“Omitir es una forma de distorsión de la realidad”

En esta entrevista con Washington Uranga, periodista uruguayo residente en la Argentina, el comunicador nos habla sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que se encuentra actualmente paralizada por una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Grupo Clarín contra la cláusula antimonopólica. Uranga reivindica la importancia de la norma en un proceso de desconcentración de la propiedad de los medios a fin de pluralizar el escenario comunicacional. Asimismo, advierte que las omisiones que diariamente practican los medios cercenan el derecho a la información de las audiencias. “Omitir es una forma de distorsión de la realidad”, enfatiza.

Washington Uranga, periodista, docente e investigador

Llego al café unos diez minutos antes de las 15:00. Mientras espero, hojeo las páginas del quincenario de sátira política Barcelona. El calor de Buenos Aires, al menos para un asunceno, se siente apenas como un leve cosquilleo. De pronto entra Washington. Nos saludamos, se sienta y me pregunta sobre la situación en Paraguay. “Muchas dudas. Pero la sangre de campesinos y policías sí que resultó un gran negocio para algunos”, le respondo, palabras más palabras menos. Washington hace una mueca que denota cierta compunción. Charlamos un rato más, un intervalo de silencio a manera de señal, activo la grabadora y empezamos.

–¿Cuál es la situación actual de la LSCA y las trabas que impiden su aplicación efectiva?

–Hay dos tipos de problemas. La ley hace más de tres años que fue aprobada por abrumadora mayoría en el Congreso y tiene un artículo, el 161, que establece que los grupos que concentren medios en la propiedad deben desprenderse de parte de ellos. El principal grupo es Clarín, que ha opuesto un recurso de inconstitucionalidad para no desprenderse de medios. La ley está trabada judicialmente, es decir, no se puede aplicar en uno de sus puntos, el referente al combate a los monopolios.

Si ahora la Corte declara la constitucionalidad de la norma, el Estado puede actuar de oficio y licitar las licencias en los casos de grupos que estén excedidos para que aparezcan nuevos oferentes. Y ya la Corte dijo que no está afectada la libertad de expresión, sino eventualmente la propiedad de un grupo, lo cual no es suficiente para declarar inconstitucional la ley. 

El otro problema es que el Gobierno ha puesto demasiado foco en este punto, legítimo, y no hay suficiente política activa para promover otros recursos de la ley que hacen a la democratización. Hay que trabajar más en la idea de radio y televisión pública. En esto tampoco la oposición ha ayudado porque ha trabado todo lo que está a su alcance.

Todo lo que significa el porcentaje de medios reservados para los espacios comunitarios necesitan de políticas activas. No basta con que tengan el derecho de acceder a las licencias, sino que necesitan recursos, inversiones. No es que el Estado tenga que financiar todo, pero sí promoverlo porque si no la lucha es muy desigual frente a los medios concentrados. La ley es buena, pero no es suficiente.

–¿De qué manera la LSCA puede contribuir a un proceso de “reciudadanización” de las voces actualmente silenciadas por un régimen de propiedad de los medios excesivamente concentrado?

–El solo hecho del debate previo a la aprobación de la ley, sobre todo con lo que fueron los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, ayudó a mirar el sistema de medios desde otro lugar, a desmitificar aquella idea de que los medios traducen la “verdad”. Eso es un proceso de ciudadanía. También ayudó a hacer un proceso de lectura crítica de los medios.

Y puede contribuir más en tanto y en cuanto produzca efectivamente el proceso de desconcentración de la propiedad de los medios, de que garantice más pluralidad. Un proceso de ciudadanía comunicacional pasa por el ejercicio del derecho a la comunicación entendido como derecho humano fundamental, pero que no se restringe estrictamente al sistema de medios, sino que tiene que hacer pensar lo comunicacional como transversal a los procesos, por ejemplo, de política pública.

–Precisamente también hablás de la necesidad de pensar la comunicación más allá de los medios.

–No se puede hacer política pública sin comunicación. Hay que pensar la comunicación como relacional, cómo la comunicación nos relaciona como personas, como ciudadanos. Pensar la comunicación debe llevarnos a pensar la historia en su dinamismo relacional. Salir de la idea de que la historia es una fotografía para mirarla como una película de la que participan multiplicidad de actores. Me parece que la trama de la historia es comunicacional. Y no digo que todo sea comunicación, sino que existe la posibilidad de mirar los procesos históricos y sociales desde la comunicación, desde la construcción de relaciones, como se puede mirar desde la sociología, la antropología, etc.

Hay una idea importante, que también nos enseñó en su momento Juan Díaz Bordenave, según la cual el resultado de la relación es un proceso totalmente inédito. El encuentro entre dos o más sujetos da un resultado que no es la suma de uno y otro, sino algo absolutamente nuevo, que es el proceso de la interacción. 

Para mí ese es el sentido del concepto de mediaciones de Jesús Martín Barbero. Es decir, la posibilidad de interacción y de la generación no de un entremedio, sino de un nuevo resultado que surge del diálogo entre sujetos cuando, enfrentados en situaciones diferentes, pueden generar un otro mensaje, una otra situación, una otra mirada.

Como comunicadores sociales deberíamos plantearnos cuál es el aporte que hacemos en la construcción de lo ciudadano y en la construcción de lo público. Deberíamos trascender la mirada estricta del periodista como puente informativo para ser un articulador de saberes y prácticas en el espacio público.

–¿Y con respecto a las críticas de que el gobierno de Cristina Fernández está desconcentrando por un lado para concentrar hacia los sectores que le son afines?

–Efectivamente hay más medios cercanos al Gobierno, pero si uno mira la cobertura que esos medios tienen no son realmente significativos con relación a quienes ejercen todavía hoy situaciones monopólicas. Lo que a mí me parece más criticable es el manejo de la radio y televisión pública, porque estas deben ser públicas, no del Gobierno de turno. Por lo tanto, necesitarían de un ejercicio de pluralidad, de presencia de diversidad de actores. Lo que pasa es que desde el punto de vista político estamos en una situación muy polarizada, con mucha mirada binaria. Y la radio y la televisión pública quedan enredadas en ese lugar.

–¿Cómo observa el mapa mediático en Paraguay y el estado de la libertad de expresión en el contexto posgolpe?

–En Paraguay hay un nivel altísimo de concentración de propiedad de los medios. En este sentido el gobierno de Lugo, apenas muy tímidamente, había comenzado a romper esa situación. Luego del golpe hubo un retroceso muy grande. Lo preocupante son las trabas a las radios alternativas y comunitarias. Muchas de las llamadas radios comunitarias en realidad no lo son, están amañadas por dirigentes políticos y propietarios que hacen negocios. Además lo que significaron todas las trabas que el propio Congreso puso para la legislación de las radios comunitarias. En Paraguay es muy difícil la vigencia del derecho genuino a la comunicación. El hecho de que la TV Pública no haya seguido prosperando por el camino que empezó a andar y que la radio pública ahora no manifieste una pluralidad de voces es un paso atrás muy grande.

–En uno de sus trabajos plantea la paradoja de que en un mundo superinformatizado el conocimiento de la “realidad” se hace cada vez más difícil o, al menos, problemático.

–En medio de la vorágine informativa y en un supuesto contexto de superinformación hay sectores de la sociedad que siguen excluidos como sujetos de la información y como sujetos con derecho a comunicarse. Sus voces no son escuchadas y no son noticia para nadie. Esto es un modo más de exclusión. Si yo miro la comunicación como un derecho habilitante de otros derechos, quien no sabe que tiene derechos no los puede reclamar. Esta es una de las grandes paradojas que vivimos.

–A pesar de la evidencia de que el periodismo está cada vez más sometido a fuerzas externas que lo condicionan, cierta prensa insiste en rotularse como “libre e independiente”.

–Ese es un viejo recurso que viene del periodismo norteamericano. Tiene mucho más que ver con la libertad de empresa que con la independencia respecto de los contenidos. Es una mirada pretendidamente liberal que dice que el periodismo es independiente de toda presión. Hace 30 o 40 años todavía podía haber empresas periodísticas autónomas. Hoy las empresas periodísticas son parte de conglomerados. No existen empresas periodísticas que sean solo periodísticas; son parte de grupos económicos que tienen lo periodístico como parte de una estrategia en la que tienen emprendimientos industriales, donde tienen relaciones con la política, etc.

También hay relatos que pretenden ser completos, objetivos e independientes. Pero ni completos, ni objetivos ni independientes. Primero, no tenemos una mirada total de la realidad. Hacemos recortes. Para algunos es noticiable una cosa y para otros, otra. Tampoco objetivos porque miramos desde un lugar. Mucho menos independientes porque todos estamos marcados por nuestras propias historias, nuestras culturas. ¿Independientes de qué? Es más, yo no pretendo ser independiente. Yo prefiero que mis lectores sepan desde dónde hablo. Esa es una manera de generar libertad en el interlocutor para que tome o deje lo que yo diga.

Los periodistas no son independientes, son presionados permanentemente. No deciden lo que publican o lo que no publican, sino que son los gerentes editoriales los que fijan los lineamientos de lo que se publica y qué no. Las grandes corporaciones son las que insisten en ese discurso de independencia, que es mentiroso. Dos de los grandes intérpretes de esa posición son la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que son las organizaciones de los grandes grupos económicos. La SIP y la AIR, con el discurso de la objetividad, representan los intereses de las empresas.

–¿En qué consiste, y cómo trabajar en, la ciudadanía comunicacional?

–Consiste sobre todo en construir condiciones efectivas para el derecho a la comunicación. Eso significa que además de declamarlo hay que construir condiciones operativas. No basta con decir que todo el mundo tiene derechos. Eso se tiene que traducir en qué canales hablo y de qué manera. Es decir, traducir el derecho a la comunicación en condiciones objetivas y materiales para que pueda ser ejercido. O si no es una sola declaración de principios, pero que no sirve en términos conducentes porque no aporta al cambio. Además, hay que entender que lo comunicacional es esencial a la vida política y social. Y que, por lo tanto, se convierte en un espacio de lucha y de debate. El derecho a la comunicación no se regala, hay que conquistarlo. Es parte de una conquista ciudadana el pensar lo comunicacional como derecho humano, vincularlo con los derechos políticos, sociales y culturales.

–Usted advierte sobre la excesiva editorialización en perjuicio de la información no solo en lo que dicen los medios, sino sobre todo en lo que ocultan y dejan de decir.

–En esta pelea política y lógica binaria estamos perdiendo calidad informativa. Y no digo que no tengamos que opinar, pero hay que recuperar la calidad informativa. Hay que recuperar la veracidad. Asumir que contamos desde un lugar. Y lo que se oculta es lo que perjudica a los intereses económicos. La censura es una sustracción de la información. Robar información es quitarle derecho a las audiencias. Tan grave como mentir es omitir. Omitir es una forma de distorsión de la realidad.

Brevísimo CV

Washington Uranga nació en Montevideo y es periodista, docente e investigador de gestión y procesos comunicacionales. Actualmente preside el Instituto Latinoamericano de Comunicación para el Desarrollo (ILCD), fundado en Asunción en 2011, y se desempeña como editor de La Ventana, sección de análisis y teoría de la comunicación del diario bonaerense Página/12.