¿Por qué el terror a las mensuras?

La masacre de Curuguaty vino a reconfirmar que el problema en el campo tiene un motor fundamental: el origen de la gran propiedad rural en el Paraguay es esencialmente fraudulento.

Impugnación de la Procuraduría contra la cesión de tierras de la reforma agraria a la empresa Campos Morombí.

 

La masacre de Curuguaty, ocurrida durante un irregular procedimiento en una propiedad del Estado ocupada por el empresario colorado Blas N. Riquelme y que sirvió como coartada para deponer al presidente Fernando Lugo, muestra a las claras el drama de las tierras malhabidas.

Además de Marina Cue, existen otras tierras de la reforma agraria en poder del grupo Riquelme, como la finca 258. Esta propiedad se halla en litigio y existe de por medio una impugnación de la Procuraduría General de la República por la transferencia de tierras del Indert a personas no sujetas a la reforma agraria.

La acción ordinaria de impugnación fue presentada por el procurador adjunto Abog. Juan Vicente Talavera y refiere que en fecha 6 de noviembre de 1974 el escribano público Rodolfo Scolari, socio y miembro del directorio de Campos Morombí, adquirió 1.175 hectáreas (finca Nº 258) del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), en la actualidad Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Luego de 5 meses este transfiere las tierras a favor de Blas N. Riquelme, acto totalmente nulo, pues se realizó contraviniendo los requisitos para ser beneficiado con tierras de la reforma agraria.

El mejor amigo de un colorado… otro colorado

Ahora bien, uno de los roles más cuestionados en la investigación oficial lo ejerce el fiscal de la causa Jalil Rachid. La afiliación colorada de Rachid genera dudas insalvables sobre su imparcialidad al estar vinculado políticamente con una de las partes y dirigir la causa exclusivamente contra los campesinos.

El padre del agente, el exsenador colorado Bader Rachid Lichi (usurpador también de tierras fiscales), fue amigo y correligionario del fallecido Blas N. Riquelme.

En la auditoría al Indert realizada en el transcurso del año 2004, y presentada al año siguiente por el Econ. Alberto Cabrera Villalba, auditor general del Poder Ejecutivo, aparece como poseedor irregular de tierras  fiscales Bader Rachid Lichi, con 19 hectáreas, pero que no son nada con relación a las 1.498 hectáreas en Santa Rosa, Misiones, que reporta el informe de la Comisión de Verdad y Justicia.

Otros hechos detectados son casos de beneficiarios cuyos expedientes no obran en la institución, como el actual ministro de Industria y Comercio, Francisco José Rivas, y el abogado de los Stroessner, diputado, cónsul  y director de la cárcel de Tacumbú en la época de la dictadura, Hiran Delgado Von Lepel, con 4.660 hectáreas.

Otros poseedores irregulares que figuran en la lista, en este caso por no contar con los documentos requeridos para ser adjudicado con tierras públicas (certificado de buena conducta, constancia de ser agricultor, de no haber sido adjudicado anteriormente, formulario de solicitud de compra de lotes, no realización de mensura administrativa, informe de catastro, recibos de pago, no correspondencia de datos en cuanto a extensión de propiedades), son el senador colorado Lucio Vergara, los diputados colorados José Chamorro y Juan José Vázquez, el diputado liberal Luis Carlos Neuman, entre otros ya fallecidos como el hijo del exdictador, Alfredo Stroessner Mora, el empresario Humberto Domínguez Dibb, el primer director paraguayo de Itaipú Enzo Debernardi y hasta el exdictador nicaragüense Anastacio Somoza.

Aunque parezca un pleonasmo, es preciso reiterar que el sistema de propiedad que rige actualmente en el Paraguay es heredero directo de la tiranía stronista, así como lo es también la mascarada de la transición colorada iniciada con Andrés Rodríguez, otro gran beneficiado con el reparto de tierras públicas durante el régimen que él “derrocó”. Su caso salta a raíz de que hay una diferencia en la extensión de tierras que registra el sistema de consulta del IBR y las confirmadas por el Registro General de Propiedades.

Tranquilo Favero, “el sufrido sojero a quien no le dejan trabajar”

Todos los datos anteriormente expuestos hay que estimarlos a la baja. Por ejemplo, la intervención al Indert realizada este 2012, a cargo de Emilio Camacho, trata el caso del sojero brasilero Tranquilo Favero remitiéndose solo a las propiedades fiscales que usurpa en el Chaco, sin hacer mención a la Región Oriental, donde se desarrolla el grueso del cultivo de soja, principalmente en Alto Paraná y Canindeyú.

Propiedad del Indert invadida por la empresa Toro Blanco en Mariscal Estigarribia. Fuente: Informe final de intervención al Indert 2012.

“Uno de los principales hallazgos de esta intervención es el caso deapropiación de tierras que fueron del Indert por parte de la empresa Toro Blanco. En fecha de 30 de diciembre del 2005, mediante escritura pública N° 99, unas 6 propiedades vendidas por el Indert a supuestos beneficiarios, que totalizan 37.500 ha, son transferidas como aporte de capitalización de Nezildo Marini acompañado de su esposa Odila Favero más sus dos hijos, para la empresa Toro Blanco S.A. por un monto de 5 mil millones de guaraníes”, refiere el documento.

A renglón seguido especifica que la operación se llevó a cabo el 30 de diciembre de 2005, cuando ya estaba en vigencia la ley 2.532 de seguridad fronteriza, que prohíbe la adquisición de inmuebles ubicados en la frontera por parte de personas de países limítrofes, y apenas días después de la constitución de la empresa, realizada en fecha 12 de diciembre de ese año, aparentemente con el solo fin de estafar al Estado. Estos hechos son totalmente nulos y el Estado debe proceder a recuperar esas propiedades adquiridas ilegalmente por empresas privadas.

Otras 134.453 hectáreas están en poder de Campobello SA y Santa Catalina, ambas de Tranquilo Favero. La primera con 66.000 hectáreas y la segunda con 68.453. “Estas tierras se ubican en las colonias Ñane Reta y Ñane Mba’e del INDERT y la estancia La Patria del MAG, en el departamento de Boquerón. De ellas, unas 50.000 hectáreas se hallan en la Zona de Seguridad Fronteriza”, precisa el informe.

“Estos dos casos relatados, de apropiación de tierras del INDERT por parte de las empresas Toro Blanco con 37.500 ha., Ganadera Campobello y Ganadera Forestal Santa Catalina con 134.453 ha., corresponderían al mismo grupo empresarial, quienes en la actualidad poseerían un total de 171.953 ha en el Chaco”, añade.

El ministro sin tierra

Sindulfo Blanco, ministro de la Corte (internet).

Otro “humilde campesino” beneficiado con tierras del Estado es el ministro de la Corte Sindulfo Blanco.

“Se constató que el 2 de marzo de 1987, bajo la presidencia de Juan Manuel Frutos, fue finiquitado el título de propiedad N° 132.972 sobre el lote 155 B de 2.500 ha. como Finca N° 12.644, padrón N° 564 a nombre de Sindulfo Blanco, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia, y en la misma fecha fue expedido otro título con el N° 132.973 por el lote 155 A con una superficie de 2.500 ha., pero éste último no fue finiquitado. Dichos títulos se refieren a dos lotes, ubicados en la Colonia Ñane Mba’e, distrito de Gral. E. Garay, departamento de Boquerón.

La intervención de la Oficina Chaco, argumenta que en ese entonces, Sindulfo Blanco no reunía los requisitos para ser beneficiario de la reforma agraria, por lo tanto no se le podía haber expedido 2 títulos” (sic), asevera el informe de la intervención al Indert.

Es por todo esto, y sin duda por mucho más, que las cúpulas de los partidos tradicionales y las agroganaderas sienten terror cuando apenas se habla de mensura judicial. Si fueron capaces de montar un circo romano para voltear a un gobierno que hizo tímidos intentos por investigar las propiedades de origen dudoso, cabe esperar que estarían muy bien dispuestos a hacer llegar nuevamente la sangre al río.

El fiscal Jalil Rachid está afiliado al Partido Colorado. El agente es acusado de tener vínculos con una de las partes y de llevar el caso con parcialidad manifiesta.

El diputado liberal Luis Carlos Neuman, el diputado colorado José Chamorro, Alfredo Stroessner Mora, entre los ocupantes de terrenos fiscales. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.

El exdictador nicaragüense Anastacio Somoza, el ministro de Industria y Comercio Francisco José Rivas, entre los beneficiados por la “reforma agraria” stronista. Esta lista corresponde a los expedientes de beneficiados solicitados en la fecha señalada por la auditoría y que no fueron proveídos. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.          

El diputado colorado Juan José Vázquez, el exsenador colorado Bader Rachid Lichi, entre otros, recibieron tierras del IBR. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.

En las tierras del IBR en poder del senador colorado Lucio Vergara Ríos y Bader Rachid Lichi no se realizaron mensuras administrativas. Aparecen otros nombres como el del fallecido Humberto Domínguez Dibb. Fuente: Auditoría al IBR/Indert 2005.

http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/Informe%20PDF%20Web/Tomo%20IV%20-%20Parte%202.pdf

Segunda parte del Tomo IV del informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre tierras malhabidas, en el que se consigna que Bader Rachid Lichi (pág. 69) y Andrés Rodríguez (pág. 71) fueron adjudicados con tierras de la reforma agraria.

http://www.redrural.org.py/V3/uploads/2012/08/INTERVENCION-INDERT-INFORME-FINAL.pdf

Informe final de la intervención al Indert 2012, en el que consta que el sojero Tranquilo Favero y el ministro de la Corte Sindulfo Blanco ocupan terrenos fiscales.

Fuente: documento de trabajo del equipo de investigación del Juicio Ético al Parlamento.

La lengua del subalterno

Entre las maracas y el adorno de plumas, las primeras palabras hermosas emergen en forma de llamas y tenue neblina cada vez que se invoca a Ñamandu durante los primeros resplandores del día. 

Este artículo recorre sucintamente algunos de los tópicos más transitados sobre los cuales se sustentan las jerarquías lingüísticas con el fin de revisar los lugares y las adscripciones que se endosan a las lenguas, específicamente el guaraní, y el lugar desde donde este habla si es que, en definitiva, puede hablar. Se asume que estas clasificaciones son de orden extralingüístico y que, en efecto, están instituidas desde las  prácticas y los saberes de la colonialidad, instancias que no dan cuenta de las potencialidades reales de las lenguas de adaptarse e influir en las transformaciones que se efectúan en su medio. Para ello se examinan algunas de las situacionalidades en que se afirman las formas de ejercicio del poder a través de la palabra y, en oposición al paradigma abstraccionista, se intenta mostrar la congruencia y la funcionalidad de los sistemas subalternizados en su respectiva función adaptante.

Uno de los pilares teóricos en que se ha fundado el imaginario hegemónico sobre el estatus de las lenguas es la hipótesis de Sapir-Whorf. Según estos autores, el lenguaje determina los modos de pensamiento. A partir de esto se sostiene que cuanto más expresiones tenga una lengua más apta será de generar formas complejas de pensamiento y, en contrapartida, la ausencia de una palabra para nombrar algún concepto imposibilita la capacidad de pensar tal o cual representación lógica. Esto directamente implica hacer una jerarquía entre lenguas superiores e inferiores en proporción a su repertorio léxico. Esta posición, a la que se conoce como determinismo o mentalismo lingüístico, sugiere que la lengua constriñe el pensamiento a tal punto que al carecer de determinadas expresiones esos conceptos serían impensables dentro de ese universo, puesto que las gramáticas conducen los procesos mentales.

Podríamos afirmar, en consecuencia, que si en guaraní no se puede decir “el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos”, ello se debe a que el guaraní es una lengua poco dotada que atenaza a sus hablantes impidiéndoles desarrollar operaciones de cierta complejidad.

Sobre esta ausencia del guaraní en el campo de la ciencia, Melià sostiene lo siguiente:

"(...) las dos lenguas del Paraguay cubren campos semánticos diferentes. Debido a factores de marginación cultural y social, el guaraní, ya desde los tiempos de la  colonia, quedó encerrado en el campo más conservador y estático de lo íntimo, y carece hoy de un léxico adecuado a las nuevas necesidades de un mundo en evolución. 

El guaraní, como casi toda lengua, no carece de los recursos potenciales para formar neologismos y crear nuevas expresiones para describir las nuevas experiencias. (...) es un hecho que el léxico guaraní no se ha desarrollado, más aún, se ha empobrecido. 

(...) el guaraní no puede entrar en ciertos campos semánticos, concretamente aquellos de la ciencia y de la técnica. Incluso el que se dice y se cree bilingüe no abordará nunca ciertos temas en la lengua indígena; sencillamente no puede, porque el hecho social no se lo permite. Hay de hecho temas inaccesibles para el guaraní, y esto debido a la evolución concreta del guaraní, no a defectos estructurales de la lengua en sí" (1997: 47-48).

Así, pues, el guaraní se encontraría ante terrenos cercados en los que le está vedado el decir, pero esto no nos habilita a concluir que la lengua equivalga a una rémora. El problema más bien radica en el proceso de normativización académica. 

El castellano, por su parte, ha resuelto eficientemente el problema de la jerga informática y tecnológica a través de prestamos léxicos del inglés, así como este ha tomado elementos de otras lenguas en otros campos del conocimiento. Hasta ahora no se cuenta con evidencia que nos muestre que en guaraní no pueda realizarse lo propio.

Hasta aquí resalta la idea de que lo que no puede ser dicho tampoco puede ser pensado. Sin embargo, en oposición a esto podemos notar que muchas sociedades que no conciben la autonomía del campo artístico tampoco poseen una palabra para nombrar el arte, lo cual no significa que no realicen asociaciones o vivan experiencias asimilables a un tipo de goce estético. Esto es representativo de que el arte no era una actividad separada de la vida y que, por lo tanto, no se precisaba abstraerse de él para nombrarlo, puesto que tan arraigado se encontraba con la existencia cotidiana que pasaba como un aspecto más de ella. Además, por supuesto, de la fuerte vinculación del arte con la ritualidad religiosa a tal punto que resulta difícil desvincularlos (Kottak, 2003).

Así también existen lenguas que no tienen términos para números superiores al cinco y esto se ha presentado como un indicio de supuesta precariedad lingüística. El antropólogo Marvin Harris, al interrogarse sobre la posibilidad de que existan lenguas superiores, analiza las necesidades culturalmente establecidas en cuanto a la disponibilidad de fórmulas que especifiquen o generalicen las cantidades numéricas. Ante el hecho de que muchas sociedades preindustriales hayan agrupado las cantidades en denominaciones genéricas tales como “poco”, “mucho” o “demasiado” y que, en contrapartida, las lenguas europeas cuenten con sistemas más específicos, se han construido nociones de prestigio social sobre las que Harris afirma: 

"Estas evaluaciones no tienen en cuenta que hasta donde un discurso es específico o general refleja la necesidad culturalmente definida de que sea específico o general, no de la capacidad de la propia lengua para transmitir mensajes sobre fenómenos específicos o generales (...). La ausencia de cifras elevadas normalmente significa que existe poca necesidad y pocas ocasiones en las cuales es útil especificar de manera precisa estas grandes cantidades. Cuando estas situaciones se hacen más corrientes cualquier lengua puede solucionar el problema de la numeración repitiendo el término mayor o inventando nuevos términos"  (2001: 81). 

Para ejemplificar esto último, el autor menciona que un individuo de una “sociedad simple” puede nombrar e identificar entre 500 y 1.000 especies, pero uno de una ciudad apenas de 50 a 100. El repertorio de este versa más bien sobre denominaciones genéricas como planta, árbol, flor, etc., algo que no les serviría de mucho a las culturas silvícolas. 

Para acentuar aún más el carácter meramente convencional de los constructos coloniales, tenemos que estos niveles del lenguaje, ya sea entre distintos idiomas o registros de uno mismo, son variables histórica, geográfica y socialmente. Como muestra de los cambios de valoración de los registros “marginales” cabría citar el lunfardo, un argot de los arrabales que con el tango, que también en sus principios fue una expresión cultural periférica, se jerarquiza adquiriendo el estatus de poesía escrita. 

Por otro lado, una lengua puede ser hegemónica en un espacio geopolítico pero subordinada en otro. Por ejemplo, el estatus del castellano varía según se considere América del Sur o del Norte. ¿Se debe esto a una aptitud intrínseca del idioma o al mayor poder económico y político de una determinada comunidad de hablantes? 

Estas fluctuaciones responden a lo que Iuri Lotman (1996) ha definido como irregularidad semiótica. Dentro del universo delimitado como semiosfera, los elementos significantes no son estáticos, sino que se desplazan continuamente desde el centro a la periferia y en sentido opuesto, de modo que sistemas sígnicos que se incorporan como mensajes subalternos pueden estandarizarse y tomar una posición dominante o, también, seguir un proceso inverso en otros casos, las más de las veces condicionados por factores extralingüísticos. 

Como muestra de ello tenemos que el castellano era una variante baja o subsistema no estandarizado de una lengua madre, el latín. Sin embargo, de ocupar una posición periférica, se institucionaliza en la Edad Media adquiriendo una tradición literaria con el Poema del Mío Cid; luego decae en el Renacimiento con la revalorización de la cultura greco-latina y, en el periodo posterior, el barroco, con el surgimiento de la gran literatura castellana –la novelística cervantina, principalmente– recupera sus posiciones de privilegio. La lengua es la misma y, aunque haya cambiado, lo que fundamentalmente ha variado es la valoración social respecto a ella debido a factores absolutamente exógenos a su potencialidad.

Diglosia

Ahora bien, tomando como punto de análisis el agente idiomático podemos considerar que el factor lingüístico es uno de los aspectos estructurales de la cuestión social paraguaya en tanto no solo re-presenta, sino también re-fuerza y configura las categorías de estatus entre los actores sociales.  

Autores como Melià, entre otros, llegan a rechazar incluso la posibilidad de un bilingüismo al sostener que este fenómeno no implica la sola coexistencia de dos lenguas y que, por lo tanto, lo que se verifica efectivamente es diglosia. En un contexto más general, también se registran casos de poliglosia o multiglosia, puesto que dentro de las propias lenguas indígenas existe una hegemonía del guaraní en relación con otras más vulnerables y al borde de la desaparición, como la lengua guaná, que de acuerdo al censo de 2002 solo llega a una treintena de hablantes. En situación similar se encuentran otras, como la angaité y sanapaná,  considerando que la factibilidad de las lenguas está formulada o direccionada en función a las fuerzas asimilatorias de la sociedad envolvente, según los datos  expuestos por Hannes Kalisch (2011) en Presente y futuro de las lenguas chaqueñas en el Paraguay.  

A partir de esto se pueden determinar las disputas entre los universos de la oralidad y la escritura, las pujas lingüísticas en el marco de la colonialidad y la decolonialidad, entre la construcción y la deconstrucción de la autoridad. En el guaraní criollo, el castellano es el karai ñe’ẽ, “la lengua del señor”, y el guaraní es el ava ñe’ẽ, “la lengua del indio”. Y ava es un término despectivo, algo que se asocia a todo lo indeseable. Quitarse lo ava es quitarse los malos hábitos. Como sociedad colonial sigue fuertemente arraigada la idea de que para ser “civilizados” hay que dejar de ser “indios”, relegando a los museos las expresiones simbólicas de estos últimos, catalogados como vestigios arqueológicos de un pasado precivilizatorio. Así, el proyecto supremo radica en efectuar la marcha transicional de la tradición a la modernidad, de la barbarie a la civilización, de la oralidad a la letralidad. 

Como sostuviera Bartomeu Melià sobre el encubrimiento de América, “el estado de las lenguas en América es uno de los mejores indicadores de lo que ha pasado con las sociedades americanas” (2004: 176). Si la conquista empezó por la ocupación del territorio, la ocupación de la lengua es, en última instancia, su culminación definitiva (ibíd.). Más aún, para este autor ningún proceso de dominación es tal en tanto no se constituya en una dominación por la lengua y a través de la lengua. Los contemporáneos guaraníes lo saben y por ello sostienen sus demandas en la expresión reivindicativa del ñande reko y ñane ñe’ê. 

Para Melià, sin tekoha no hay teko. Es decir, sin el lugar donde se desenvuelve la cultura, esta es irreproducible. Sin embargo, siguiendo a un oporaíva podemos sostener que “teko’ỹre ndaipóri tekoha”. Aparece aquí la idea de la reafirmación cultural como medio de recuperación del espacio material. Se invierte, por lo tanto, esa dialéctica llegando a la conclusión de que sin teko no hay tekoha. La lucha radica, por consiguiente, en qué actores imponen sus signos para configurar de acuerdo a estos la ordenación del mundo.

Esta ordenación y disposición de los elementos simbólicos de la conciencia sobre el mundo a las que nos referimos están direccionadas de acuerdo a los patrones dictados por el consenso hegemónico o meaning machine. Sobre el rol del conocimiento experto en la instalación de las representaciones culturales del poder colonial 

–naturalizado bajo la máxima de su supuesta asepsia–, citemos lo planteado por Jorge Brower Beltramin, quien desarrolla el concepto de antisemiología como respuesta a la colonialidad epistémica de la producción teórica de la “metrópolis”. El autor lo define en los siguientes términos: 

"[La antisemiología consiste en] (...) una teoría de los signos apegada a los espacios antropológicos en donde estos signos se producen, circulan y son finalmente interpretados. En consecuencia, la antisemiología se define, antes que todo, en contraposición a su referente inmediato, constituido por el dominio disciplinar de la semiótica de origen europeo, cuya base epistemológica hunde sus raíces en el logocentrismo ontometafísico (...). Articulada sobre binarismos rígidos y las taxonomías que se desprenden de ellos, la semiótica europea ha colonizado el mundo desde un ojo lector restrictivo que lee desde categorías e intereses ajenos a los proyectos de vida de otras sociedades y culturas” (Antisemiología, disponible en: http://www.cecies.org/articulo.asp?id=164)".

De esta manera, el autor propone una nueva praxis interpretativa o una lectura-otra de nuestro mundo sígnico que supere las epistemologías logocentradas. 

El antilenguaje

De modo análogo, Patricia Vallejos Llobet habla de un antilenguaje como un nuevo sistema de producción de significados de las llamadas subculturas, en oposición a los grupos que detentan el capital simbólico oficial y dictan las tradiciones canónicas. La autora empieza asumiendo que los estándares lingüísticos no son solo instancias referenciales o denotativas que decodifican una realidad que les es externa, sino que también imponen categorías de pensamiento. Si bien lo que hace a un lenguaje no es el corpus lexicográfico, sino la estructura sintáctico-gramatical, una muestra de antilenguaje podría ser el nadsat de La naranja mecánica de Anthony Burguess, una forma experimental contrapuesta al orden y el equilibrio del lenguaje estandarizado de la cultura hegemónica.

Pero el punto central de su planteamiento radica en que no todos los antilenguajes son parte de movimientos contrahegémonicos. La literatura, como una forma de antilenguaje, puede funcionar a manera de alternación, pero al mismo tiempo reforzar los universos semánticos del poder. Una muestra de ello podría constituir la neolengua orwelliana. Esto resulta aplicable también al guaraní y su funcionalidad o instrumentalización en determinados contextos por los sectores dominantes, como el uso que hicieron los jesuitas de la lengua indígena a fin de imponer los dispositivos simbólicos del imperio colonial, la religión católica.

En esta operación cumplió un rol medular la reducción de la lengua oral a la escritura (Melià, 1993). Ello a partir no solo de una voluntad explícita del misionero, que procedió a vaciar de contenido ese sistema sígnico con objeto de utilizarlo como mero canal de una conciencia ajena y también destruyendo todo lo que pudiera oponerse al proyecto reductor (un solo dios, una sola palabra), sino por las características técnicas de registro propias de cada sistema y, paradójicamente, por la propia irreductibilidad de la lengua oral al soporte material de la escritura. 

Hablar nuestra palabra, nuestro decir

Considerando todo lo expuesto, cabe preguntarse con Gayatri Spivak (1998) si “¿puede el subalterno hablar?”. Al interpelarse con esta fórmula, la autora sostiene que el colonizador no solo representa (elaboración mental), sino que también quiere representar (arrogarse atribuciones por delegación), ya que la “barbarie” nunca es consciente por sí misma de lo que le conviene. El intelectual, aunque luche (o crea que lo hace) por la emancipación del subalterno, por definición acabará subalternizándolo aún más al hablar en su nombre, asumiendo de esa manera que aquel no puede hacerlo por sí mismo. Es a raíz de ello que Spivak se inquiere sobre la posibilidad de que ese sujeto de los márgenes pueda enunciarse ante el mundo; ella misma responde: el subalterno no puede hablar. O, en términos menos alegóricos, puede hablar, al menos físicamente, pero su decir nunca podrá erigirse en diálogo ni en discurso. 

En consonancia con esto es que Melià sostiene que nuestra sociedad no es bilingüe, sino que, por el contrario, está derivando hacia un alingüismo. Hay un campo en el que las lenguas subalternas no tienen voz. En una posición equivalente a la del mentalismo lingüístico, al que ya nos hemos referido al principio, prosigue: 

"La moderna lingüística estructural admite generalmente que nosotros no hablamos una lengua, sino que somos hablados por la lengua. En consecuencia, un pueblo que se des-lengua es un pueblo que se des-piensa, se des-dice y, finalmente, se des-hace (...). Ahora bien, el alingüismo es por desgracia un fenómeno posible. (...) una lengua pasa a ser dominada cuando se la relega al coloquio íntimo y se le niega vigencia en lo que se ha dado en llamar el mundo de la cultura (1997: 39)".

Excluida, pues, del mundo de la “alta cultura”, la palabra alterna del “indio”, sin embargo, aún se alza por entre los fogones. En el opy y en el tangara sigue resonando el eco desvaído del decir que agoniza. “Ñu ha ka’aguy... opa opa ñandehegui...”. 

Como bien lo señalara Augusto Roa Bastos en el prólogo de Las culturas condenadas al destacar la cosmopoética sin parangón de los cánticos indígenas, los textos de la literatura nacional escrita en castellano “segregada de sus fuentes originarias, se apagan, carecen de consistencia y de verdad poética ante los destellos sombríos de los cantos indígenas tocados por el sentimiento cosmogónico de su fin último en el corazón de sus culturas heridas de muerte” (Roa Bastos, 2011: 23).

Ha’e, “ser” y “decir” en guaraní. Palabra y alma, una misma entidad. Una palabra que nos convoca a leer el mundo como una constelación de signos de infinitas combinaciones y al que el imperio de las “misiones civilizatorias” ha pretendido reducir a una lectura unívoca, derecha y rectilínea.      

Bibliografía

Brower Beltramin, Jorge 2010 “Antisemiología”, en Pensamiento Latinoamericano y Alternativo. Disponible en:  http://www.cecies.org/articulo.asp?id=164 [Fecha de acceso: 3 de junio de 2011].

Harris, Marvin 2001 Antropología Cultural (Madrid: Alianza).

Kalisch, Hannes 2011 “Presente y futuro de las lenguas chaqueñas en el Paraguay”, en Pueblos Indígenas en el Paraguay. Centro Cultural de España Juan de Salazar (Asunción).

Kottak, Conrad 2003 Espejo para la humanidad (Madrid: Mc Graw-Hill).

Lotman, Iuri 1996 La semiosfera. Semiótica de la Cultura y del texto (Madrid: Cátedra).

Melià, Bartomeu
2004 El don, la venganza y otras formas de economía guaraní (Asunción: CEPAG).
1993 El guaraní conquistado y reducido (Asunción: CEADUC).
1997 Una nación, dos culturas (Asunción: CEPAG).

Roa Bastos, Augusto (comp.) 2011 Las culturas condenadas (Asunción: Servilibro).

Spivak, Gayatri 1998 “¿Puede hablar el sujeto subalterno?”, en Orbis Tertius, III. Disponible en: http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/numeros/numero-6/traduccion/spivak [Fecha de acceso: 20 de octubre de 2011].

Vallejos Llobet, Patricia 2010 “Antilenguaje”, en Pensamiento Latinoamericano y Alternativo. Disponible en: http://www.cecies.org/articulo.asp?id=163 [Fecha de acceso: 22 de junio de 2011].

La impronta guaraní en el castellano paraguayo

“El descubrimiento del castellano paraguayo a través del guaraní. Una historia de los enfoques lingüísticos”, es el título del libro que fue lanzado el último miércoles 31 de octubre en la sede de la Sociedad Científica del Paraguay.

Las lingüistas Malvina Segovia, Soledad Acosta y Hedy Penner

La presentación estuvo a cargo de las tres autoras –Malvina Segovia, Soledad Acosta y Hedy Penner–, quienes fueron dando cuenta de la organización del texto así como graficando con ejemplos el entrecruzamiento de esos universos lingüísticos, el continuo tráfico e intercambio, que algunos investigadores incluso llegaron a definir como una tercera lengua, que no es castellano ni guaraní pero es las dos cosas al mismo tiempo.

Segovia destacó en su intervención que una de las particularidades del castellano paraguayo es que ninguna otra variante del continente recibió más influjo de una lengua amerindia, en este caso el guaraní, como nuestro tan denostado jopara, que tanto desconcierto genera entre los cultores “del buen hablar” y que consiste básicamente “en una forma alejada de la matriz ibérica”, expresó.

Desde la perspectiva de la teoría del sustrato, los primeros estudios hablan de un castellano de guaraniparlantes, en referencia a las marcas que recibió la lengua colonial de la vernácula. A ello podríamos agregar el fenómeno inverso, es decir, el del superestrato, en el que se verifica un movimiento en dirección contraria en el que la lengua nativa incorpora elementos, principalmente léxicos, de la lengua del colonizador. En la actualidad esto se da sobre todo porque el guaraní no ha experimentado un proceso de estandarización acorde a las necesidades de nuestro tiempo, lo cual no constituye una debilidad de la lengua misma, sino de sus instituciones.

Posteriormente, Soledad Acosta brindó una explicación de la estructura y lógica del libro. En primer lugar relató que el estudio se basa en una cronología de los distintos niveles de análisis lingüístico empleados, entre los que resaltamos aquí el paso de lo normativo a lo explicativo. Esto es, más que emitir juicios valorativos sobre la corrección o no de las formas del habla de nuestro castellano guaranizado o guarañol, se procede a describir los hechos lingüísticos sin juzgarlos desde la norma, sino desde la pragmática en tanto acto comunicativo con sus propias lógicas internas.

Sobre esto puso ejemplos de la interferencia del guaraní en el uso de las preposiciones, como nuestro muy típico “me voy en mi casa” (me voy a mi casa, en la forma castiza), que es un calco del guaraní, en el que el estar y el irse –“aime che rógape” y “aha che rógape”– se marcan con la misma forma preposicional, que denota tanto estado como movimiento. Asimismo, citó algunos ejemplos y usos de nuestros “graciosos” marcadores discursivos, como el piko, pio, na, etc.

Por último, Hedy Penner resumió las dos dimensiones de la obra, por una parte informativa y, por la otra, formativa. Luego agregó que esta investigación pretende constituirse en una muestra panorámica de la teoría ante los hechos lingüísticos, de los ejes y el tratamiento aplicado al castellano del Paraguay. Entre los trabajos al respecto mencionó que muchos han sido especialmente sensibles a la dimensión normativa, lo cual devino en la estigmatización del registro popular.

Aunque las autoras insistan en que su propósito no es valorar normativamente, sino presentar un corpus descriptivo de la lengua, el resultado de la obra es que termina dignificando una variedad dialectal marginada, cuyos usuarios están reducidos a la condición de hablantes de segunda categoría, de “guarangos”. El objetivo del trabajo es “ofrecer pistas a investigaciones necesarias, señalar las falencias teóricas existentes así como los conceptos que deben ser repensados”, concluyó Penner.

Y, finalmente, el brindis. Ya un tanto envalentonados por la suma de tragos, mi compañero y yo nos acercamos a saludar a las autoras. De pronto advertimos, con cierta preocupación, que el vino y los bocaditos habían acabado. “Mba’e pio jajapóta?”, me pregunta. “Y yo me voy en mi casa, mba’e”, le respondo.

Juicio Ético al Parlamento: “Por la condena”

El pasado 22 de octubre, en el Centro Cultural de la República El Cabildo, fue presentada la acusación cívica de la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia en el marco del Juicio Ético al Parlamento.

La abogada Milena Pereira, durante la exposición de la pesquisa ante el Tribunal Ético por la Democracia (http://juicioeticoalparlamento.com/)

La lectura del escrito conclusivo del equipo investigador estuvo a cargo de la Abog. Milena Pereira, quien realizó la pesquisa junto con la Abog. Mirta Moragas y el Econ. Luis Rojas. En el alegato se enumeran las causales de la acusación cívica contra el Congreso, entre las que citó las “acciones violatorias de la Constitución Nacional que imposibilitan la vigencia de un Estado social de derecho, sanción de leyes contrarias al interés general que impiden el desarrollo nacional para favorecer a sectores económicos a los cuales se representa y responde en exclusividad, por la grave responsabilidad institucional dada su política activa de aislamiento del país y debilitamiento de los principales procesos de integración regional”.

Asimismo, en los puntos subsiguientes se señala “la degradación de la honorabilidad del Congreso de la Nación, por conductas discriminatorias y de defensa de intereses ilegales, por la autoasignación de privilegios, por las evidencias de comisión de hechos de corrupción en el ejercicio del cargo, la utilización de fueros como blindaje corporativo para la impunidad de parlamentarios ante el requerimiento judicial por la comisión presunta de delitos, por el uso despótico de instrumentos de control a otras instituciones estatales, premiando la subordinación de sus titulares a las mayorías parlamentarias y sus financistas, extorsionado a funcionarios que aplican medidas orientadas al cumplimiento de la ley, por los retrocesos e impactos políticos y sociales para el Paraguay como consecuencia de la destitución arbitraria y antijurídica del presidente electo constitucionalmente”.

A renglón seguido la fiscala pasó a enumerar algunos de los hechos hallados durante la pesquisa, como la utilización despótica del instrumento de control más importante del que dispone, el juicio político, a los efectos de amedrentar a la Contraloría General de la República por pedir informes a un intendente por los comprometedores indicios de malversación de fondos en su gestión; el nombramiento a discreción de funcionarios y la no remisión de informes obligatorios a la Secretaría de la Función Pública; el manejo con criterios cupulares partidistas de los órganos específicos de control creados constitucionalmente: Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, etc.

Uso perverso de recursos públicos

Seguidamente, la jurista aludió a la partidización del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que, pese a reiterados pedidos, nunca ha enviado a las autoridades competentes su listado de personas contratadas y que ejerce un uso perverso de los recursos públicos con la connivencia y autorización del Congreso nacional. Esta perversidad se trasluce nítidamente apenas se hurga entre los números del presupuesto. El monto asignado en 2011 para al TSJE fue de G. 539.000 millones, y que llegaría a unos G. 589.000 millones para este año. En contrapartida, se recortó el pedido del MSPyBS en el Programa de Unidades de Salud de la Familia, que apuntaba a garantizar el acceso a la salud de miles de personas actualmente privadas de tal derecho.

El Legislativo “sostiene en sus cargos a una Corte Suprema de Justicia y, como consecuencia, un Poder Judicial, sin control administrativo-presupuestario de gastos por la Contraloría General de la República, un parlamento que ha sesionado sin quórum, aprobando leyes y rechazando vetos, todos estos actos nulos por llevarse a cabo sin las mayorías constitucionales requeridas”, agrega la acusación.

“Un Congreso que consagra un sistema impositivo tan inequitativo que los trabajadores/as independientes de cualquier oficio deben pagar 10% sobre sus ingresos, mientras, el sector de mayores ganancias y enriquecimiento en las últimas décadas, el agroexportador, prácticamente no paga impuestos, aportando solo el 2,25% del total recaudado por el fisco (0,25% por el impuesto a la renta de las actividades agropecuarias Imagro y 2% por el IVA)”, reza otra parte del escrito.

Evasión y tierras malhabidas

Como ejemplo del uso del cargo para delinquir se cuentan los casos de un presidente del Senado, Óscar González Daher (2010), evadiendo impuestos a través de la falsificación de documentos, ostentando un grosero tráfico de influencias; un diputado usurpando unas 1.600 hectáreas de tierras de la reforma agraria en Antebi Cue y valiéndose de su cargo para intentar blanquear tal situación, como es el caso del diputado Magdaleno Silva, con la consecuente responsabilidad de todo el Congreso por asentir la comisión de hechos de esa índole.

El largo prontuario de malos manejos que arrastra el Parlamento se corona con que, en uno de los puntos de su acusación contra el presidente Lugo, señala como una de las causales la invasión de propiedad privada, cuando que las tierras de Marina Cue pertenecen al Estado y están en litigio por la usurpación de una empresa privada, evidenciando de tal manera que el Congreso lesiona su deber de proteger los bienes públicos actuando en defensa de intereses particulares.

Hacia el final de su presentación, Pereira resaltó la paradoja de que el Parlamento, a pesar de ser un poder despótico que concentra y toma a discreción las decisiones que atañen al rumbo del país, es una institución sumamente debilitada que carece de la confianza de la mayor parte de la población y que teme a la ciudadanía, por lo que destituyó en apenas dos días a nada menos que al presidente en un proceso totalmente violatorio de las garantías constitucionales.

Luego de darse por concluida la enumeración de la profusa evidencia sobre mal desempeño de funciones en que incurrió el Parlamento, el Tribunal Ético por la Democracia –presidido por el Dr. Luis Lezcano Claude e integrado por la Dra. Margarita Durán, el Dr. Ignacio Telesca, la Abog. Line Bareiro, el Abog. Dionisio Gauto y el investigador Bartomeu Melià (ausente en la ocasión)– procedió a hacer lugar a la acusación fijándose como fecha del juicio oral y público el próximo 22 de noviembre en la Plaza de la Democracia.

Finalmente, como parte de una ciudadanía que aspira a la plena vigencia de una democracia no meramente formal, sino una en la que los derechos sean efectivos y los representantes electos se sometan al control y a la voluntad popular; por un Legislativo que actúe como tal, y no como un cártel en el que el único código vigente es el recíproco encubrimiento ante cualquier intento de investigar los delitos; por un Parlamento que represente la pluralidad de intereses en juego y que no sea una trinchera de negocios espurios, del tráfico, el crimen y la prebenda. Por todo ello, y sin duda por mucho más, nos atrevemos a afirmar que el veredicto de gran parte de la sociedad será unánime: “Por la condena”.