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Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur y experto en materia energética. Foto: parlamentomercosur.org.
El 2023 es un año clave para asegurar los recursos energéticos y económicos necesarios para impulsar el tan postergado desarrollo tecnológico e industrial de nuestro país. Para ello será fundamental la efectiva disponibilidad de la energía que nos corresponde en Itaipú y recibir una tarifa acorde a los valores de mercado por los excedentes que aún no podamos utilizar y que sean vendidos ya sea al Brasil o a terceros países, algo que no podemos realizar según los actuales términos del tratado.
En dos años la deuda debe estar totalmente saldada, lo cual indefectiblemente deberá tener un impacto importante en la estructura financiera de la binacional y la tarifa de la energía, dados los menores costos operativos que implica la cancelación del pasivo.
Sin embargo, desde la margen derecha la inquietud asoma inexorablemente dados diversos episodios como el escándalo de la firma del acta bilateral con Brasil para la contratación de energía, que según las denuncias de varios expertos era contraria a los intereses del Paraguay. Si ya el gobierno de Mario Abdo Benítez daba muestras de vacilación y falta de una estrategia clara para encarar el asunto con alguna posibilidad de éxito, con las últimas movidas en su gabinete estas dudas se han ahondado aún más.
Así, con el fin de abordar algunos de los aspectos más importantes que están en juego, conversamos con el ingeniero Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur, experto en materia energética y autor de varios libros, siendo el último de ellos “Soberanía energética, renta eléctrica y desarrollo” (2019), que brinda un panorama de las principales reivindicaciones y derechos que nuestro país debe defender en la mesa de negociaciones.
–¿Cómo ve los cambios realizados por el presidente en el equipo negociador con vistas a la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú?
–De mal en peor. El nombramiento de Federico González (como director paraguayo de Itaipú) es lamentable porque se trata de uno de los artífices del acta entreguista del 2019.
Lo más grave es que se mantiene y profundiza una línea complaciente con Bolsonaro, que además del acta secreta acumuló la entrega gratis del 50% de la energía del embalse, cuando los precios estaban por las nubes, y la donación de 203 millones de dólares a Furnas-Brasil para transportar mejor nuestra energía a Sao Paulo, en diciembre pasado, sin nada similar para transportar nuestra energía a nuestro territorio hasta ahora.
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Canese denuncia que con el gobierno de Mario Abdo Benítez el presidente brasileño Jair Bolsonaro avanzó bastante en su plan de privar al Paraguay del ejercicio efectivo de su soberanía. Foto: Presidencia
–¿Qué piensa sobre el trabajo que podría hacer desde su lugar de canciller Euclides Acevedo para lograr una negociación favorable al Paraguay?
–El problema es Abdo Benítez, quien es el que da las instrucciones y tiene una comprobada línea entreguista por todos los ejemplos mencionados. El equipo por él asignado es funcional a tal línea complaciente con Bolsonaro y no vemos a ningún luchador por la soberanía hidroeléctrica.
–¿Cuáles son los beneficios adicionales que debe recibir el Paraguay luego del vencimiento del Anexo C?
–El Paraguay debe ejercer su soberanía en Itaipú. Disponer del 100% de la energía que le corresponde en la hidroeléctrica. Utilizar todo lo que pueda y los excedentes vender a precio de mercado. En el libro que publiqué en el 2019 se demuestra que entre Itaipú y Yacyretá el Paraguay debe recibir desde el 2023 unos USD 3.600 millones anuales a precio de mercado. Ahora recibe unos USD 750 millones anuales. Esa es la diferencia.
–¿Qué le parece que haría o está haciendo el Brasil para impedir el ejercicio de la soberanía sobre nuestra energía?
–Buscarán comprar a los representantes del Gobierno paraguayo. Así de simple. Si el Gobierno paraguayo hace las obras eléctricas (que no está haciendo) para ejercer la soberanía y la ejerce, el Brasil no podría hacer nada. Ya se vio cómo consiguieron el acuerdo secreto de Itaipú Bolsonaro-Abdo del 24 de mayo del 2019, luego el del 13 de diciembre del 2019; luego la energía paraguaya del embalse entregada gratis al Brasil; luego la inacción para hacer obras de infraestructura (que en total cuestan USD 650 millones y nos puede permitir acceder a USD 3.600 millones anuales); y la falta de voluntad para ejercer ya ahora nuestra soberanía. El Brasil trabaja para que el Gobierno paraguayo no tenga voluntad política para defender la soberanía... y parece que con Abdo avanzó bastante.
En el 2023 la deuda de Itaipú debe estar saldada, por lo cual se deben revisar los términos del Anexo C. Foto: Itaipú Binacional
–¿A qué es lo que el Paraguay no debe renunciar de ninguna manera?
–A ejercer su soberanía, a hacer las obras eléctricas y a contratar el 100% de nuestra parte. A ejercer la soberanía con los excedentes.
–¿Qué enseñanza se puede sacar del acuerdo sobre Yacyretá que se firmó en el 2014?
–Lo inconveniente del acuerdo Cartes-Macri es que, por una parte, reconoce una deuda que debió ser cero ya en ese año, en el 2014, cuando terminó el Anexo C de Yacyretá, y, por otra parte, no se reafirmó la soberanía sobre la energía paraguaya de Yacyretá, como dice su tratado claramente.
–De ser posible, ¿de qué manera se podrían revertir estos términos?
–Simplemente se debe ejercer la soberanía sobre nuestra energía de Yacyretá, contratándola en un 100% y vendiendo libremente los excedentes, y no reconociendo la deuda. Hacerle ver a la Argentina que si se restituye la equidad, la justicia, se podrían emprender otros aprovechamientos conjuntos, que es lo que pretende Argentina, pues necesita de más energía. Pueden ser aprovechados Corpus e Itatí-Itá Corá, pero antes se le debe exigir a la Argentina plena soberanía sobre nuestra energía de Yacyretá, como está en el tratado.
Otras críticas a este acuerdo son la no reposición del ferrocarril, el no pago de resarcimientos por daños y perjuicios y el no pago al contado de la compensación en razón del territorio inundado, adeudado desde el inicio, por unos USD 1.000 millones aproximadamente.
