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Comparto
una entrevista realizada al pa’i Bartomeu Melià el
4
de noviembre del 2011 tras haber recibido el Premio Bartolomé de las
Casas. En este diálogo refuta los ataques que recibió del diario ABC
Color tras haber criticado los daños ambientales y humanos
producidos por el cultivo de soja. Che py’aite guive, según tus propias palabras.
La lluvia daba un aire místico a la abadía (pero no era una abadía). Avanzo por el pasillo al encuentro de aquel bibliotecario que detenta los secretos de la lengua guaraní. Pero no era ciego, de modo que no podía ser tan peligroso, pensé.
El pa’i Melià ya aguardaba con algunos libros y archivos digitales para dar sustento documental a su intervención. Detrás de su escritorio se encontraba un estante, donde se seguían en hileras varios volúmenes sobre cultura guaraní e historia de la orden jesuítica. Pensé que tal vez ahí estaba la entrada al laberinto que escondía la biblioteca secreta. La Novena impregnaba de una sombra oscura el estudio. De pronto apaga la música...
–Pues
bien, estamos aquí por aquel editorial de ABC Color, “Falsos
prejuicios contra la producción sojera”,
que se refiere a las críticas que usted realizara, días después de
recibir el premio Bartolomé de las Casas, contra la devastación de
los territorios indígenas provocada por el cultivo de la “maldita
soja”.
–Le
agradezco mucho esta entrevista en la que me preguntan sobre la
cuestión de la soja e indígenas. El editorial de ABC del sábado 22
de octubre de 2011 es una construcción o un texto sobre todo
ideológico. Precisamente después de alabanzas inmerecidas a mi
trayectoria intelectual, que son las que habían motivado la
concesión del premio Bartolomé de las Casas, me atribuye falta de
conocimiento en la cuestión de la soja, la deforestación y la
productividad.
En
primer lugar, puedo decir que tengo conocimiento del Alto Paraná,
concretamente, y de partes de Canindeyú, desde los primeros meses de
1969. Es decir, más de cuarenta años. Por lo tanto, cuando hablo de
deforestación, sé de qué hablo.
Por
otra parte, la deforestación no son solo números, sino pérdida y
deterioro de modo y calidad de vida. En este sentido, el Alto Paraná
ha sido destruido y no hay argumento válido para justificar esta
destrucción (y hoy se ve esto todavía más que hace unos años y
hoy más que ayer). Esta destrucción es también la destrucción de
los pueblos indígenas que están ahí desde tiempos anteriores a
cualquier colonización.
Fui
autor, junto con el general Ramón César Bejarano y el señor
Balbino Vargas, del informe sobre comunidades indígenas en el Alto
Paraná en el año 1976, encargado precisamente por la Itaipú
Binacional, por mandato del Banco Mundial. Este informe está en los
archivos de Itaipú. La deuda histórica y económica que esta tiene
hasta ahora con el hábitat y tekoha de los avá-guaraní paranaenses
no está saldada. El territorio avá-guaraní fue usurpado, robado,
deforestado y destruido. La Industrial Paraguaya, con una compra
carente de toda legitimidad, se adueñó de tierras que no podían
ser vendidas y que a su vez malvendió. Y lo mismo sucedió con otras
de la región.
–¿Cómo
ve la actuación del Estado paraguayo?
–El
Estado paraguayo, a más de 100 años de la consumación de este
ilícito, ya tendría que haberlo revisado. Las tierras de la casi
totalidad del Alto Paraná siguen perteneciendo al pueblo
avá-guaraní, cuyos títulos legítimos y hoy reconocidos por la
Constitución son anteriores a la misma existencia del Estado
paraguayo. Se añade a esto el agravante de que el Estado no cumplió
con el compromiso de asignar estos territorios a los avá-guaraníes,
cuando tenía que haberlo hecho. Estos tienen derecho delante de la
justicia, sino es la paraguaya (que ya ha dado demasiadas muestras de
su falta de juicio y no digamos de sensibilidad ante el problema), la
de un tribunal internacional. Esto vale para tierras tanto del Alto
Paraná como para territorios indígenas en Caaguazú, Canindeyú,
San Pedro, Amambay e Itapúa.
Esto,
que a alguno le puede parecer nuevo, es archiconocido en el libro de
Carlos Pastore, “La lucha por la
tierra en Paraguay”, y en los trabajos más recientes de
Kleinpenning (cuatro gruesos volúmenes aparecidos entre 2003 y 2009,
con traducción al castellano de una parte: Paraguay 1515-1870,
Ediciones del Bicentenario/Tiempo de Historia, en 2011), que
presentan diversas informaciones, fechas y mapas para mostrar la
magnitud del desastre ecológico y económico del Paraguay, llevado a
cabo ya antes de 1963, es cierto, pero agravado en extensión y
profundidad después del Tratado de Itaipú.
–¿Cuál
es el beneficio que reporta la soja?
–Es
en ese contexto en que hay que situar la cuestión de la soja con la
deforestación irracional y abusiva y la baja productividad que
representa su cultivo y otros rubros de la agroindustria para el
país. A ello hay que añadir los datos, para mí, más dolorosos
porque afectan directamente a la vida de las personas, a sus derechos
y futuro, de destrucción humana, cultural e incluso lingüística,
porque conllevan la expulsión de comunidades indígenas y campesinas
de su hábitat tradicional, con gravísimos perjuicios sociales, pero
también económicos para el país. También hay que agregar que los
aportes mínimos y bajísimos que representa a la economía son tan
ridículos que, más que reír, hacen llorar.
–El
diario sostiene que este rubro solo ocupa un 6% del territorio y que
del problema de la deforestación son más culpables los indígenas y
campesinos.
–A
propósito de cifras, las que yo manejo de manera muy concreta
coinciden en sustancia con las que fundamentalmente da a conocer el
Dr. Andrew Nickson, en un comentario que adjuntó a la edición
digital de la editorial que comentamos. La soja, por ahora, se
desarrolla en la Región Oriental y ocupa aproximadamente el 17,5%.
El porcentaje ocupado en la Región Oriental es relevante porque es
aquí donde vive el 97% de la población. La cifra de 6% es una
manipulación ideológica, que solo puede engañar a personas que no
saben leer.
Otras
cifras que manejo son estas: el avance de la frontera agropecuaria
necesariamente se hace a costa del bosque nativo en el país. En el
periodo entre 1976 y 2005, que incluye los últimos años del primer
boom sojero y la primera parte del boom de la soja transgénica, se
desmontó el 80% del Bosque Atlántico de Alto Paraná. Aunque desde
el año 2004 existe una ley de deforestación cero en la Región
Oriental del país, su cumplimiento está lejos de estar asegurado.
Mientras tanto, el desplazamiento de la producción ganadera hacia el
Chaco ha redundado en colosales tasas de deforestación que en unos
periodos han superado 500 hectáreas desmontadas por día en un
ecosistema sumamente delicado, según ABC Color, 3 de julio, 2010.
Hay
que decir incluso que ahora no son 2.500.000 hectáreas de cultivo de
soja, ya que este año serán 3.000.000, lo que hace exactamente el
20% del territorio de la Región Oriental. Y conste que esta cifra se
refiere solo a lo cultivado, ya que un mediano o gran propietario
sojero no cultiva toda la tierra que tiene con soja, con lo cual se
debe presumir que al menos la cuarta parte del territorio de la
Región Oriental está ocupada por sojeros.
El
argumento de que parte de la soja es cultivada en campos y pasturas
lleva a la cuestión de preguntarse hasta qué punto estas pasturas
no son montes deforestados. Y ahí no se puede olvidar que la
aplicación de pasturas al cultivo de la soja ha trasladado al Chaco
otro problema similar de consecuencias también catastróficas.
El
diario ABC Color del 3 de junio del 2010 ya nos informaba que la
deforestación en el Chaco alcanzaba hasta 500 hectáreas por día,
proceso que continúa más intenso todavía en el 2011, según el
mismo diario. Por el ejemplo, el 13 de octubre del 2011 se daba la
noticia en el mismo diario de que en el Chaco se alcanza la cifra de
1.200 hectáreas deforestadas por día. Esto precisamente porque la
ganadería de la Región Oriental está pasando a ese Chaco en el
cual hay también proyectos agroindustriales, en buena parte de
capital extranjero (brasileño, uruguayo, alemán, etc.), que se han
trasladado ahí.
Estas
cifras, que ciertamente no pretenden ser un estudio completo, son un
indicativo de la gravedad de lo que considero verdadero delito
ecológico y contra la población paraguaya, que no se beneficia casi
en nada en este proceso. La destrucción ambiental no se limita a la
pérdida de la biodiversidad. Hay erosión de los suelos, hay
desgaste de la fertilidad de la tierra, hay mayor dependencia de
fertilizantes químicos, las aguas superficiales están contaminadas
y es preocupante la contaminación subyacente del Acuífero Guaraní
subterráneo. Esta cuestión de cifras se desdobla trágicamente
sobre la población humana. Nunca como en los últimos años ha
habido tanto desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas
como ahora. La indignación de estas poblaciones pretende ser
acallada mediante prejuicios de carácter racista y discriminatorio,
que constituyen delito. Es un tema sobre el cual voy a volver
detenidamente. Por desgracia los prejuicios racistas no han
disminuido desde los tiempos coloniales y más bien han sido
renovados y actualizados por parte de esa burguesía migrante
instalada en el Paraguay en el siglo XX.
Los
títulos de propiedad y los impuestos.
–Agradezco
que el editorial de ABC del 22 de octubre haya sido el disparador de
un debate, que no tiene que quedar en mero debate intelectual, sino
llevar a una revisión efectiva de cuestiones de Estado, como el
origen de los títulos de propiedad, de su validez, las leyes
tributarias que deben aumentarse en proporción geométrica a la
extensión de esas propiedades y el tan necesario y todavía
inexistente Impuesto a la Renta Personal (IRP). Ya es hora de que en
pleno siglo XXI se impongan tributos e impuestos sobre la propiedad
de la tierra como se hace en la mayoría de los países del mundo. La
sustracción de este tributo al país y la sistemática oposición a
una legislación justa al respecto, coloca a los sojeros y afines en
el límite del delito. Amparados en privilegios e interpretaciones
adulteradas de ciertas leyes, hacen caso omiso de leyes esenciales,
como las relativas a deforestación, ocupación de tierras en franjas
que les están prohibidas, invasión de parques ecológicos, negación
de territorios indígenas y alquiler de tierras que no pueden ser
alquiladas según la Carta Magna del país. Las denuncias por casos
concretos de usurpación de tierras indígenas ocurren cada día, por
ejemplo las últimas de que tengo noticia actuadas en Itakyry el 2 de
noviembre de este año del 2011 y el largo proceso de Makutinga en
Itapúa, que es un verdadero atentado al pueblo mbyá y a sus
derechos ancestrales.
De
momento, el cultivo de la soja es uno de los rubros más
improductivos para el bien del país, como lo era y todavía lo es el
negocio de la madera. Por este camino el aumento de la pobreza en el
Paraguay será cada día más alarmante y no solo por una cuestión
de cifras, sino por el dolor y menoscabo de tantas personas a las
cuales se les niegan derechos fundamentales, dado el despojo que
estas formas de agroindustria producen. La pobreza y la miseria
aumentan en proporción del latifundio y el agronegocio. Si hay
productividad, tenemos una productividad de pobreza en el Paraguay.
