a la relación del episodio con la comparecencia de John Brennan, supervisor de los programas de drones, ante el Senado para su confirmación como titular de la CIA.

Por lo tanto, la falta fue rectificada no para reparar el violentado derecho de los ciudadanos de estar informados, sino para ganarle la mano a la competencia en el preciado mercado de las primicias. Esto nos revela –por si hicieran falta mayores elementos– lo que en esencia significa la información para las empresas periodísticas (simple mercancía) y que en los casos en que los dividendos radiquen en dejar de informar estarán muy bien dispuestas a callar y ocultar.

Incluso asumiendo que no haya existido coacción a la prensa de parte de un gobierno para ocultar su accionar y que, por lo tanto, no se haya vulnerado el derecho a la libertad de expresión, sí se vulneró el derecho de las audiencias de acceder a esa noticia. En definitiva, tomando las palabras del autor brasileño Barbosa Lima Sobrinho (citado por Loreti, 1995), “el derecho a la información no se limita al periodista que lo utiliza, sino también al público que de él se sirve. Y es así porque en relación al periodista deja de ser un derecho para convertirse en un deber, el deber de informar”.

Informe sobre el uso de los drones con fines de espionaje interno

El Estado y el derecho a la información

Protesta contra el cierre del diario chileno La Nación (internet)

El Gobierno chileno ha anunciado que en un plazo de entre siete meses y tres años cerrará y liquidará los bienes del diario estatal La Nación. El Ejecutivo encabezado por Sebastián Piñera justificó la medida aduciendo el carácter “deficitario” del organismo de prensa y que en los últimos 20 años, desde el retorno a la democracia, se ha encontrado subordinado a la voluntad de los presidentes de turno.

Entretanto, el Colegio de Periodistas replicó que con esta medida se está coartando la libertad de expresión, pues el retiro del Estado agrava el duopolio mediático en Chile, donde dos empresas  –El Mercurio y Copesa– concentran el 90% del mercado.

Por su parte, el gobierno de Cristina Fernández, en un reciente spot emitido en la TV Pública Argentina, advertía que el próximo 7 de diciembre vence la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín contra el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522).

Marcha a favor de la ley de medios en Argentina (internet)

El articulado en cuestión dicta el plazo de un año para que las empresas que superen el máximo de licencias estipulado se adecuen al nuevo marco. Este punto referente a la desinversión es el más resistido por los multimedios, que alegan su inconstitucionalidad.

Ahora bien, veamos a qué concepción del rol Estado en materia del derecho a la información se adscriben estas políticas comunicacionales. La primera, la del Gobierno chileno, corresponde a la doctrina clásica de que la única competencia que le cabe al Estado es la de abstenerse de actuar. La segunda, la del Gobierno argentino, entiende que el Estado debe intervenir en el mercado comunicacional a fin de garantizar la pluralidad de actores.

De la primera resulta aquel axioma, que debe ser sometido a una profunda revisión, de que la mejor ley de medios es aquella que no existe. La segunda, tal como sostiene el investigador argentino Damián Loreti, asume que “el derecho a la libertad de expresión no es declamativo e implica contar con las herramientas para hacer efectivo su ejercicio”. Es decir, la función del Estado no se reduce a reconocer ese derecho y no bloquear su ejercicio, sino que también radica en activar mecanismos para proteger su cumplimiento.

A esto último hay que añadir que la libertad de expresión a menudo se ve afectada no solo por el asedio de los gobiernos, sino también por poderes de carácter no estatal. “¿Estamos frente a una libertad negativa en la que el rol del Estado se limita a abstenerse de censurar?”, se pregunta Loreti. Luego refiere que “en países de Europa Occidental incluso hay subsidios directos destinados a fomentar el pluralismo y la diversidad de voces. Una cosa es clara. Si en el mercado hay quienes entienden que la mano invisible garantiza la distribución de los bienes, es ostensible que en la vida de la comunicación social y de las industrias culturales no hay mano invisible y menos que ella garantiza pluralismo y diversidad”.

No obstante, habría que ser explícitos en cuanto al problema de la independencia de los medios públicos, así como también la de los privados. La tentación de aquellos es convertirse en medios gubernamentales, y la de estos es gobernar a fuerza de cabildeo por encima de las autoridades electas y abusar de sus posiciones dominantes en el mercado.

En un sistema plenamente democrático, la distribución de licencias del espectro radioeléctrico así como la circulación de la palabra impresa no deben estar sujetas al solo criterio de la rentabilidad ni mucho menos supeditada a la concentración masiva. Es necesario en este sentido que exista multiplicidad de voces y que se asuma el derecho a la comunicación como un derecho humano no dependiente de lo que uno pueda pagar.

En su informe de 2002, el entonces relator especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Eduardo Bertoni, advertía que “la pobreza y la marginación social en que viven amplios sectores de la sociedad en América afectan la libertad

de expresión de los ciudadanos del hemisferio, toda vez que sus voces se encuentran postergadas y por ello fuera de cualquier debate”.

Incluso la propia Unesco reconoció, en un estudio de 2008 titulado “Indicadores de desarrollo mediático: Marco para evaluar el desarrollo de los medios de comunicación social”, que para garantizar la pluralidad los Estados tienen la atribución de exigir la desinversión y denegar licencias cuando se alcancen niveles inaceptables de concentración.

Todos los recelos hacia que el Estado abuse de esas atribuciones están justificados y, de hecho, las distorsiones están a la orden del día. Es claro que los gobiernos aspiran a finalidades que no son precisamente las de resguardar el derecho humano a comunicar.

Manifestación antigolpe frente a la TV Pública Paraguay (internet)

Las muestras locales abundan. Hasta la ONG francesa Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció el cerco que acosa a los periodistas de la TV Pública y Radio Nacional del Paraguay que objetan el fraudulento juicio político realizado al presidente Fernando Lugo, montado a partir de una confabulación cuya voluntad es no esclarecer la masacre de Curuguaty.

El gobierno de facto ha reinstaurado la figura del desacato. Hostigamiento policial contra pegatinas que “faltan el respeto a la autoridad”, clausura y amenazas a programas que reprueban el origen espurio del actual Ejecutivo, así como querellas por difamación incluso contra periodistas de medios privados por informar sobre el tráfico de influencias groseramente ostentado por el cártel familiar de los Franco.

"Estos incidentes, sumados a la censura, hacen presagiar una grave degradación del pluralismo conforme se aproximan las elecciones generales del 21 de abril de 2013", manifestó RSF en el informe sobre la situación de la prensa en Paraguay en el escenario posgolpe.

Sin embargo, todo esto no debiera usarse en perjuicio del reconocimiento de la obligación del Estado de fomentar la presencia de cada vez más voces que, al poder expresarse, complementarán a su vez el derecho de toda la comunidad de acceder a múltiples fuentes de información y puntos de vista. Pues de eso se trata, del carácter colectivo del derecho. Si una opinión es silenciada, ya sea a razón de la censura directa a un individuo o por la privación al acceso a los medios por razones económicas, es el derecho a la información de toda la ciudadanía el que está siendo violentado. Cuando una voz calla, el conjunto de la sociedad se ve privado de escucharla.