“Las leyes quedan, los gobiernos pasan”

Martín Piqué (foto Argentina Actual)

Durante una visita que realicé a la redacción del diario Página 12 en Buenos Aires,

logré concertar una entrevista con Martín Piqué, en la que le consulté sobre ciertos

aspectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, tomando

como primera fuente a este medio bonaerense, aunque también teniendo en cuenta

algunas críticas sostenidas por Clarín y la Nación.

El encuentro lo llevamos a cabo en un café de la calle Corrientes de la capital

argentina, al borde de la entrada a la estación Uruguay. Sin muchas parsimonias fuimos

directamente a lo que nos congregaba a esa cita: la ley de medios aprobada por el

Parlamento y suspendida por un fallo revocatorio de la Cámara Federal de Mendoza.

Esta es la primera ley de la era democrática que pretende sustituir al Decreto-Ley

22285 de la dictadura, parcialmente modificado durante el gobierno de Menem,

pero manteniendo la esencia de la normativa del régimen militar y en algunos aspectos

profundizando la concentración, según seguimos de lo expuesto por el comunicador

argentino.

–¿Qué establecía el Decreto-Ley 22285 de la dictadura y de qué manera actuó o

facilitó la concentración en la propiedad de medios?

–Ese decreto-ley es del año 80. Lo más importante que te podría decir es que en esa

época todavía se vivían tiempos de la Guerra Fría. En Argentina se estaba secuestrando

y haciendo desaparecer gente. Esa dictadura fue la más sangrienta de la Argentina

y hubo 30.000 desaparecidos. Y la radiodifusión, los medios se regularon con este

decreto-ley basado en una doctrina, que era la doctrina de la seguridad nacional,

que de alguna manera había sido inspirada por la Escuela de las Américas, por la

línea que bajaba desde EE.UU. hacia América Latina con respecto a la posibilidad

de movimientos insurgentes armados, etc. Entonces, se consideraba que el pueblo,

distintos sectores del pueblo, podían ser el enemigo. O sea, la hipótesis de conflicto

de las FF.AA. era la organización popular en sus distintas formas. Las organizaciones

guerrilleras ya habían sido desarticuladas, por no decir diezmadas directamente, pero

también los sindicatos, los partidos políticos, las organizaciones populares en general.

Entonces, lo primero del decreto-ley es entender que está inspirado en esa doctrina, de

la seguridad nacional. Por lo tanto, por ejemplo, no podían ser propietarios de medios

de comunicación, o sea tener licencias para explotar servicios de radiodifusión, ni

las cooperativas ni las organizaciones sin fines de lucro. O sea que ya en la primera

decisión se consideraba que la comunicación, ya sea para comunicar información,

noticias como para difundir películas, arte, era una actividad comercial. O sea de

entrada se consideraba que sindicatos, cooperativas, universidades, organizaciones

no gubernamentales, comunidades, etc., no podían ser licenciatarias de canales de

televisión o de radios.

(...) Otra característica del Decreto-Ley 22285 era que creaba una autoridad de

aplicación de la ley, que es el Comité Federal de Radiodifusión que estaba integrado

por las FF.AA. Había un representante de la Marina, del Ejército y de la Fuerza

Aérea. O sea que las fuerzas armadas eran las que controlaban de alguna manera a

través del Comfer la radiodifusión en la Argentina. Y después hubo un acuerdo: se

establecía que la comunicación era una actividad comercial y por lo tanto muchas

empresas privadas, sobre todo las empresas privadas que tenían una mirada positiva

del proyecto económico y político de la dictadura, tuvieron un campo disponible para

poderse desarrollar. En principio aparte te cuento que el Decreto-Ley 22285 fijaba

algunos límites a la concentración mediática. No era una legislación que apuntaba a

la democratización y a la desconcentración. Pero en ese sentido en algunos puntos

marcaba alguna limitación. Por ejemplo no se podía ser propietario de un canal y de

un diario en una misma zona de cobertura (...). Y eso después fue modificado en la

legislación durante el gobierno de Carlos Menem. Fue durante el gobierno de Menem

que se creó este mapa tan concentrado de medios. Pero la matriz, sin modificar el

decreto-ley sino apenas algunos puntos, igual estaba en el decreto-ley original, sobre

todo por impedir la posibilidad de que las organizaciones sin fines de lucro pudieran

ejercer la actividad de la comunicación.

–Los detractores de la ley dicen que ese decreto ya no rige, puesto que fue

modificado más de 200 veces.

–No, en realidad no es que no rige. Que no es una ley de la dictadura solamente porque

sufrió modificaciones en democracia. Lo que pasa es que las modificaciones que sufrió

en democracia fueron modificaciones que se realizaron durante la implementación del

más duro neoliberalismo en la Argentina, porque el proyecto político y económico

de Menem fue continuar el proyecto económico de la dictadura, pero llevarlo todavía

más en profundidad. Y eso fue posible porque el principal partido político de tradición

popular en la Argentina, que es el peronismo, se reconvirtió en los años 90 a la derecha

y al neoliberalismo porque pensaron, bueno, que se había acabado la historia. Viste toda

esta teoría de Francis Fukuyama, que se había llegado al fin de la historia, la caída del

Muro de Berlín, etc., que era inevitable hacer todas esas modificaciones, la reforma del

Estado, privatizar las empresas, el Estado mínimo, que los servicios públicos quedaran

en manos de empresas extranjeras. Entonces en ese marco es que Menem modifica

el Decreto-Ley 22285. En realidad no lo modifica él, lo modifica el Congreso, pero

con mayoría de legisladores que respondían a las ideas de Menem, y entonces ese es

el argumento de la oposición para decir: no es un decreto de la dictadura, sino que se

fue modificando en democracia. Es verdad que se modificó en democracia, pero se

lo modificó no solo manteniendo el espíritu autoritario original de la dictadura, sino

que se lo profundizó para facilitar aún más la concentración del escenario mediático.

–Entre otros aspectos, las críticas a la ley se basan en que mediante ella se pretende

influir en la línea editorial de los medios bajo la posibilidad de que sus licencias no

sean renovadas y que no busca desmonopolizar, sino que los dueños malvendan

sus medios para que los allegados al poder y el Estado acaparen el dominio de la

información.

–(...) Con respecto a la continuidad o no de las licencias, no estoy de acuerdo en que se

pueda influir en la línea editorial. Ahora, basémonos en la realidad, en la actualidad

de los medios en la Argentina. Yo te diría que si uno mira los diarios y los canales

de televisión un 70% está claramente delineado en una actitud de absoluta oposición

al Gobierno, pero una oposición radicalizada y furibunda en el mayor de los casos.

Todos los argumentos que sostengan que este es un momento en que no hay libertad de

expresión no estoy de acuerdo para nada porque hace mucho que no se ve a un gobierno

tan criticado por los medios de comunicación, tan criticado en el tono y en el tiempo

(...).

Después, el tema de la revisión de las licencias fue discutido en el Congreso y la

revisión es una cuestión que no tiene que ver con el alineamiento con el Gobierno o el

desalineamiento y la distancia, sino que es una cuestión tecnológica. ¿Por qué? Porque

en la Argentina, como en el resto del mundo, se está por implementar la digitalización

de la televisión, a través de la televisión digital terrestre. Es un nuevo tipo de televisión

que transmite por aire, pero con una tecnología digital que permite recibir muchos

más canales que la televisión de aire analógica. Entonces hay toda una cuestión de

adaptación de la tecnología que obliga a que después de determinado plazo haya que

revisar la adaptabilidad de la tecnología existente con la que se va a aplicar. Entonces

eso es lo que se puso en cuanto a la revisión de la aplicación de la tecnología. No es

revisión de contenidos, porque no hay revisión de contenidos. Eso es un fantasma

que se busca crear desde los medios de comunicación concentrados y hegemónicos.

El otro tema es la desinversión. ¿Qué es la desinversión? Si vos querés que una ley

apunte a desmonopolizar o desconcentrar el mapa de medios de alguna manera tenés

que obligar, a través de la ley en un determinado plazo, a que aquel grupo mediático

que está en una posición dominante: por ejemplo, en una misma zona de cobertura

dispone de televisión por aire, por cable. En el caso de la Argentina el Grupo Clarín

tiene el monopolio de la televisión por cable en la región metropolitana de Buenos Aires

y alrededores hay tres empresas: Cablevisión, Multicanal y Telecentro. Cablevisión y

Multicanal son las dos más importantes y te diría que canalizan el 80% de los abonados

de cable de la región metropolitana. Eso es monopolio. Después aparte el Grupo

Clarín tenía el monopolio de la transmisión de fútbol. O sea, el fútbol del campeonato

argentino solamente se pasaba por los canales del Grupo Clarín, pero a parte algunos

partidos había que pagar un abono. O sea que el Grupo Clarín, a través de Multicanal o

Cablevisión, te cobraba el abono de cable y aparte el codificado o el plus para poder ver

el partido codificado. Entonces, volviendo al tema de la desinversión. La desinversión

no es otra cosa que poner en práctica el principio de desmonopolizar. Si lo que vos

querés es que haya menos concentración mediática y menos monopolio a los grupos

multimediáticos que tienen posición dominante le tenés que dar un plazo para que se

retiren de esa posición. En el caso del Grupo Clarín, por ejemplo, debería, según la

legislación, desprenderse de algunos activos. Elegir, por ejemplo, si prefiere quedarse

con Canal 13, bueno, retirarse de TN (...). La discusión que hubo en el Congreso,

incluso de sectores que apoyaron la ley, es si el plazo estaba bien que fuera un año o

tenía que ser más para vender sus activos.

En realidad, la discusión (de) si los van a malvender, yo no creo que los vayan a

malvender. Lo que pasa es que ellos están especulando con que la ley finalmente no

se aplique o sea modificada. Entonces no están realizando ninguna operación como

para vender esos activos. Ese punto sí podría ser una discusión. Yo creo que los

venderían al precio de mercado. Si no existe un plazo de desinversión para (que) los

que están en posición dominante vendan sus activos, cómo desconcentrás el escenario

comunicacional (...). Vamos a reconocer que esta es una ley que afecta intereses,

obviamente. En un escenario concentrado, donde un grupo comunicacional tiene

casi el 60 o 70% de la propiedad de los medios, evidentemente tenés que forzarlos a

desprenderse de algunos de sus activos si se quiere avanzar hacia una desconcentración.

Otro tema que yo planteo es el siguiente: ellos argumentan, desde el Grupo Clarín, que

el oyente, el televidente, el lector, elige libremente y que si ellos tienen el diario más

vendido, el canal de noticias más visto, es porque la gente los elige. En parte es así y

en parte no. Porque, por ejemplo, ahora que el Grupo Clarín no tiene más el monopolio

de la transmisión del fútbol el rating de sus canales de televisión por aire y por cable

bajó muchísimo. Por otro lado, el diario Clarín, que es la nave insignia del grupo,

también está bajando su tirada. O no sé si su tirada, pero sí su venta. Entonces eso

significa que hay un espacio que quiere consumir otras cosas y que quiere alternativas.

Y por otro lado esta ley habilita la pluralidad de voces y democratiza la palabra

porque universidades, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones

comunitarias, organizaciones populares, van a poder ser licenciatarias de señales de

televisión, tanto sea por aire, por cable, y de alguna manera facilita que puedan ser

también sujetos comunicacionales, emisores de mensajes (...).

–Se argumenta en contra de la suspensión que una decisión parlamentaria no puede ser judicializada. ¿Fue ilegal que la Cámara Federal de Mendoza suspenda una decisión del Congreso?

–No, no fue ilegal. Me parece sí que fue una decisión o una triquiñuela, pero legal, o

sea basada en las posibilidades que da la legislación y la justicia. A partir de supuestas

irregularidades cometidas en el momento del debate parlamentario de la ley, algunos

de los actores interesados, no es casualidad que sea desde Mendoza donde surge este

fallo, porque en Mendoza está el segundo o el tercer grupo multimediático concentrado

más grande de la Argentina. Está el grupo Clarín, hay otro grupo que es el de (Daniel)

Hadad y otro grupo que es el de Vila Manzano que es el que proviene de la provincia de

Mendoza. Por eso decía que no es casualidad que surja desde allí. Pero no es ilegal. Lo

que sí es un recurso que busca dilatar los tiempos. Yo creo que incluso los sectores que

impulsan la judicialización y trabar la aplicación de la ley aprobada por amplia mayoría.

Esto hay que recordarlo para los lectores de Paraguay, recordarles que esto fue

aprobado en el Congreso argentino por amplia mayoría y que en la Argentina se han

privatizado empresas, como por ejemplo, si mal no recuerdo, Aerolíneas Argentinas,

sentando a un tipo que no era diputado, lo que se llamó acá –fue un escándalo durante

el gobierno de Menem– el diputrucho. Hay que recordar que esta ley fue aprobada por

amplia mayoría en ambas cámaras y ahora la quieren trabar desde la justicia. Esto va

a terminar en la Corte Suprema, que es el tribunal superior de la Argentina. Y la Corte

Suprema de la Nación va a tener que fallar acerca de la constitucionalidad de esta ley.

–¿Cuál fue el proceso de discusión y debate entre los distintos sectores ciudadanos

en la elaboración de esta normativa? ¿Es una ley kirchnerista o representa el

sentir del conjunto de la sociedad?

–Mirá, quiero ser lo más riguroso e imparcial posible, si es eso posible (...). No es una ley kirchnerista, sí es una ley que ha sido fuertemente impulsada por el gobierno de

Kirchner. Y la verdad que en momentos de mucha polarización política y de

enfrentamiento entre los principales medios privados y el Gobierno como que queda la

ley, que tiene mucho consenso social, como salpicada de la acusación de kirchnerista,

pero no es una ley kirchnerista. Fue una ley que se votó en el Congreso pero antes se

discutió en los foros. Nosotros en la Argentina vivimos en una democracia

representativa, donde se supone que el pueblo –dice la Constitución Nacional– no

delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes. O sea que es una democracia

delegativa, que le deja mucho a los representantes del pueblo el rol de deliberar y

elaborar las leyes. A mí me gustaría una democracia más participativa donde haya

instancias más horizontales de participación popular, pero mientras ello no suceda igual

dentro de la democracia que tenemos, la democracia representativa, hay instancias

participativas y en este caso hubo dos series de foros de participación y discusión de la

sociedad civil. Las primeras fueron organizadas por el Comité Federal de Radiodifusión, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En realidad ahora se llama Autoridad Federal de Servicios de Comunicación

Audiovisual (AFSCA). Ahora como está trabada la nueva ley está funcionando como el

viejo Comfer Y fue el Comfer el que organizó una serie de foros por todo el país y allí

podía inscribirse cualquiera, de cualquier ideología, de cualquier filiación política,

universitarios, maestros, gente común, especialistas, gente que trabaja en los medios de

comunicación, empresarios. Todos se anotaban y daban su opinión de lo que había que

hacer con el Decreto-Ley 22285: si había que modificarlo, en qué había que modificarlo, si no había que modificarlo. Eso se hizo por todo el país. Después, como desde el Congreso no reconocieron esa serie de foros como algo legítimo, dijeron que había que hacer una nueva tanda de foros de discusión, pero en el Parlamento. Y se organizó una serie de foros abiertos a toda la comunidad en el anexo de la Cámara de Diputados donde podía presentarse cualquiera y hubo un montón de inscriptos y duraron una semana las ponencias y después de los foros en la Cámara de Diputados se realizaron una nueva tanda de foros pero en el Senado. Entonces fue una ley muy discutida, muy debatida y eso se notó a la hora de la sanción de la ley porque hubo mucho respaldo en la calle. Para la historia de la Argentina es inédito que esperen 50.000 personas en una plaza frente al Congreso a que se sancione una ley. Creo que fue la primera vez que pasó, por lo menos en los últimos tiempos. Estaban todos esperando y cuando se terminó la votación en el Senado y se aprobó la ley, porque ya se había aprobado en Diputados, fue un estallido de alegría. Eso significa que tenía mucho consenso. Si toda la sociedad está interesada en el debate por la ley de radiodifusión. Yo creo que pasa lo mismo que en cualquier otro tema. Una buena parte de la sociedad argentina permanece como ajena a la política, como desinteresada, supuestamente. Pero si le preguntas a la gente del común: por sí o por no de una nueva ley de radiodifusión por sí o por no de mayor participación, de que haya mayor pluralidad de voces, de que tengan menos poder los multimedios. Te van a decir que sí. O sea que en general hay más apoyo que resistencia.

–Ante el masivo apoyo a favor de la ley en la última movilización convocada por

Facebook, los medios procedieron a descalificarla sosteniendo que la logística y

la organización corría de parte del Gobierno que utilizó recursos públicos en su

ofensiva contra la prensa “independiente”.

–Sí, ese fue el argumento que plantearon desde los medios opositores. Yo no quiero

dar una versión ingenua ni maniquea de las cosas. Es probable que el Gobierno esté

muy interesado en que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se pueda

implementar porque fue uno de los logros políticos de su gestión. Y yo estoy seguro

que hubo infraestructura desde el Gobierno nacional que se utilizó para realizar el acto.

Pero me parece que eso no invalida para nada la convocatoria, la cantidad de gente

que se reunió. Hubo gente que no estaba de acuerdo con el gobierno de Kirchner, pero

sí que estaba ahí porque apoya la ley. Y a parte hay que decir algo: las leyes quedan

y los gobiernos pasan. Es muy probable, hay que ver, que en el 2011 quizás gane un

candidato de la oposición. Quizás es presidente Julio Cobos, quizás Mauricio Macri. Y

van a ser ellos los que se van a beneficiar de esta norma, que lo que va a permitir es que

un gobierno se vea menos acosado y asfixiado por los medios de comunicación privados

e impedir al mismo tiempo que esos sean censurados. Porque no es que los medios

privados van a dejar de existir. Todo lo contrario. Incluso van a tener un peso igual de

importante. Lo único que va a haber es nuevas voces (...).

–Es un gran problema que la mayoría de las campañas mediáticas guarden directa

relación con los negocios que tienen sus respectivos propietarios en ciertos sectores.

Esto atenta directamente contra la pluralidad y la libertad de prensa, pues los

periodistas no pueden informar libremente sobre asuntos que afectan a su patrón.

Obvio, claro, es así (...). Incluso entre los medios cuando hay problemas laborales con

sus trabajadores, conflictos por despidos o por salarios no informan en una especie de

código de que yo no cuento lo que pasa en tu empresa vos no vas a hacer lo mismo con

la mía. Y lo bueno de que se pueda desconcentrar y democratizar el mapa de medios es

que esa información también salga a la luz pública.

–¿De qué manera la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vendría

a reparar problemas como la visión interesada y parcialista de los medios?

Yo no creo que vaya a reparar ese problema porque hay libertad de expresión. Salvo

que cometa algún delito, como por ejemplo en la Argentina la apología de algún

crimen, la discriminación racial o levantar banderas o símbolos nazis. Pero si un

comunicador comenta libremente sus ideas está todo bien. Lo que tiene que garantizar

la ley o cualquier legislación para mí es fomentar la pluralidad de voces. Y no solo

la pluralidad de voces, sino que tengan condiciones más o menos dignas y mínimas

para poder competir. Porque si yo digo: está tal canal de televisión tal radio y después

una comunidad aborigen o campesina de Paraguay o de Formosa tiene una radio que

transmite con la potencia mínima y en condiciones muy precarias. ¿Eso es pluralidad de

voces? Y formalmente yo puedo decir que ellos tienen una radio y pueden decir lo que

piensan y después están los multimedios con toda su potencia. Pero no es pluralidad de

voces en lo concreto. En realidad pluralidad de voces sería que estén en las condiciones

más o menos igualitarias o que tiendan a la igualdad y que le permitan a los espacios

que no hoy no tienen la posibilidad de emitir sus mensajes que también se puedan

comunicar y que sus mensajes se escuchen.

Una ley de medios no va a evitar la distorsión, la parcialidad, la línea editorial de cada

medio. Porque es verdad que la comunicación entendida como mercancía hace que

muchas empresas subordinan su línea editorial a defender sus negocios. Eso se va a

seguir manteniendo. Lo que hay que hacer es que con la ley se permita a otros sectores

también comunicar en un piso, con una calidad tecnológica, y con una calidad técnica

en cuanto a los conocimientos de sus profesionales, los recursos humanos, que le

permitan competir con el otro sector.

–La ley dice que pretende incentivar a los medios a mantener su independencia

editorial y periodística, elevar los estándares de calidad y conciencia ético-

profesional, ya sea mediante normas de edición u otras formas de autorregulación. ¿De qué manera se implementaría este mecanismo y cómo se autorregularían los

medios?

–Yo no creo mucho en la autorregulación (...). Me parece que en el ambiente periodístico abundan el oportunismo, la poca sensibilidad por el dolor humano, la búsqueda de la mayor audiencia de cualquier forma posible. Y la verdad que creo tiene que haber una legislación y que esa legislación la debe imponer el Estado como garante del bienestar general porque si no, sobre todo los empresarios de la comunicación que buscan la ganancia y la ganancia está dada por la mayor audiencia posible para lograr el precio más alto en cuanto a la venta de publicidad. Entonces lo buscan de cualquier forma.

No creo que se puedan autorregular. En cuanto a las normas de calidad técnica yo

creo que la tecnología va necesariamente a obligar a todos a mejorar los estándares

profesionales. En el caso de la televisión, por ejemplo. La implementación de la TV

digital, en el caso de la Argentina que en poco tiempo cualquier persona de la región

metropolitana entre Buenos Aires hasta Campana y después en todo el país con un

televisor analógico al que le ponga un codificador o con un televisor digital pueda ver

7 canales de televisión por aire gratis, de muy buena calidad. Por ejemplo Encuentro,

que es un canal de documentales, un canal deportivo, un canal de noticias. El canal 7

que es la TV pública de la Argentina. Eso va a obligar a los canales privados –algunos

ya lo están haciendo– a invertir en nuevas cámaras, en tecnología y también a mejorar

su producción. Por ejemplo en otras épocas era muy común que para abaratar costos

de programación se compraban enlatados: telenovelas de México o de Venezuela,

series viejas de EE.UU. y pasar eso en vez de hacer un programa propio. Con esta

implementación y esta renovación tecnológica el que no se renueva y el que no invierta

va a perder.

–La legislación sobre el régimen de propiedad de los medios no es el único aspecto

que abarca la normativa. Sin embargo, prácticamente toda la polémica se centra

en eso.

–Y sí. Lo que pasa es que hay una pelea de poder. En la Argentina los dueños de los

medios son parte del poder económico. Por algo el Grupo Clarín tiene parte de sus

acciones o tuvo en manos de J.P. Morgan, la banca internacional. Porque el poder

mediático es la expresión, hasta si se quiere ideológica, del poder económico. No

hay que olvidar que, como decía Gramsci, en el concepto de hegemonía. ¿Qué es

hegemonía? Lograr de alguna manera a través del consenso la dominación de una

sociedad, incluso de las clases sociales que no son favorecidas por un determinado

programa económico. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo pasar los intereses de un sector

o clase social como si fueran los intereses del conjunto de la población. Y esa operación

–en eso consiste la hegemonía– para lograrla se necesita esencialmente de los medios de

comunicación. Y por eso la propiedad de los medios de comunicación es una cuestión

esencial en la puja de poder de cualquier sociedad.

–Finalmente, ¿el Grupo Clarín es propietario de Página 12?

Esa es una información me parece vieja. (...) Página 12, en resumidas cuentas,

es un diario de centroizquierda que llegó a vender muchísimos ejemplares durante

el gobierno de Menem. Ahora está un poco más acotado, y en un momento de su

historia lo fundan con dineros que provenían incluso de Nicaragua y de empresarios

que habían estado en los años 70 vinculados a la insurgencia armada, pero entre el 95

y el 97 Página 12 produce una serie de despidos de su personal, una ola de despidos

muy grande. Se flexibiliza mucho la redacción y ahí es cuando el Grupo Clarín se dice

que a través de Héctor Magnetto compra la mayor parte de las acciones. Por eso está el

mito, pero basado en algo real, de que Página 12 es de Clarín. Eso fue así hasta el año

2003, cuando asume Néstor Kirchner. Desde el 2003 en adelante yo creo que Página 12

no es más del Grupo Clarín o tampoco lo es de Héctor Magnetto en forma personal. Y

para comprobar eso basta con leer el diario. Hoy uno puede ver, en este debate en torno

de Clarín, que Página 12 sin ser el medio que más riesgos asume o que más critica al

Grupo Clarín tampoco es funcional a ese grupo, sino que ahora está planteando críticas,

defendiendo la ley de medios, etc. Así que, resumiendo, yo creo que Página 12 hoy no

es más de Clarín; sí lo fue en el pasado.