Entradas
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| Nota del diputado Óscar Tuma solicitando la intervención en Campos Morombí (internet) |
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| Campesino abatido en Curuguaty (internet) |
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| Calé Galaverna, uno de los ejemplares más deteriorados del Congreso paraguayo. |
Me refiero a un texto publicado por estos días en el periódico de análisis E'a bajo el título de La Patria Sojera y USAID detrás del Golpe de Estado, firmado por el abogado Orlando Castillo (disponible en: http://ea.com.py/la-patria-sojera-y-usaid-detras-del-golpe-de-estado/).
En primer
término el autor señala que no deja de ser llamativo el golpe contra Lugo,
siendo que la gestión de este fue totalmente favorable a la matriz acumulativa
y al régimen de propiedad que reina en el país.
Posteriormente
señala que los procesos de integración (con los muchos reparos que cabe
señalar) como el Mercosur no fueron mal vistos por las metrópolis capitalistas
en los años 90, por la misma naturaleza de los gobiernos de entonces, pero el
recelo comienza a emerger con instituciones como la Unasur y con gobiernos
contestatarios a la voluntad expansionista de los mercados centrales.
Paraguay es un
eslabón geopolítico no menor en la región. Bajo el gobierno de Nicanor Duarte
Frutos se permitió el ingreso de tropas norteamericanas con inmunidad absoluta
en el territorio y hay razones para suponer que los EE.UU. no se resignarían
alegremente que bajo el gobierno de Lugo esos tratados no se hayan prorrogado.
Apenas ocurrida la destitución de aquel, el diputado oviedista José López
Chávez se mostró deseoso, según manifestó a la 780 AM, de que EE.UU. retome su ayuda con la “misión humanitaria” de ese país
a raíz de la “amenaza” boliviana. (Hace tiempo resuenan los cantos de sirena
sobre la supuesta intención de Evo Morales de invadir el Paraguay). Misión
humanitaria sostenida sugerentemente bajo la tutela de un cuerpo armado. Señaló
también que el Pentágono se encuentra analizando el asunto y admitió que hay
conversaciones en ese nivel. Hay que destacar que todas estas tratativas se
entablaron con un gobierno cuya legitimidad aún está en duda, lo cual nos
muestra que en asuntos de esta índole los ideales democráticos y libertarios
que profesa el Norte son minucias de segundo orden.
En coincidencia con esto, “la Asociación Nacional
Republicana (ANR), Partido Colorado, firma un Convenio de Cooperación con el
brazo nacional de la USAID, el Centro de Información y Recursos para el
Desarrollo (CIRD), que tiene como Gerente de Administración de la Organización
a Álvaro Caballero Carrizosa, pariente del precandidato a presidente por Patria
Querida, el empresario Miguel Carrizosa, partido que, juntamente con los
oviedistas, colorados y liberales, votó por el Golpe Parlamentario. Al frente
del CIRD se encuentra Agustín Carrizosa.
Este mismo convenio y trabajo se llevó adelante con los demás
Partidos Políticos que llevaron adelante el Golpe. La fachada eran charlas con
las bases sobre acercamientos políticos, pero en las cúpulas las discusiones
habrían girado sobre otras cuestiones”, señala el artículo de referencia.
El prontuario de Álvaro Caballero Carrizosa está cuando menos
bajo el estigma de la duda. “Álvaro
Caballero Carrizosa fue absuelto en un polémico fallo de la justicia, en la
investigación del vaciamiento del Banco Paraguayo Oriental, por medio de la
prescripción. Un vaciamiento de unos 135 mil millones de guaraníes, más de 30
millones de dólares al cambio actual”, agrega.
Así también
señala la paradoja del discurso “soberacionista” del diario ABC Color, que
realizó una campaña en duros términos contra la firma del protocolo Ushuaia II,
que según el diario delega la soberanía a la interpretación ocurrente de los
vecinos sobre qué constituye una ruptura del orden democrático, a partir de la
cual se habilita la atribución de sancionar a los países en cuyo seno se tomen
atajos para hacerse del poder.
Sin embargo, las
convicciones patrióticas de este diario no se mostraron como tales cuando se
trató el tema de hacer respetar las franjas de seguridad fronteriza y el
catastro de tierras, bajo el supuesto de que perjudica el clima de negocios y
la seguridad jurídica para las tan mentadas inversiones extranjeras. Las
tierras es cuestión debían ser expropiadas, por lo que, considerando que la
mayor parte de ellas están destinadas al cultivo de soja transgénica, aparecen
directamente afectados los negocios de Monsanto, Cargill, las corporaciones
agropecuarias y los capitales de dueños de medios con inversiones en el rubro,
lo cual nos muestra que detrás del apoyo de la prensa al golpe había cuestiones
más tangibles que la defensa de la institucionalidad y el Estado de derecho.
En esta misma
dirección, los propietarios rurales “brasiguayos” se alinearon rápidamente con
el actual gobierno y viajaron al Brasil para presionar a la presidenta Dilma
Rousseff a fin de que valide el irregular proceso destituyente. Tranquilo
Favero habría estallado de felicidad, pues hacía poco tiempo se mostró
nostálgico de la dictadura de Alfredo Stroessner añorando las épocas de “paz y
progreso”. Así también su deseo de tratar a palos a los campesinos se vio
retribuido con creces en los trágicos sucesos de Curuguaty.
Castillo también
pone en contexto la intencionalidad del Parlamento de desviar el foco de su
deplorable gestión. En momentos en los que todas las diatribas apuntaban al
Congreso por el intento de ampliación de
recursos para operadores políticos de la Justicia Electoral (proyecto vetado
por el Ejecutivo) y la negativa de desbloquear las listas sábana, este se erige
en el más férreo defensor de la “democracia, la soberanía, la honestidad y el
buen desempeño público”. Es decir, exige a otros lo que ni por asomo está
dispuesto a cumplir. Ahora pocos recuerdan el juicio a los ministros de la
Corte.
Por otro lado, al tener en cuenta que los primeros gritos por el
juicio político se levantaron desde las carpas del cartismo, no es desdeñable
el siguiente señalamiento del mismo autor:
“El cierre de filas a favor del golpe de Estado que se
concretaría meses después se da con la reunión entre Aldo Zuccolillo y Horacio
Cartes, precandidato a presidente por el Partido Colorado. Luego de un mes de
constante bombardeo periodístico de ABC y –detrás del mismo– de la prensa
nacional, la reunión del 30 de enero de este año marca un hito importante en la
consolidación de la desestabilización social. Cartes y Zuccolillo mantienen una
reunión, donde el dueño de ABC sostiene su aval y apoyo al precandidato que se
encontraría vinculado a varios hechos ilegales que lo llevan a estar en la
lista de la DEA. Coincidentemente, tanto Cartes, impulsor del juicio político,
al igual que Micheletti en Honduras, son elementos investigados por la DEA”.
El júbilo de los ganaderos con la remoción de Lugo, al punto que
expresaron su total apoyo a Federico Franco y la suspensión del tractorazo,
viene a coincidir raramente con otros hechos. Semanas atrás varios ganaderos,
entre ellos el expresidente de la Asociación Rural del Paraguay, Néstor “Tito”
Núñez, hijo mimado del diario ABC Color, fueron imputados por el represamiento
ilegal de los cursos hídricos en el Chaco que desembocó en una grave inundación
en la zona que se cobró al menos con 40.000 damnificados.
Que en Paraguay los procesos contra los poderosos queden en la
nada no es un hecho novedoso. Pero igual advirtamos, como lo hace el artículo,
que el gobierno golpista muy probablemente devolverá el favor a los hacendados
con la desestimación de las causas.
Tomando prestadas las palabras de Rafael Barrett, cuando se
habla de política, o de políticos, en Paraguay, no hace falta echar mano de
mucha sociología. La proximidad de las elecciones nacionales y el apetito
prebendario y clientelar de los partidos Liberal, Colorado, Unace y, aunque se
haga el impoluto, Patria Querida, también viene a aportar algunas luces sobre
por qué destituyeron a Lugo quedando tan poco de su mandato y estando las
elecciones tan próximas. Pues precisamente por eso: para hacerse de los
recursos del Estado y aceitar la maquinaria partidaria, que no se mueve por
convicción, sino por angurria. Federico Franco ya está nombrando en puestos
clave a sus familiares, reproduciendo a escala nacional lo que hizo en Fernando
de la Mora: confundir el patrimonio público con el estrictamente privado.
Todo esto desemboca en un mismo nudo, en el que aparecen
nuevamente involucrados elementos del Partido Colorado. Las tierras malhabidas
de Blas N. Riquelme y una nota del diputado Óscar Tuma intimando al senador
Efraín Alegre para que el Congreso intervenga a fin de hacer efectivo el
desalojo de Campos Morombí, procedimiento finalmente realizado con las trágicas
consecuencias que hicieron de coartada para defenestramiento del presidente
Lugo.
No es descabellado pensar que la matanza, tanto de los policías como
de los campesinos, haya estado planificada por los mismos ideólogos del juicio
político, pues a fin de cuentas, como sostuviera Jean Paul Sartre, la guerra
siempre la hacen los ricos y en ella van a morir los pobres.
Por algún lugar andará Río Tinto, cuyo proyecto de hacerse de la
energía paraguaya a un precio irrisorio parecía algo trunco, pero la nueva
administración lo reflotó como una de sus primeras medidas. Otros no pueden
evitar recordar aquella reunión entre el entonces vicepresidente Federico
Franco, militares y otros opositores en la Embajada de EE.UU., bajo el auspicio
de la propia titular de la sede diplomática en ese tiempo, Liliana Ayalde, y en
la que se habría hablado precisamente de juicio político.
Finalmente, EE.UU. vende la imagen de que no le importa mucho su
patio trasero. Algunos le creemos, pero el viaje de Cartes, hombre de dudosa
reputación y frecuentemente vinculado con negocios ilícitos, a los EE.UU. para
reunirse con representantes de autoridades bancarias, según la agenda pública,
y el inmediato proyecto de instalar bases militares norteamericanas apenas
consumada la destitución de Lugo son curiosas coincidencias. Los escépticos
dicen, en cambio, que las coincidencias no existen o, cuando menos,
difícilmente son casuales.
