Najeeb Amado, secretario general del Partido Comunista Paraguayo (PCP) |
El
programa Ápe ha Pépe, emitido en Radio Nacional, entrevistó al secretario
general del Partido Comunista Paraguayo (PCP), Najeeb Amado, el pasado sábado 8
de setiembre, a fin de analizar el diálogo de paz abierto en Colombia
entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de
Juan Manuel Santos. Amado afirma que el exministro de defensa de Álvaro Uribe
se ve obligado a tratar con la insurgencia como parte de un proyecto de
expansión de la matriz económica agroexportadora. Los desequilibrios climáticos
mueven a la búsqueda de nuevos territorios para la industria de la
deforestación y el monocultivo extensivo de transgénicos, en especial
soja.
Asimismo, rechaza que las FARC sean una “narcoguerrilla”, como sostienen el Gobierno y sus aliados. La guerrilla persiste, agrega Amado, porque tiene simpatía, apoyo y legitimidad ante los ojos de los sectores populares. “Si las FARC fueran un grupo criminal, hubieran sido derrotadas hace tiempo”, precisa.
Una de las trabas
iniciales que está enfrentando este proceso es que las FARC plantean un cese
bilateral del fuego, pero el Gobierno aduce que las operaciones militares
persistirán hasta que terminen las negociaciones. “Estamos preparados para la
guerra y la paz”, desafío Santos ante la propuesta. Si bien aseguró que
prefiere la paz, lo cierto es que será difícil negociar en un clima de
hostilidades y ataques armados. Aún están frescos en la memoria los
antecedentes de los fallidos Acuerdos de Paz de la Uribe. En 1984 se firmó una
tregua con el gobierno de Belisario Betancourt, mediante el cual las FARC
deponen las armas y participan en procesos electorales con la Unión Patriótica
(UP) conquistando espacios de representación parlamentaria y regional. Pero en
los años subsiguientes son asesinados 5.000 militantes de la UP y otros cientos
son heridos, perseguidos, desaparecidos y exiliados.
El secretario del PCP
identifica los orígenes de este conflicto social en las graves desigualdades
que afectan a Colombia que, de un total de 47 millones de habitantes, tiene 30
millones de pobres y donde el 10% más rico concentra el 50% del PIB, en tanto
que el 10% más pobre apenas recibe 0,6%, según los propios datos oficiales. En
cuanto a migración forzada, hay unos 5.200.000 desplazados y más de 6.000.000
de hectáreas han sido usurpadas a los campesinos.
–¿Cómo
ve el PCP los diálogos de paz abiertos en Colombia entre las FARC y el
Gobierno?
–Primeramente
nosotros saludamos todo proceso hacia la paz: paz de vivienda, paz de empleo,
paz de democracia, paz de salud, paz de educación. Todo proceso por la paz y la
justicia social es bienvenido en cualquier rincón del mundo. En ese sentido
nuestra organización saluda este diálogo. Los conflictos –matices más, matices
menos– se dan por la injusticia. A mí me tocó participar en agosto pasado en el
Cabildo de la Juventud de la Marcha Patriótica (MP) en Cartagena. La figura más
conocida de la MP es Piedad Córdoba, quien actuó de mediadora en los procesos
de diálogo de paz con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN),
situación que le valió la inhabilitación en el Parlamento y a postularse a
cargos electivos por 18 años. Esto es parte de un proceso de criminalización
contra los actores democráticos. El Estado colombiano tiene el triste mote de
ser el más terrorista de todo el continente. Los niveles de terrorismo de
Estado en Colombia son atroces. Tenés
unas fuerzas armadas que con motosierras han cortado las extremidades a los campesinos mineros en un caso, por
ejemplo.
Imaginate que EE.UU.,
que es otro Estado terrorista, retuvo durante el gobierno de Uribe la
renovación del tratado de libre comercio por la cantidad de asesinatos
selectivos de sindicalistas y dirigentes de grupos sociales. Hasta EE.UU. en un
momento prefirió tomar distancia del uribismo para evitar el aumento de su
desprestigio, en una actitud totalmente cínica. El conflicto colombiano tiene
sus orígenes en la extrema desigualdad, una de las mayores del mundo. La
situación en Colombia es lacerante. Estamos hablando de una población de 47
millones de personas, de las cuales 30 millones son pobres.
Además, que el gobierno de Santos se vea obligado a abrir
este diálogo tiene relación con que estamos a 12 años de la implementación del
Plan Colombia en alianza con EE.UU. El país sudamericano tiene las segundas
fuerzas armadas del hemisferio después de EE.UU. Es decir, Colombia tiene unas
fuerzas armadas superiores a las del Brasil. En 12 años en el Plan Colombia se
gastaron 10.000 millones de dólares con un total de 500.000 efectivos y aun así
no pudieron derrotar a la insurgencia. Al margen incluso de la justeza o no de
la insurrección armada, ¿cómo se explica que el Gobierno colombiano, a pesar de
tener el mayor ejército de Latinoamérica, no haya podido derrotar a la
insurgencia?
Es por esto que
hablar de acuerdos de paz en Colombia es dar participación al pueblo y sus
diversos sectores: trabajadores, campesinos, estudiantes, indígenas, hombres y
mujeres para que definan la paz, entendida desde la solución de los problemas
estructurales que han motivado la insurrección armada, o sea, la solución de
problemas que hacen al acceso a vivienda, agua potable, electricidad,
alimentación, vestimenta, trabajo digno, educación y salud de calidad. Y estos
problemas serán solucionados en la medida en que el pueblo colombiano,
organizado y movilizado, genere las condiciones que garanticen la actividad
política sin terrorismo de Estado.
–Es
decir, a pesar de la asimetría de fuerzas, hay una suerte de legitimidad social
de la guerrilla que hace que ésta no haya podido ser eliminada.
–Las FARC-EP son un grupo beligerante y no una banda delincuencial.
La insurgencia tiene un proyecto político, que puede ser correcto o equivocado,
pero que necesita de espacios de interlocución para poder discutir. Además
cuenta con protección popular. Si hay una lucha armada y el pueblo no apoya,
esa insurgencia rápidamente es aislada y derrotada. Si las FARC fueran un grupo
criminal, hubieran sido derrotadas hace tiempo. Hay un derecho humano universal
y de rango constitucional: el derecho a la rebeldía contra la injusticia y la
tiranía.
Son 50 años de
conflicto. Hay generaciones que no saben lo que es vivir fuera de la guerra.
Nosotros esperamos que las negociaciones de paz lleguen a buen término. La
guerra naturaliza situaciones que más bien deberían ser confrontadas, como el
terrorismo de Estado. En conversaciones anteriores en los 80, cuando las FARC
bajaron las armas y se sumaron a la Unión Patriótica, 5.000 militantes y
dirigentes de este grupo fueron asesinados por el gobierno con el que se estaba
conversando. En todo este proceso la fiscalía colombiana reconoce que hay
50.000 desaparecidos. Por ejemplo, en los últimos 10 años hubo 1.500
sindicalistas desaparecidos que no estaban vinculados a la insurgencia armada,
no estaban en el fuego cruzado. Hay 2.000 personas asesinadas como falsos
positivos y 25.000 homicidios reconocidos por los paramilitares.
Por eso nosotros
estuvimos preocupados durante el gobierno de Lugo cuando Rafael Filizzola
establece la figura de la recompensa para capturar al EPP. Cuando el Gobierno
de Colombia plantea esa situación, muchos paramilitares matan campesinos pobres
inocentes y le montan uniformes de
guerrillero para cobrar esa recompensa. Incluso dados los niveles de desigualdad, muchos ciudadanos
también lo hacían porque no encontraban otra forma de sustento.
–En
cuanto a los procesos fallidos de paz, ¿qué parte de la responsabilidad le toca
al Gobierno?
–El Ejecutivo
colombiano es el que más ha boicoteado el diálogo de paz. La guerra es una
industria muy fructífera para el Gobierno. Días antes del encuentro en Cartagena, el ministro de Defensa de Santos
hizo una conferencia de prensa para “alertar” a los hoteleros de que miles de
jóvenes colaboradores de la “narcoguerrilla” de las FARC se reunirían en la
ciudad. Cancelaron las reservas en los hospedajes y los centros educativos y
universitarios donde se iban a desarrollar las mesas de reflexión del Cabildo
Nacional de la Juventud. Hablamos de niveles de boicoteo altísimos.
–Hasta
qué punto la apertura de este marco se debe a que el actual presidente de
Colombia sea Santos y no Uribe. Éste de hecho se ha manifestado impetuosamente
en contra. ¿Qué hay de continuidad y qué de ruptura en esta administración con
respecto a la anterior?
–Uribe está siendo
investigado por los vínculos con los paramilitares. La pregunta es por qué los
EE.UU., que fueron mentores de Uribe, ahora están investigando y judicializando
al entorno de su protegido. Y eso tiene que ver con el desgaste de la política
uribista. La confrontación con Venezuela generó una caída del comercio
bilateral y entonces el proyecto de dominación debe reciclarse para seguir
acumulando riquezas y ahí surge Santos, que restaura las relaciones con Chávez
y Venezuela para recuperar el equilibrio
económico.
Santos proviene de
una familia de los sectores tradicionales de la oligarquía, que no es el caso
de Uribe, que viene de una familia de narcotraficantes. Santos no tiene la
intención de resolver los problemas de desigualdad. Esas dos vertientes del
proyecto oligárquico hacen alianzas, pero ahora se tuvo que sacrificar esa
política de alianzas en favor de una confrontación con el uribismo, situación
que, a mi entender, no durará mucho porque en la medida en que los pueblos se
organizan para ejercer poder, los sectores minoritarios que detenten el poder
de manera injusta vuelven a cerrar filas y apelan a la violencia y al
terrorismo más atroz para reprimir los intentos de liberación.
La situación
productiva de Colombia hace que haya que dar un giro para sumarse a los países
agroexportadores, principalmente de soja. Entonces para aplicar esos
monocultivos extensivos necesita negociar la paz. Vean que, si la insurgencia
pudo sobrevivir al Plan Colombia, lo fácil que sería quemar esos cultivos.
El problema
productivo, el fracaso del plan Colombia y la creciente organización del pueblo
colombiano son los factores que han obligado a que el Gobierno considere una
mesa de diálogo para acuerdos de paz. El
último factor, el del pueblo movilizado es fundamental, porque la verdadera
democracia será hija de gestas heroicas que hoy encuentran una importante
síntesis en Colombia con la emergencia de Marcha Patriótica.
–¿De
qué democracia cabe hablar en tiempos de guerra y capitalismo? ¿Democracia o
dictadura?
–Esta democracia está
reducida a la política vil que se vale de la prebendarización, del uso del
dinero, de la compra de votos, del soborno, de la trampa para sostener estos
regímenes que tienen de democrático mucha más apariencia que esencia.
Hay que ver también
cómo se asimiló el término de dictadura con el de tiranía. No es lo mismo ser
dictador que ser tirano. El dictador dicta normas, que pueden ser buenas o
malas. La tiranía, en cambio, actúa siempre desde un sentido de perversión. El
capitalismo se encarga de igualar los términos de tiranía y dictadura porque el
marxismo define el gobierno de los explotados como dictadura del proletariado,
pero el marxismo habla en términos de dominio de clase y desde una visión
integral del ejercicio del poder. Mientras haya Estado tenemos dictadura en
términos de dominio de una clase sobre otra. Ese dominio se puede ejercer bajo
un régimen político democrático o tiránico. La dictadura del proletariado es el
ejercicio del poder de esa clase. Las organizaciones revolucionarias la
reivindicamos desde un régimen político absolutamente democrático, un gobierno
por y para los trabajadores, una instancia de representación en que las
mayorías dictan normas de convivencia.
El nivel de
concentración de riquezas que ha generado el modo de producción capitalista
encuentra en su relación con la democracia un nivel de antagonismo
irreconciliable. Hay un trabajo del argentino
Héctor Agosti, El mito de la democracia en el capitalismo, que
plantea que es imposible hablar de democracia –el sistema que reivindica el
poder de las mayorías y que fuera definido por el gran demócrata Abraham
Lincoln como el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo– en los
márgenes del modo de producción capitalista. Un modelo que privilegia el lucro
y lo material por encima del hombre. Estamos sujetos a la producción de bienes
y servicios en una relación de esclavos en lugar de producir los bienes y
servicios para la satisfacción de nuestras necesidades. Hay un conflicto del
modo de producción capitalista con la democracia que no puede ser resuelto en el
marco de ese mismo modo de producción.
La pacificación de
nuestro mundo guarda relación con el diseño y la construcción de un sistema, de
un modo de producción que supere al sistema, al modo de producción capitalista,
que lo supere en términos humanistas, recuperando un orden de valores que
elimine totalmente a la guerra y se centre en el colectivismo y en la
participación mancomunada, tanto en la producción integral de la vida como en
la distribución de las riquezas, asumiéndonos nosotros, como decía Eduardo
Galeano, los humanitos, como parte de la naturaleza y, en consecuencia,
respetándola como generadora de vida. Sabemos que en el marco del capitalismo
es imposible. Sabemos que la paz en Colombia será una realidad cuando la
distribución de riquezas sea justa.
La crisis capitalista
nos hace un gran llamado a la imaginación, a la creatividad, al encuentro, a la
organización, a la planificación y a la disciplina que permitan una salida
superadora en términos humanistas, salida que para nosotros es el socialismo y
luego el comunismo. Seguro que hay diferencias en cuanto a salidas, lo
importante es que nos encontremos y coloquemos elementos comprobables, que
elevemos nuestros procesos creativos y de planificación, para lograr el acuerdo
que permita el ejercicio del poder a las mayorías, que permita, en última
instancia, el ejercicio de la verdadera democracia.
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